Regresar - Siguiente capítulo
Alegatos contra la infamia
Capítulo XVIII : Una cuestión de nulidad

SEñORES MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DE LO PENAL DE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

GUSTAVO NOBOA BEJARANO, en la instrucción penal N° 006-2003 que de manera improcedente se ha hecho extensiva en mi contra, ante ustedes comparezco y atentamente digo:

1.- El inciso primero del Art. 331 del Código de Procedimiento Penal dispone que:

“Si al momento de resolver un recurso, la Corte respectiva observare que existe alguna de las causas de nulidad enumeradas en el artículo anterior, estará obligado a declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en que se produjo la nulidad a costa del funcionario u órgano jurisdiccional que la hubiere provocado”.

2.- La Constitución de la República en el Art. 24, contraído a asegurar el debido proceso, en su numeral 1°, segunda parte, dice:

“Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. (El énfasis es mío).

3.- El inciso final del Art. 130 numeral a) de la Constitución de la República, luego de enumerar las causales por las cuales el Presidente y el Vicepresidente de la República y naturalmente quienes lo hubieren sido hasta un año después de haber cesado en sus funciones, dispone que:

“Si de la censura se derivaren indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente”. (El énfasis es mío).

4.- El tema de la prejudicialidad constitucional en materia penal fue claramente explicado por el Dr. Jorge Zavala Egas en la monografía titulada: “Fiscalización y Juicio Político en el Ecuador – El control político en el derecho constitucional parlamentario ecuatoriano”, publicada por la Editorial EDINO en el año 1993. En esa importante obra se leen los siguientes apartados (páginas 42 hasta la 50):

“68. Lo afirmado nos lleva a la conclusión que EL JUICIO POLÍTICO PLANTEA UNA CUESTIÓN DE PREJUDICIALIDAD CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL, vale decir, mientras no exista la decisión del Congreso producto del enjuiciamiento político al funcionario en la que se declare la existencia de una infracción penal, no es posible incoar un proceso contra los funcionarios públicos señalados en el Art. 59, lit. e)” (ahora Art. 130 N° 9).

“69. Lo prejuidicial, según Guillermo Cabanellas, es lo “que requiere decisión previa al asunto o sentencia principal o de examen y decisión preliminar, referido a ciertas acciones y excepciones”. Desde un punto de vista doctrinario nos lo explica el profesor Zavala Baquerizo: “Algunas veces, por excepción, aunque no se reúnan los presupuestos procesales antes estudiados (delito, juez competente y partes procesales), no es posible ejercer la acción penal por cuanto dicho ejercicio para su dinamia exige, a su vez, presupuestos esenciales. A las circunstancias exigidas se conoce con el nombre de presupuestos al ejercicio de la acción que, como se ha explicado, se refieren exclusivamente a la actividad de la acción penal"

“Cuando la ley procesal civil -continúa Zavala Baquerizo- establece que no podrá iniciarse un proceso penal por falsedad de instrumento público mientras el juez civil no haya declarado en sentencia firme que, en efecto, tal instrumento es falso, estamos ante un caso en que, pese a que se hayan reunidos los presupuestos procesales (delito, juez competente y partes procesales) no se podrá ejercer la acción penal derivada de ese delito, hasta tanto el juez civil no dicte sentencia”.

“En consecuencia, los casos de prejudicialidad son presupuestos especiales para el ejercicio de la acción penal. Así mismo, las mal llamadas condiciones objetivas de punibilidad constituyen presupuestos especiales para el ejercicio de la acción penal. Por ejemplo, cuando el Art. 368 del Código Penal, exige que para que se inicie el proceso penal por haberse cometido el delito de giro de cheque sin provisión de fondos debe, previamente, notificarse al girador con la nota de protesto y concederle veinticuatro horas de plazo para que cubra el valor del cheque, está estableciendo un presupuesto necesario para el ejercicio de la acción penal, pues nadie podrá iniciar el proceso penal por la comisión de tal delito hasta tanto no se acompañe la certificación respectiva de que el protesto fue notificado y que el girador no pagó el valor del cheque dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación del protesto”.

“Decimos que en los casos antes indicados (“prejudicialidad” y “condición objetiva de punibilidad”) son presupuestos esenciales para el ejercicio de la acción penal por cuanto el que la ejerce debe acompañar su denuncia, o acusación, o excitación fiscal, la certificación de haberse cumplido con el presupuesto especial. De otra manera el juez está incapacitado para iniciar el proceso penal, aunque se reúnan los supuestos procesales que antes hemos señalado …”. (Zavala Baquerizo Jorge, “El Proceso Penal” Tomo I, Editorial EDINO, 1989, págs. 50 y 51)

“71.- A este respecto anota Quiroga Lavié: “Es un antejuicio: porque si no se lleva a cabo, no será posible substanciar el proceso penal que pudiera corresponder; esto no surge en forma expresa de la Constitución, pero ha sido la doctrina pacífica sobre el punto. Se justifica para evitar la frecuencia y facilidad de querellas criminales que podrían estar motivadas por razones políticas, con lo cual se vería afectara más la función que el funcionario …”.

“81.- El juicio político al Presidente y Vicepresidente de la República es también un requisito prejudicial de naturaleza constitucional en materia penal. Lo que equivale a afirmar que sin juicio político previo, que haya concluido en declaratoria de culpabilidad y censura por traición a la patria o cohecho no es posible iniciar proceso penal alguno contra los indicados funcionarios”. (Las referencias a las figuras típicas corresponden a la Constitución en su versión de entonces).

“82.- Esta oposición ha merecido el respaldo de la Presidencia de la Corte Suprema cuando, en el mismo caso acusatorio contra el Vicepresidente de la República, se pronunció frente a la solicitud de la mayoría parlamentaria de que proceda a iniciar el proceso penal en su contra resolviendo en auto del 17 de octubre de 1991:

“Que de acuerdo al derecho constitucional ecuatoriano y a la doctrina legal más conocida, el juzgamiento político por parte del Congreso Nacional del Presidente y Vicepresidente de la República, constituye un presupuesto indispensable o una cuestión de previa resolución para que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia pueda iniciar el proceso judicial penal en contra de los dos funcionarios públicos antes mencionados … como no se ha despejado la cuestión previa legislativa, me abstengo de iniciar proceso penal en contra del ingeniero Luis Parodi Valverde, Vicepresidente de la República por los actos o actuaciones que han dado lugar al juicio político que se ventila en el Congreso Nacional …”. Para sustentar este auto, el Presidente de la Corte Suprema invocó los Arts. 153 del Reglamento Interno del Congreso Nacional, el cual dejó de tener efectos cuando entró en vigencia la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Art. 13, N° 2 de la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional y el Art. 216 del Código Penal”.
(Los énfasis y los paréntesis son míos).

5.- Por lo tanto, no se pudo hacer extensiva ninguna instrucción penal en contra mía, como ex Presidente Constitucional de la República, porque hay en este caso y es obligatorio respetar la prejudicialidad constitucional en materia penal. El no haber respetado esa prejudicialidad implica la clara violación de lo ordenado en la segunda parte del numeral 1, del Art. 24 de la Constitución e incurrir en la causal prevista en el N° 3 del Art. 330 del Código de Procedimiento Penal.

6.- CONCLUSION.-
Sin perjuicio de las alegaciones de fondo que he formulado respecto de la improcedencia de la causa al habérseme hecho extensiva la instrucción penal y sin perjuicio de la alegación relativa a la improcedencia de la concesión del recurso, alego expresamente la nulidad de lo actuado y pido que se declare esa nulidad, tal como es obligatorio por mandato de la ley.

Respetuosamente,

A ruego y por autorización del peticionario, su defensor.

DR. GALO GARCIA FERAUD
REG.

Subir - Regresar - Siguiente capítulo
 
© Copyright 2006 - 2010 Gustavo Noboa Bejarano. Prohibida su copia total o parcial | Lea las Condiciones de uso BACKUPTI.com