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Alegatos contra la infamia
Capítulo XVI : La presión política al Ministerio Público para que se vincule al ex Presidente en la instrucción fiscal 006-2003

SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO NOBOA BEJARANO, ex Presidente Constitucional de la República, dentro de la instrucción fiscal N°006 que se sigue en virtud de la denuncia sobre la reestructuración de la deuda externa del Ecuador, a usted, atentamente, digo:

“...me parece que la actitud del Presidente de la Corte Suprema de Justicia se encuadra en lo sensato, en lo prudente, las medidas cautelares son medidas frente a elementos peligrosos, frente a gente que puede desaparecer o hacer desaparecer pruebas, de manera que a mi me parece adecuado lo que ha hecho el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquello de no aplicar este tipo de medidas”

“Justicia para Todos”, Dr. Edgar Terán, julio 20 del 2003, TC TELEVISIÓN.

I

SOBRE LA APELACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO

Mediante escrito presentado el día viernes 18 de julio del 2003, la señora Ministra Fiscal General del Estado ha presentado un recurso de apelación respecto de su providencia mediante la cual negó, por no encontrarse reunidos los requisitos previstos en los artículos 167 y 191 del Código de Procedimiento Penal, el pedido de medidas cautelares que previamente le había solicitado.

Tratándose de un procedimiento especial en razón del fuero, su providencia mediante la cual rechazó el pedido de medidas cautelares no es susceptible de apelación, por lo que solicito sea rechazada.

Los fundamentos para rechazar tan ilegal petición, son los siguientes:

1. La libertad personal es una de las garantías fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos que la Constitución Política del Estado reconoce en el artículo 23 numeral 4.

2. La privación de la libertad de un ciudadano constituye una medida excepcional, que puede ser dictada en estricto apego a la Constitución y la ley. En materia penal, la privación de la libertad constituye una de las denominadas medidas cautelares.

3. El Ministerio Público en la sustanciación de esta instrucción fiscal, que involucra a un ex Presidente de la república que goza de fuero de Corte Suprema, debe sujetarse estrictamente a lo dispuesto en la Constitución y la ley y específicamente en este caso a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, artículo 376 y siguientes, que señala lo siguiente:


CAPITULO III
PROCEDIMIENTO POR RAZON DEL FUERO

“Art 376.- Fuero y competencia.- Cuando se deba juzgar penalmente a funcionarios que por mandato de la ley gozan de fuero de Corte Superior o de Corte Suprema de Justicia, el Ministro Fiscal del Distrito o el Ministro Fiscal General, según el caso, llevarán adelante la etapa de instrucción, de acuerdo con las normas generales de este Código, en lo que fueren aplicables”.

4. Corresponde entonces dilucidar cuáles son las normas generales que en materia de apelación deben aplicarse: si las generales contenidas en los artículos 172 y 343, o la especial contenida en el artículo 380.

5. El Código de Procedimiento Penal en su versión inicial consagró en el artículo 172, en una norma aplicable en general a los procesos penales, que “El imputado o el fiscal, pueden apelar de las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente, por el juez o tribunal, ante el superior de quien dictó la medida, La impugnación no tendrá efecto suspensivo.”

6. Con la reforma que rige a partir del 13 de enero del 2003, el artículo se restringió, en cuanto a las posibilidades de apelación, en casos generales, únicamente a la orden de prisión preventiva impuesta o negada, esto es, pasó en general de las medidas cautelares únicamente a la prisión preventiva. Esto es especialmente importante ya que queda de manifiesto el criterio de que las medidas cautelares son excepcionales y no son la norma general. La tendencia del legislador es precisamente en el ámbito restrictivo.

7. El artículo 343 del Código de Procedimiento Penal, inserto en la parte general, determina los casos en que cabe la apelación, señalando 7 supuestos:

Auto de sobreseimiento
Auto de llamamiento a juicio

Autos de inhibición, de prescripción y de inhibición por incompetencia
Medidas cautelares impuestas o negadas por el juez o tribunal
Sentencia de acción privada
Sentencia sobre la reparación del daño
Sentencia en el proceso abreviado.

8. Estas normas generales del proceso penal se modifican sustancialmente en cierto tipo de procesos, los cuales tiene un tratamiento especial y que precisamente se regulan a partir del Título V del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, que trata de los procedimientos especiales, entre los cuales se incluye el procedimiento abreviado, el procedimiento de acción privada, el procedimiento por razón del fuero y el procedimiento para los delitos cometidos mediante los medios de comunicación social.

9. Tratándose del procedimiento por razón del fuero, entre los que se incluye aquellos que se siguen en contra de un Ex Presidente de la República, el artículo 380 regula aquellos casos en los cuales cabe la apelación, limitándose al

Auto de sobreseimiento y al
Auto de llamamiento a juicio

10. Si se compara el artículo 343 con el artículo 380, es incontrastable que ambos se refieren a la apelación, en el primer caso estableciendo su procedencia para 7 supuestos, en tanto que en el segundo caso, para únicamente 2 supuestos. Es evidente entonces que existe una aparente contradicción entre las dos disposiciones.

11. La aparente contradicción no es tal. La razón es sencilla. El tratamiento legal del procedimiento especial por razón de fuero ha previsto que la apelación tratándose de estos casos excepcionales, se limite a dos supuestos, sin que sea aplicable en consecuencia el artículo 343 que consagra otros 5 supuestos. Tanto es esto así, que el artículo 380 inciso segundo, luego de establecer la restricción, nos remite, para la sustanciación, no para la determinación del derecho, a las normas generales previstas en la sección 2° del Título IV del Libro IV del Código Procesal.

12. Al haber planteado la apelación, contraviniendo los artículos 380 y 15 del Código de Procedimiento Penal e inaplicando el artículo 18 de la Constitución Política de la República, la señora Ministra Fiscal General del Estado ha violado la ley, razón por la cual la apelación debe ser rechazada.

13. La Constitución Política de la República señala en el artículo 18 los principios de interpretación constitucional:

“Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos.
No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos.
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.

14. Por su parte, el Código Penal consagra también los principios de interpretación de las normas penales, los cuales son concordantes con lo previsto en los artículos 18 de la Constitución y 15 del Código de Procedimiento Penal:

“Art. 4.- Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la Ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo.

15. Este mismo principio sigue el actual Código de Procedimiento Penal cuando consagra el principio de interpretación restrictiva siguiente:

Art. 15.- Interpretación restrictiva.- Todas las disposiciones de esta ley que restringen la libertad o los derechos del imputado o limitan el ejercicio de las facultades conferidas a quienes intervienen en el proceso, deben ser interpretadas restrictivamente.

16. Señor Presidente, llama la atención la simplicidad con la cual la señora Ministra ha apelado de su providencia. Una vez que usted son su providencia, debidamente analizada, ha rechazado la petición que se le efectuara, sin contradecirla ni mucho menos con argumentos, la Fiscalía la ha cuestionado procesalmente al solicitar la apelación, contra ley, y sin siquiera analizar pormenorizadamente las razones por las cuales pretende convertir en norma general una privación de libertad que a todas luces y de conformidad con las disposiciones antes citadas y con los principios del Pacto de San José, de 1969, debe ser considerada restrictivamente.

17. Es interesante en esta línea notar que en una publicación de la página web del Diario La Hora se publica un artículo denominado “El Fuero”, cuya autoría corresponde al doctor Aníbal Guzmán Lara, quien en la página 7 de la publicación que le anexo, al analizar los casos de apelación tratándose del procedimiento especial en razón del fuero, excluye la posibilidad de que se puedan apelar los autos que niegan medidas cautelares.

II

SOBRE EL INFORME DE LA COMISION DE FISCALIZACION DEL CONGRESO NACIONAL

18. De otra parte, señor Juez, quiero denunciar ante usted y ante el país que en la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, violando todo tipo de procedimientos y garantías consagrados en la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el Pacto de San José y en general en el ordenamiento jurídico del Estado se lo pretende involucrar a usted como autor del delito de peculado por el hecho legítimo de haber logrado durante su gestión y como miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, la adquisición de un muy necesario edificio para el Funcionamiento digno del más importante poder del Estado, a través de un informe que aún sin haber sido suscrito y que es fruto del temor, del odio y la traición, se está circulando ampliamente en el país.

19. En el citado informe se señala que

“...la disposición arbitraria de fondos públicos, no sólo que sirvieron para la capitalización de FILANBANCO y BANCO DEL PACIFICO, sino que, en el caso de esta última entidad bancaria, hubo un nuevo desvío de estos fondos, previo una concertación entre el DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO, Ex Presidente de la República y el DR. ARMANDO BERMEO CASTILLO, Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, para la compra del Edificio FILANBANCO, en las Avenidas Amazonas y Naciones Unidas, en la ciudad de Quito, para la Corte Suprema de Justicia, con el incremento de la asignación que le correspondía a la Función Judicial, por el valor de $11´586.462,80; fondos provenientes de la negociación de los BONOS GLOBALES que, como ya dejamos puntualizado, eran EXCLUSIVAMENTE para el canje de dichos bonos con los Bonos Brady y Eurobonos, de conformidad a lo que dispone el tantas veces nombrado Decreto Ejecutivo 618”.
“En esta nueva transacción, no solamente que se vulneró el referido Decreto, sino además, el inciso segundo del Art. 33 de la Ley de Presupuesto, que dice “Ninguna entidad u organismo público podrán contratar compromisos, celebrar contratos ni autorizar ni contraer obligaciones, sin que conste la respectiva asignación presupuestaria y exista el saldo disponible suficiente. Los funcionarios que violaren esta disposición serán destituidos del puesto y serán responsables personal y pecuniariamente”. Estamos entonces, frente a un nuevo acto de PECULADO, en el ámbito penal, pero así mismo, en el ámbito administrativo, dispone la DESTITUCIÓN de los funcionarios que violaren dicha norma legal”.

20. Como usted puede notar, señor Presidente, el político denunciante busca su destitución y su enjuiciamiento penal. El está obrando conforme es su costumbre, a través de las amenazas y pretende esta vez amenazarlo a usted no ya por intermedio de terceras personas sino a través de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

21. No ceda usted, señor Presidente ante las amenazas del denunciante. Ya le demostró al país su valentía y el país lo apoyó. NO permita que el denunciante destruya lo poco que resta de la seguridad jurídica en el país. Y menos lo permita cuando el instrumento de presión es un proceso de investigación absolutamente nulo desarrollado por la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, en que se violó, a más de la Constitución, el artículo 14 numeral 3 literal e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial N°161 del 24 de enero de 1969, que señala lo siguiente:

“3.-Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
e)A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”.

22. En el informe de la Comisión que desesperadamente se busca suscribir, se basan las conclusiones, a más de las absurdas e injurídicas de las que se hizo eco la señora Ministra Fiscal General del Estado, en una demostración de persecución política, en supuestas declaraciones de testigos y en supuestas falsedades. Digo supuestas porque nunca se me notificó ni con ese ni con ningún acto procesal para ejercer el derecho de defensa, dejando a salvo, claro está, la invitación no a exponer mi versión, sino a vejarme, como públicamente se anticipó, en una trampa procesal para pretender afirmar que por cuanto se me había oído yo había ejercido plenamente mi defensa, trampa procesal en la que no caí.

23. Pues bien, todas las conclusiones de ese informe se basan en declaraciones de testigos logradas con presión, tal cual consta de las propias declaraciones del denunciante en la prensa, en las que señaló que la Comisión a través de las presiones al cónsul Holguín había logrado que éste diga lo que el denunciante quería.

24. Se basan también en una supuesta falsedad ideológica ya que al expedirse el decreto 618 no se contaba con los dictámenes del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas.

25. Tan absurda forma de razonar y de mentir parte de que supuestamente era necesario que la resolución del Banco Central se notifique formalmente al Ministerio de Economía para recién allí preparar una resolución en el Ministerio de Economía y para recién allí preparar un Decreto Ejecutivo.

26. Ya he señalado en reiteradas ocasiones que todos los requisitos necesarios para la expedición del Decreto Ejecutivo 618 se cumplieron. En Derecho Administrativo, las comunicaciones entre Organos, no necesariamente están rodeadas de las formalidades que sí existen para la notificación de actos a los administrados.

27. Las diferencias son fundamentales y son parte de la especialidad que constituye el Derecho Administrativo y que por supuesto el ingeniero denunciante las ignora completamente. Lo grave es que la Comisión de Fiscalización al redactar el informe las repita, sin el más mínimo criterio jurídico, citando incluso delitos como el de malversación que ya no forman parte del sistema penal ecuatoriano.

III

LA PRENSA NACIONAL Y EL PEDIDO DE PRISIÓN EN MI CONTRA

28. El día domingo 20 de julio del 2003, en TC Televisión, durante el Programa “Justicia para Todos”, el Doctor Edgar Terán, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del denunciante, respecto de la negativa del Presidente de la Corte Suprema de Justicia en conceder las medidas cautelares afirmó:

“Yo no estoy muy en los pormenores de lo que fue la vista fiscal, es decir el informe fiscal sobre la sugerencia que ella hacía al juez (al Presidente de la Corte Suprema) de sindicar al ex Presidente Noboa y a otros funcionarios de su gobierno y de ordenar la detención provisional de ellos; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ha acogido la sugerencia de sindicarlos pero no ha acogido la sugerencia de ordenar su prisión y tomar otras medidas cautelares; me parece que la actitud del Presidente de la Corte Suprema de Justicia se encuadra en lo sensato, en lo prudente, las medidas cautelares son medidas frente a elementos peligrosos, frente a gente que puede desaparecer o hacer desaparecer pruebas, de manera que a mi me parece adecuado lo que ha hecho el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquello de no aplicar este tipo de medidas; no sé, no he estudiado a fondo si el acto de sindicarles también esté acertado, se trata de un hecho sumamente complejo...”
“...El hecho de que no se haya torturado a la defensa del ex Presidente y de los otros ex funcionarios sin imponer este tipo de medidas de apremio, cautelares, me parece adecuado, si se lo hubiera hecho en el plano internacional se habría sufrido más-otro Presidente ecuatoriano con orden de detención- no digo que por imagen no se deba hacer justicia sino que no tomar ese tipo de medidas parece lo adecuado. No es el ex Presidente Noboa un delincuente ni un elemento peligroso para tratarlo con ese tipo de precauciones. El fuero no significa que no se puedan tomar medidas contra el presunto reo, el fuero significa que tiene una judicatura especial que no es la judicatura ordinaria. La judicatura ordinaria para todos es el juez penal pero los que tienen fuero eventualmente no pueden ser perseguidos en materia penal sino algunos por los Presidentes de las Cortes Superiores en determinados niveles, en otros niveles con jerarquías como el presidente de la República por el Presidente de la Corte Suprema y en segunda instancia por una Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia, de manera que el fuero no quiere decir que haya impunidad, lo que quiere decir es que hay una judicatura especial. Las medidas de apremio tiene otro objeto, mantener a la persona del presunto reo cercana a la justicia y al proceso o mantener bienes que garanticen la reparación de daños, yo no creo que era procedente tomar ese tipo de medidas contra el ex Presidente Noboa.”

IV

NADIE ESCAPA A LOS ODIOS DEL DENUNCIANTE

Señor Presidente, tal cual consta de las copias de cartas a los diversos diarios del país, que le anexo, el denunciante de forma permanente arremete en contra de quienes no están dispuestos a seguirle el juego popular de enjuiciar Presidentes. *

NOTA: Así se refirió el profesor de la Universidad de la Florida Carlos Galárraga, en una entrevista para CNN, al analizar el procesamiento del Presidente Noboa.

No le extrañe por tanto que continúe en su afán de agredirlo a usted y de buscar por todos los medios posibles de removerlo de su cargo, situación de la que la prensa escrita del país ya se ha hecho eco, tal cual consta de las numerosas publicaciones que también le anexo a este escrito.

Señor Presidente, más allá de que en los próximos días haré saber al país otras presiones que el denunciante efectúa, solicito rechazar el pedido de apelación efectuado por el Ministerio Público.

Es justicia, etc.

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
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