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Alegatos contra la infamia
Capítulo X : Sobre el destino de los bonos


SEÑOR MINISTRO FISCAL GENERAL DEL ESTADO, ENCARGADO

GUSTAVO NOBOA BEJARANO, Ex Presidente Constitucional de la República, dentro de la indagación previa N° 099-03, a usted, atentamente, digo:

I

SOBRE EL DESTINO DE LOS BONOS

1. Mediante escrito de 6 de junio de 2003, presentado a las 16h00, el denunciante, por la interpuesta persona de su defensor, ha señalado lo siguiente:

“Como he manifestado en reiteradas ocasiones, todo el proceso de Renegociación de la Deuda Externa del 2000, se realizó “DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA” conforme expresa la parte final del Art. 2 del Decreto Ejecutivo 465 del 5 de julio del 2000, publicado en el Registro Oficial 96 del 12 de junio de mismo mes y año, emitido por el Presidente Doctor Gustavo Noboa Bejarano, y mediante el cual crea la Comisión Negociadora de la deuda Externa. De tal suerte que, es incuestionable que toda esta negociación, así como el destino que se dieron a los Bonos Globales, se efectuaron de conformidad a las normativas y directrices dispuestas por el Doctor Gustavo Noboa Bejarano.”

2. La cita anterior nuevamente incurre en un proceso de razonamiento que no puede ser calificado de razonable. En efecto, a toda costa se pretende atar el Decreto que dispone que la actuación de la Comisión se adecue a las políticas adoptadas por el Presidente de la República, con las actuaciones administrativas de un año después en virtud de las cuales los funcionarios competentes del manejo de la economía optaron, con responsabilidad para con el país y para evitar una crisis de la banca estatal de impredecibles consecuencias, disponer que parte de los recursos obtenidos con la venta de bonos globales sea destinada como inversión en los bancos Filanbanco y Pacífico.

Sin ningún proceso de razonamiento, concluye el denunciante con el señalamiento de que es incuestionable que toda la negociación así como el destino de los bonos se efectuaron de conformidad con las normativas y directrices de Gustavo Noboa Bejarano.

Lo anterior es tan irreal que al tiempo en que se creó la Comisión ya se habían fijado las políticas a las que se refiere el Decreto 465 y que como de manera insistente he señalado, son las que constan en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, ninguna de las cuales contempla la emisión de bonos para beneficiar a los bancos Filanbanco y Pacífico.

Al tiempo de creación de la Comisión era imposible saber si efectivamente iban a emitirse bonos globales para canjearlos por los Brady; y era imposible imaginar siquiera que con posterioridad se destinaría algún recurso a los bancos Filanbanco y Pacífico.

De haberse sabido tales necesidades, ¿qué impedimento legal habrían tenido los funcionarios competentes para emitir bonos con esos fines?

Lo que ocurrió, según lo ha referido el ex Ministro Jorge Gallardo, es que los bancos señalados eran presa de una serie de rumores sobre su inminente quiebra, por lo que fue necesario, de conformidad con las disposiciones legales que ha citado el indicado Ministro en su carta a Francisco Arosemena, y que forma parte del proceso, adoptar medidas urgentes para evitarle al país perjuicios mayores que habrían puesto en peligro no solo el normal funcionamiento de la economía nacional, sino la implantación del sistema de dolarización.

Por ello, pretender afirmar que cuando se creó la Comisión se maquinó emitir bonos para otro destino que para el que se iban a solicitar la autorizaciones previstas en la ley, carece de todo fundamento.

II

SOBRE EL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL DECRETO EJECUTIVO N°618 QUE SOLICITA EL DENUNCIANTE

3. El denunciante, quien no es parte procesal, ha solicitado en el mismo escrito que se oficie a la Contraloría General del Estado a efectos de que remita a su despacho el informe favorable emitido por esa Entidad, para la Emisión de los bonos globales así como para la suscripción del contrato de honorarios con la firma Salomón Smith Barney.

4. Como se sabe, al tiempo de la emisión del Decreto Ejecutivo N°618, se encontraba vigente la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, la cual en el artículo 303 señalaba las facultades de la Contraloría General del Estado, ninguna de las cuales la facultaba para emitir informe favorable para la emisión de bonos. Es decir, el denunciante le ha pedido que solicite un documento que sabe no existe, en razón de que según la ley citada no estaba previsto obtener. Lo lamentable es que usted, haciéndose eco de tan injurídico pedido lo ha despachado, solicitando algo que jurídicamente no procede y atendiendo el pedido de quien no es parte procesal y quien por tanto no está ligado al proceso.

5. En efecto, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado contemplaba lo siguiente:

“Art. 303.- Funciones y facultades.- Son funciones y facultades de la Contraloría General las siguientes:
1. Efectuar auditorías financieras y operacionales de las entidades y organismos sujetos a su control, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas;
2. Revisar y evaluar la calidad de las auditorías efectuadas por las unidades de auditoría interna;
3. Calificar, seleccionar y contratar de manera exclusiva, firmas privadas para efectuar auditorías independientes en las entidades y organismos sujetos a su control y supervisar sus labores;
4. Efectuar exámenes especiales aplicando las técnicas de la auditoría;
5. Efectuar el control parcial o total, o exámenes especiales, con respecto a la realización de proyectos de obras públicas, empleando las técnicas necesarias para lograr el control de cada una de sus fases;
6. Calificar, seleccionar y contratar firmas privadas profesionales para el control de proyectos de obras públicas;
7. Llevar a cabo exámenes especiales con respecto a los ingresos, tributarios o no tributarios, de las entidades y organismos públicos, especialmente a los efectos siguientes:
a) Recomendar mejoras a los procedimientos relacionados con la emisión de títulos de crédito y la recaudación de los ingresos; y
b) Solicitar, en el caso de establecer que no existe base legal para el cobro de determinados ingresos, que se deje de recaudarlos;
8. Dictar y actualizar los reglamentos, políticas, normas, manuales e instructivos, de acuerdo con esta ley, respecto a las siguientes materias:
a) Auditoría gubernamental;
b) Contabilidad gubernamental, incluyendo la consolidación de la información financiera;
c) Control interno;
d) Control de los proyectos de obras públicas;
e) Control de los recursos materiales y financieros;
f) Control de los sistemas de procesamiento automático de datos;
g) Control de las garantías contractuales y cauciones para el ejercicio de cargos público; y
h) Las demás que le faculte la ley;
9. Prescribir la forma y contenido de los informes financieros que han de ser presentados al Ministerio de Finanzas, a la Contraloría General y a la Junta de Planificación, según el caso;
10. Proporcionar asesoría técnica a las entidades y organismos, con respecto a la implantación de los sistemas y materias que le competen, de acuerdo con esta ley;
11. Normar, coordinar y proveer de la capacitación técnica a los servidores de las entidades y organismos del sector público, en las materias de que es responsable;
12. Dirigir los sistemas de contabilidad gubernamental y de control de los recursos públicos;
13. Formular recomendaciones para mejorar las operaciones y actividades de las entidades y organismos sujetos a su control;
14. Formular y comunicar las conclusiones resultantes de los exámenes practicados durante el curso de los mismos, y por medio de los respectivos informes;
15. Requerir a los respectivos funcionarios y empleados que hagan efectivo el cobro de las obligaciones a favor de las entidades y organismos del sector público, y que cumplan las que a dichas entidades y organismos correspondan;
16. Efectuar exámenes especiales respecto del servicio de amortización e intereses de la deuda pública, con el objeto de exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes;
17. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta ley; responsabilidades civiles, por el perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus servidores, y presunciones de responsabilidad penal mediante la determinación de hechos incriminados por la ley. Para el ejercicio de esta facultad y la del numeral 18 de este artículo, el Contralor General expedirá el correspondiente reglamento;
18. Declarar responsable principal y ordenar el reintegro inmediato de cualquier recurso financiero indebidamente desembolsado, a las personas jurídicas del sector privado o a personas naturales, que hayan recibido el desembolso, y declarar responsable subsidiario del mismo, al servidor que por acción u omisión haya dado lugar a este hecho.
Se entenderá indebidamente desembolsado todo recurso financiero transferido de una entidad u organismo del sector público a favor de personas jurídicas del sector privado o de personas naturales, como pago o por cualquier otro concepto, cuando la transferencia no haya tenido fundamento legal ni contractual para ser realizada, o para serlo en determinado monto o a determinada persona, o en las circunstancias en que de hecho ha sido efectuada, como cuando por error se entrega en pago una cantidad de dinero a persona distinta del acreedor.
Si el obligado o responsable fuere acreedor por otros conceptos, la Contraloría General ordenará el reintegro mediante la compensación o confusión de créditos; de tratarse de un servidor de la entidad u organismo, la compensación podrá efectuarse mediante retención de sus remuneraciones. Igualmente ordenará los asientos contables del caso.
Cuando el obligado o responsable subsidiario haya reintegrado por el principal, se subrogará en los derechos de la entidad u organismo acreedor y podrá repetir el pago contra el principal por la vía ejecutiva. A este efecto, constituirá título ejecutivo la copia certificada del oficio de la Contraloría General en que se ordena el reintegro y el comprobante de pago respectivo; la correspondiente obligación se tendrá también como ejecutiva;
19. Ordenar que se proceda, mediante la jurisdicción coactiva, contra los funcionarios o empleados, contra sus bienes y contra sus fiadores, cuando los créditos a favor de las entidades y organismos de que trata esta ley, procedan de diferencias de dinero u otros valores a cargo de dichos funcionarios o empleados;
20. Observar, por informe escrito, a la máxima autoridad de las entidades y organismos del sector público, respecto del gasto hecho o del uso de propiedades públicas, cuando dicho gasto o uso fuere ilegal;
21. Intervenir como parte, cuando lo tuviere a bien, en los juicios penales, civiles o contencioso administrativos, a que dieren lugar los delitos y las irregularidades que se produjeren en la recaudación, depósito, custodia, administración o desembolso de los recursos financieros y materiales de las entidades y organismos sujetos a esta ley e iniciar dichos juicios con arreglo a los artículos 342 y 345 y, según su importancia, solicitar que intervenga como parte el Procurador General de la Nación. La intervención del Contralor no obsta a la del funcionario a quien las leyes confieran la representación correspondiente;
22. Conceder autorización para utilizar fondos de distinta partida, cuando por razones urgentes lo soliciten las máximas autoridades de las entidades u organismos del régimen seccional y las descentralizadas.
En la solicitud que se presente al Contralor General, deberá comprobarse documentadamente:

a) Existencia de la partida presupuestaria;
b) Carencia de saldos disponibles en la misma;
c) Orden expresa, escrita, de autoridad competente;
d) Urgencia e imperiosidad de realizar el gasto;
e) Utilidad del mismo;
f) Que se harán los trámites inmediatos para la reposición;
g) Que no se cause perjuicio alguno a la entidad u organismo.
Se entenderá que existe urgencia e imperiosidad del gasto, cuando de él dependa la seguridad del Estado, el orden interno, la solución de alguna calamidad superveniente o el funcionamiento y continuidad de los servicios públicos.
En tratándose de entidades y organismos del Gobierno Nacional, esta atribución la ejercerá el Ministro de Finanzas.
Si se realizare el gasto a que se refiere este numeral, sin autorización del Contralor General, o del Ministro de Finanzas, según el caso, constituirá malversación, con los efectos previstos en el artículo 257 del Código Penal;

23. Aplicar las multas y hacer efectivas las responsabilidades administrativa y civil que a la Contraloría corresponde imponer y establecer;
24. Elaborar y entregar a las diversas funciones del Estado un informe anual sobre los campos de su competencia;
25. Emitir informe previo sobre los proyectos de reformas o codificaciones de esta ley; y
26. Las demás que le confieran las leyes.

6. Como se observa, ninguna de estas facultades le permitía a la Contraloría General del Estado emitir informe favorable para los procesos de endeudamiento público. No es entendible entonces la solicitud efectuada y menos obrar de conformidad con tan injurídica petición.

III

EL INFORME DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y EL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD EN EL MINISTRO ITURRALDE

7. En el oficio 13619 de 26 de julio del 2000 dirigido al entonces Ministro de Finanzas ingeniero Luis Iturralde, el señor Procurador General del Estado emite informe favorable para la emisión de bonos, con fundamento en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, condicionando a que el Ministro Luis Iturralde obre con la autorización del Presidente de la República y a que el Ministro Luis Iturralde, encargado de la ejecución del proceso, realice las negociaciones y suscriba por delegación los contratos y convenios para el cumplimiento de las condiciones acordadas para la sustitución de bonos de la deuda pública externa, sin perjuicio de las normas contenidas en los artículos 330 y 360 de la LOAFYC.

8. Estas condiciones, que no tenían como destinatario al Presidente de la República, fueron efectivamente cumplidas. Esto es, el Ministro Luis Iturralde obtuvo la autorización del Presidente de la República, expresada en el Decreto Ejecutivo N°618 y celebró, por delegación, los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de las condiciones acordadas para la sustitución de bonos de la deuda pública.

9. Como ya he expresado en anterior escrito, el artículo 130 de la LOAFYC y el dictamen del Procurador General del Estado deben ser analizados desde la óptica de la interpretación constitucional en virtud del cual se ha reservado al Presidente de la República un espacio para regular la organización y funcionamiento de la Función Ejecutiva, lo que se ha realizado a través del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo expedido en el año 1993, cuerpo jurídico que permite la creación de Comisiones Especiales y que regula los procesos de creación de comisiones al interior de la Función Ejecutiva y de asignación de competencias. Puesto que la competencia nace de la ley, es evidente que el proceso de asignación de competencias que puede realizar el Presidente de la República involucra necesariamente a aquellas, por lo cual, como ya he referido antes, el Presidente está facultado para reasignar todo tipo de funciones, ya se trate de las consignadas en leyes ordinarias o en leyes orgánicas.

10. En efecto, así lo señala el artículo 11 del mentado Estatuto:

“Art. 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- El Presidente de la República tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución Política de la República y la ley:

g) Crear organismos, comisiones y entidades dependientes de la Función Ejecutiva y asignarles competencias específicas”.

11. Este artículo guarda íntima relación con el 6 del mismo Estatuto en virtud del cual:

“Art. 6.- CARACTERISTICAS.- Las entidades, organismos y empresas del sector público dependientes, adscritos o controlados pon los dignatarios de la Función Ejecutiva se caracterizan, en general, por ser creados, modificados y extinguidos por acto de poder público; tener como propósito facilitar el cumplimiento de determinados servicios públicos, el ejercicio de actividades económicas o la realización de determinadas tareas de naturaleza pública con el fin de satisfacer necesidades colectivas; gozar del ejercicio de autoridad para el cumplimiento de sus propósitos; y estar financiados por recursos públicos”.

12. Adicionalmente, la disposición final del señor Procurador General del Estado al citar los artículos 330 y 360 de la LOAFYC fue la de fijar las responsabilidades de ejecución del Decreto correspondiente en el Ministro de Finanzas, ya que es obvio, por ser público y haber estado publicado en el registro Oficial el Decreto 465, que de forma previa a la emisión del Decreto era la Comisión la llamada a efectuar los acuerdos preliminares para la renegociación de la deuda, los que debían perfeccionarse y concretarse por los funcionarios competentes, esto es, por los funcionarios del Ministerio de Economía:

“Art. 330.- Responsabilidades en los procesos de contratación y ejecución.- Los funcionarios y empleados que tengan a su cargo la dirección de los procesos previos a la celebración de los contratos públicos de construcción, provisión, asesoría o servicios, serán responsables por su legal y correcta celebración; y aquellos a quienes correspondan las funciones de supervisar, controlar, calificar o dirigir la ejecución de los contratos serán responsables de tomar todas las medidas para que sean ejecutados con estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas, costos y plazos previstos.
La Contraloría General establecerá las responsabilidades a que haya lugar en esta materia”.

“Art. 360.- Ministros y máximas autoridades.- Los ministros de Estado y las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público, son responsables de los actos o resoluciones emanados de su autoridad o aprobados por éllos, expresa o tácitamente; son responsables también por suspender la ejecución de las leyes, por no cumplirlas fielmente, a pretexto de interpretarlas, y por abuso de autoridad contra alguna persona, empleado o corporación.
Los funcionarios mencionados en el inciso anterior dictarán los correspondientes reglamentos orgánico funcionales necesarios para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus entidades u organismos, cuyos textos completos se publicarán en el Registro Oficial”.

IV

SOBRE EL PAGO DE INTERESES DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2000, ESTO ES, ANTES DE LA RENEGOCIACION

13. De otra parte, señor Ministro Fiscal Subrogante, el denunciante ha señalado que entre el 1 de enero del 2000 y el 30 de abril del 2003, el Ecuador ha tenido que pagar por concepto de intereses la astronómica suma de 1.738 millones de dólares. Como se sabe, los bonos globales fueron emitidos en el mes de agosto del 2000. ¿Cómo es entonces que el denunciante se permite citar cifras a partir del 1 de enero del 2000, cuando no se había reestructurado la deuda?

PETICION

14. Finalmente, sírvase usted disponer que el Gerente General del Banco Central del Ecuador y el Presidente del Directorio concurran a rendir su versión libre respecto de la renegociación efectuada y especialmente sobre el ahorro que para el país significó tal operación.

Por el peticionario, debidamente autorizado,

Es justicia, etc.,

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
REG. 6998

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