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Alegatos contra la infamia
Capítulo XII : El apremio personal sobre un ex Presidente de la República para comparecer ante el Congreso Nacional

Guayaquil, 30 de Junio de 2003


Señor doctor
VICENTE TAIANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACIÓN
DEL H. CONGRESO NACIONAL

Quito.-


De mis consideraciones:

Como es de público conocimiento, la Comisión de Fiscalización del H. Congreso Nacional le habría solicitado al señor Presidente del H. Congreso Nacional disponer mi comparecencia a efectos de exponer mi versión sobre la denuncia presentada en relación a la renegociación de la deuda externa del país.

Para efectos de asegurar mi presencia se habría solicitado efectuar un apremio personal a través de la Fuerza Pública.

El pedido efectuado por la Comisión de Fiscalización es contrario a nuestro ordenamiento jurídico, por las siguientes razones:

1. Porque la Constitución Política de la República garantiza a los ciudadanos la libertad personal en todas sus formas, la que únicamente puede ser limitada en virtud de orden escrita de juez competente:

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:

...4. La libertad. Todas las personas nacen libres. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. Nadie podrá ser obligado a hacer algo


prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.”

“Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:

...6. Nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro de los organismos de la fuerza pública. Nadie podrá ser incomunicado.

2. Porque la facultad de control político del H. Congreso Nacional tiene como efecto la destitución del funcionario, cuando este se encuentra en funciones, o la remisión de las conclusiones a la Fiscalía General del Estado, para efectos de las acciones penales correspondientes.

Como es público, ya en la Fiscalía General del Estado se sustancia la indagación previa N°099-03 y la instrucción fiscal N°006-03, en tanto que en la fiscalía la instrucción N°001-03, por lo que las conclusiones a las que llegue la Comisión de Fiscalización Política del H. Congreso Nacional no tendrán efectos posteriores, ya que yo he dejado de ser Presidente de la República y como he dicho ya las investigaciones penales se han iniciado en el organismo competente.

3. Porque la Ley Orgánica de la Función legislativa faculta al Congreso Nacional y a los Comisiones correspondientes a solicitar información a los funcionarios públicos en funciones, facultad que no puede hacerse extensiva a quienes no ostentan tal calidad.

4. Porque yo ya he explicado por escrito respecto de la renegociación de la deuda externa, adjuntando a la Comisión de Fiscalización un extenso memorial que contiene mi versión de los hechos.

5. Porque la Constitución Política de la República garantiza mi integridad personal, la que no estoy dispuesto a permitir se avasalle:

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:

...2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético humano.

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad.

Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad”.

6. Porque lo que el denunciante busca es una nueva tribuna abierta para repetir de modo cansino y obsesivo una maliciosa denuncia, tribuna que yo no estoy dispuesto a proporcionársela.

7. De otra parte y ante la falta de solidez de la denuncia presentada, se ha pretendido ahora encontrar un supuesto delito de peculado en la adquisición del edificio de la H. Corte Suprema de justicia.

8. Al efecto, me cumple anexar los escritos que en defensa de la legitimidad de la adquisición denunciada he presentado en la Fiscalía General del Estado.

Del señor Presidente, reiterándole mis sentimientos de consideración y aprecio,


GUSTAVO NOBOA BEJARANO
EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

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