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Alegatos contra la infamia
Capítulo XX : El asilo, El mensaje al país, La petición de asilo, Los fundamentos del asilo, El salvoconducto condicionado, La concesión del salvoconducto

A LAS MUJERES Y HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD DE MI PATRIA

Con profundo dolor debo comunicarles que el día de hoy he tomado una de las decisiones más amargas de mi vida: la de solicitar asilo político diplomático, para evitar que la persecución y el odio de un hombre, para quien el Ecuador no es más que una palabra sin historia y sin futuro, acabe por destruir las últimas esperanzas de miles de ecuatorianos que ven como se apagan sus sueños.

La grandeza de una nación de basa en la existencia de instituciones sólidas y, entre ellas, la de una administración de justicia capaz de asumir su rol natural de dar a cada cual lo que le corresponde.

Desgraciadamente, en nuestro Ecuador de hoy, tal sentido de la justicia no existe, ya que las instituciones llamadas a garantizarla están secuestradas por el poder y la influencia de un grupo de políticos que todo el país conoce y que han hecho del tráfico de influencias y del miedo su forma de vida.

En enero del año 2000, asumí la Presidencia de la República, en momentos de honda conmoción y crisis generalizada de la sociedad ecuatoriana, que seguramente a ustedes les resulta difícil de olvidar.

Durante tres años, entregué el mayor y mejor de mis esfuerzos para estabilizar al Ecuador y recobrar la fe en mi Patria. Y lo conseguimos.

Por ello hoy, desde la tranquilidad de mi conciencia, me dirijo a ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos de buena voluntad, para denunciar la implacable persecución de la que soy objeto, y que me obliga en esta hora a suscribir la carta que acabo de dirigir al Excmo. Señor Embajador de la República Dominicana en el Ecuador, y cuyo texto deseo comunicarles:

Guayaquil, 28 de julio de 2003

Señor
EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Quito.-


Su Excelencia:

Desde el mes de mayo del presente año, en que el actual diputado y jefe de bloque legislativo del Partido Social Cristiano presentó en mi contra ante el Congreso Nacional y ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en que me acusa de haber cometido un crimen de Lesa Patria, se ha iniciado en mi contra un proceso de persecución política con el claro y manifiesto fin de vejarme, privarme de mi libertad personal y descalificarme moral y jurídicamente para impedir mi participación en la vida política del país.

Se ha pretendido encontrar delito en legítimas actuaciones constitucionales y legales de mi parte en el ejercicio de la Primera Magistratura del país y de cara a urgentes situaciones que apremiaban a la economía del país.

Mediante artilugios se intenta olvidar el principio de contemporaneidad que debe aplicarse en el análisis de trascendentales acciones en el elevado cumplimiento de los deberes presidenciales.

El afán de destruirme políticamente es tan grande que la persecución desatada en mi contra por el Partido Social Cristiano y su máximo líder, que cuenta con el mayor número de diputados en el Congreso Nacional, ha llegado al extremo de intimidar públicamente a la señora Ministra Fiscal General del Estado e intentar lo mismo con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que procedan penalmente en mi contra, amenazándolos con enjuiciarlos política y penalmente si no actúan de conformidad con sus intereses, en una intromisión política que todo el país censura.

Diputados del Partido Social Cristiano y su Jefe, han llegado al grado de preparar informes fuera del seno de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, notarizándolos previamente y pretendiendo aprobarlos en sesiones sin debate, a través de la intimidación y vejamen a los demás miembros de la Comisión, en una actitud únicamente explicable por el odio y la venganza, amenazando también al Presidente del Congreso Nacional con destituirlo si no sigue sus instrucciones.

Incluso, se ha solicitado mi detención para obligarme a comparecer ante dicha Comisión de Fiscalización para simular con ello una defensa, en un proceso viciado de nulidad en el que se han violado todas las garantías del debido proceso.

Violando la Constitución Política de la República, desconociendo las garantías del debido proceso, sin examen previo de la Contraloría General del Estado, entidad en la que incluso han desaparecido un informe preliminar y sin que medie decisión previa de la Comisión Anticorrupción, se ha iniciado una instrucción fiscal en mi contra, en la que por presiones políticas a la Ministra Fiscal del Estado se ha solicitado mi inmediata prisión.

Además, violando el Código de Procedimiento Penal, artículo 380 y desconociendo que en razón de mi fuero de ex Presidente de la República no cabe la apelación de la decisión del Presidente de la Corte Suprema de Justicia que niega mi prisión, la señora Ministra Fiscal General del Estado ha apelado de tal negativa y el Presidente de la Corte Suprema la ha concedido, razón por la cual el pedido de orden de prisión será tramitado por una de las dos Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De estas Salas, una se conforma con 3 Magistrados a quienes la prensa nacional ha vinculado directamente con el Partido Social Cristiano; en tanto que en la otra, que cuenta ya con un Magistrado de tendencia socialcristiana, se hacen públicos e inagotables esfuerzos por nombrar como Magistrado nada menos que al abogado defensor del diputado denunciante y quien suscribe con él la denuncia penal en mi contra.

La persecución política en mi contra ha llevado al jefe de bloque del Partido Social Cristiano, a manifestar públicamente que me perseguirá como “perro con hambre y hasta que no le quede un hálito de vida”.

El hecho incontrastable de la presión política sobre la Función Judicial del país, que en su mayor parte se encuentra secuestrada por el denunciante, me llevó durante mi gobierno a plantear al Congreso Nacional una reforma constitucional para buscar la independencia efectiva, reforma que no fue considerada por el Congreso Nacional.

La politización denunciada ha motivado al actual Presidente de la República a anunciar públicamente la necesidad de reestructurar la Función Judicial.

La inseguridad jurídica que vive el Ecuador es tan dramática que la prensa nacional, de forma generalizada así lo ha reconocido, censurando públicamente la actuación del Ministerio Público y la forma como se ha judicializado la política y penalizado el derecho civil. Además, de forma pública también notables formadores de opinión han descalificado técnica y jurídicamente la denuncia presentada en mi contra, pese a lo cual el Ministerio Público, sin fundamentos jurídicos insiste en su ataque hacia mí.

En definitiva se busca mi encarcelamiento y descalificación como actor en el proceso político ecuatoriano, acusándome de un delito de Lesa Patria que no he cometido, con claros móviles políticos, promoviendo mi enjuiciamiento penal violentando todo tipo de procedimientos jurídicos e irrespetando las garantías del debido proceso.

Lo narrado, señor Embajador, me obliga a solicitarle asilo político diplomático, de conformidad con lo que señala el artículo 22 numeral 7 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático suscrita por los países de la Organización de Estados Americanos, especialmente los artículos 1 y 4.

Ruego a usted, su Excelencia, acogerme como asilado político y evitar, con la urgencia del caso, que mi libertad personal y mi integridad física puedan ser vulneradas por decisiones adoptadas por la persecución política de que soy objeto, a través de una acusación penal por el dictado de políticas económicas públicas, actuación en la que se quiere con infamia, hacer aparecer un delito común inexistente.

Incluso, el día de ayer cuando mis asesores jurídicos acudieron a indagar en el Servicio de Inmigración en el aeropuerto de Quito, sobre la existencia de algún impedimento que recayera sobre mi para salir del país, con el fin de atender una gentil invitación privada del señor Presidente Don Hipólito Mejía, obrando de manera ilegítima, de hecho y sin que medie orden escrita de juez competente, se les comunicó a mis asesores la prohibición que me afecta para salir del país, utilizando el inaceptable argumento de desconocer la autoridad del delegado de la AGD del Guayas para emitir la certificación de que mi nombre no debía constar en ninguna de las cuestionadas listas de esa entidad. Una vez más este hecho pone de manifiesto la evidente persecución en mi contra, con lo cual, de manera arbitraria se están coartando mis garantías fundamentales.

Como no escapará a su conocimiento, señor Embajador, en mi concepto el sistema judicial del Ecuador no ofrece mínimas garantías que aseguren la vigencia de la Constitución y el reconocimiento efectivo de los derechos constitucionales, razón por la cual la inminencia de que mi vida y mi seguridad personal corran peligro es manifiesta.

Del Excmo. señor Embajador, con mi compromiso de cumplir absolutamente con los términos de las Convenciones indicadas,

Lo saluda muy atentamente,

GUSTAVO NOBOA BEJARANO
EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE EL ECUADOR

 

Quito, 4 de agosto de 2003

Excmo. Dr. Dn.
NORMAN FERREIRA AZCONA
EMBAJADOR DE REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad.-


Su excelencia:

En mi calidad de abogado defensor del Dr. Dn. Gustavo Noboa Bejarano, ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador, quien hace pocos días solicitara asilo diplomático en la legación que usted dirige, me cumple expresarle lo siguiente:

Varios han sido los motivos por los cuales el Dr. Gustavo Noboa Bejarano ha solicitado ante usted asilo diplomático.

Para hacerlo, ha considerado las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas en el año 1954, de la cual tanto la República del Ecuador cuanto la República Dominicana son signatarios, y especialmente los artículos que ha continuación transcribo:

“Art. 1.- El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención”.

“Art. 3.- No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, o están condenados por tales delitos o por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político...”

“Art. 5.- El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado”.

“Art. 6.- Se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en los que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad”.

Precisadas las normas de la Convención sobre asilo diplomático, me cumple reseñar las razones que han inducido al Dr. Gustavo Noboa Bejarano a solicitar asilo, las cuales son un complemento de las que constan en la solicitud que por escrito respetuosamente el ex Presidente le ha presentado:

1. Porque durante el ejercicio de la Presidencia de la República el diputado del Partido Social Cristiano denunciante fue su principal contendor político, quien desde hace varios meses había venido anunciando que su principal misión en el Congreso Nacional sería la de fiscalizar las actuaciones de Gustavo Noboa Bejarano, hacia quien de forma pública le ha profesado un gran odio.

2. Porque en el Congreso Nacional un diputado del Partido Social Cristiano, violando el reglamento interno de ese poder del Estado, intervino para denunciar una política económica del Gobierno del Dr. Gustavo Noboa a la que llamó el mayor atraco al país, sin que en su denuncia se señalen cuáles son las infracciones supuestamente cometidas por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano y construyendo su denuncia sobre supuestos perjuicios de nueve mil millones de dólares en comparación con los que hubieran podido ser los resultados de una operación económica de facilidad petrolera, de imposible verificación y de imposible realización en razón de los acuerdos internacionales suscritos con el Fondo Monetario Internacional y por la situación de moratoria en el pago de la deuda externa del Ecuador. En definitiva, el supuesto perjuicio surge de cuantificar lo que deberá pagar el país como consecuencia de la renegociación de su deuda externa en los próximos 30 años, sin considerar el valor presente de la deuda, que le reportó al Ecuador una disminución de cerca de tres mil millones de dólares. La denuncia ha sido calificada por expertos económicos como de “malabarismo y prestidigitación”.

3. Porque luego de presentada la denuncia, el diputado León Febres Cordero expresó públicamente que iba a perseguir al Dr. Gustavo Noboa Bejarano como “perro con hambre” y hasta que “le quede un hálito de vida”, declaraciones que pudieran ser insustanciales de no ser porque como lo ha referido la prensa nacional, el diputado denunciante conjuntamente con otros diputados del Partido Social Cristiano, ejercen presiones e influencias políticas especialmente sobre la señora Ministra Fiscal General del Estado y sobre algunos miembros de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador.

4. Porque sin observar el artículo 130 numeral 9 de la Constitución, que exige juicio político y censura de la que se deriven indicios de responsabilidad penal de forma previa, el diputado León Febres Cordero acudió directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia penal, la misma que jamás debió dar paso a un procesamiento penal en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano:

“Art. 130.- El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
...9. Proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros de Estado, del Contralor General y Procurador del Estado, del Defensor del Pueblo, del Ministro Fiscal General; de los superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas.
El Presidente y Vicepresidente de la República solo podrán ser enjuiciados políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y su censura y destitución solo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. No será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso.
Los demás funcionarios referidos en este número podrán ser enjuiciados políticamente por infracciones constitucionales o legales, cometidas en el desempeño del cargo. El Congreso podrá censurarlos en el caso de declaratoria de culpabilidad, por mayoría de sus integrantes.
La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros de estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al Presidente de la República.
Si de la censura se derivaren indicios de responsabilidad penal del funcionario, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente”.


5. Porque la Constitución Política de la República del Ecuador señala en el artículo 212 que la Contraloría General del Estado tiene facultad exclusiva para establecer indicios de responsabilidad penal en contra de los Magistrados y funcionarios públicos, por lo que al no haberse establecido tales indicios, la señora Ministro Fiscal General del Estado no podía tampoco dar paso a un procesamiento penal de un ex Presidente de la República:

“Art. 212.- La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles.
Los funcionarios que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables”.

6. Porque presentada la denuncia en la Fiscalía General del Estado, las actuaciones procesales que se iban desarrollando no le eran notificadas al Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en cambio que sí le eran notificadas al diputado denunciante, quien según nuestra ley no es parte en los procesos penales, con lo cual se han violado los artículos 12 y 51 del Código de Procedimiento Penal:

“Art. 12.- Información de los derechos del imputado.- Toda autoridad que intervenga en el proceso debe velar para que el imputado conozca inmediatamente los derechos que la Constitución Política de la República y este Código le reconocen. El imputado tiene derecho a designar un defensor. Si no lo hace, el juez debe designarlo de oficio, antes de que se produzca su primera declaración. El juez o tribunal pueden autorizar que el imputado se defienda por si mismo. En ese caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica”.

“Art. 51.- Responsabilidad.- El denunciante no será parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria”.

7. Porque pese a que el diputado denunciante no es parte procesal, se le han aceptado todas las peticiones efectuadas para impulsar el proceso en la Fiscalía General del Estado.

8. Porque de forma pública, el día 4 de julio de 2003 en declaraciones al Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, el diputado denunciante amenazó a la señora Ministra Fiscal general del Estado con llamarla a juicio político si no hacía extensiva la instrucción fiscal al Dr. Gustavo Noboa Bejarano, la misma que para entonces únicamente se había dirigido contra los miembros de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa.

9. Porque el mismo día 4 de julio del 2003, en horas de la tarde, la señora Ministra Fiscal General del Estado, actuando bajo presión del diputado denunciante, hizo extensiva la instrucción fiscal en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

10. Porque los méritos procesales que sirven de sustento para la decisión de la señora Ministra Fiscal General del Estado parten de la cita incompleta de un artículo de la Constitución Política de la República y de un artículo de un decreto ejecutivo que es la repetición textual del artículo 10 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

“Art. 171.- Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los siguientes...”

“...3. Establecer las políticas generales del Estado, aprobar los correspondientes planes de desarrollo y velar por su cumplimiento”.


“Art. 10.- SUBORDINACION JERARQUICA Y POLITICA.- Todos los órganos y autoridades de la Administración Pública Central que conforman la Función Ejecutiva se hallan sometidos a la jerarquía del Presidente de la República y a la de los respectivos ministros de Estado.

Las entidades y empresas que conforman la Administración Pública Institucional deberán desarrollar sus actividades y políticas de acuerdo a los planes y decisiones del Presidente de la República y de los respectivos ministerios de Estado.

11. Porque el día 9 de julio del 2003 la señora Ministra Fiscal General del Estado solicitó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal se dicte medida cautelar personal en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, inobservando el espíritu de la disposición ya que el Dr. Gustavo Noboa Bejarano no había desde el inicio de la indagación penal, en mayo de 2003, efectuado ningún acto que denotara su intención de dejar el país o de rehuir la acción de la justicia, por lo cual la petición de prisión, medida absolutamente desproporcionada tuvo como única finalidad satisfacer los deseos de venganza del diputado denunciante y entorpecer el derecho a la defensa.

Art. 159.- Finalidades.- A fin de garantizar la inmediación del imputado o acusado con el proceso, el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales, el juez podrá ordenar medidas cautelares de carácter personal o de carácter real.

Su aplicación debe ser restrictiva.

Se prohíbe imponer medidas cautelares no previstas en este Código.

12. Por que una vez que la petición fue conocida por el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, él denunció de forma pública y en rueda de prensa las presiones que había recibido de un alto dirigente político para que obre según sus intereses en una denuncia que había presentado. La prensa nacional en su conjunto atribuyó las amenazas al diputado denunciante.

13. Porque una vez negada la prisión solicitada, violando el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal, la Ministra Fiscal General del Estado apeló de esta decisión, con el claro interés de que el asunto sea conocido por una de las Salas penales de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de cuyos miembros han sido identificados como afines y simpatizantes del Partido Político al que se pertenece el denunciante y del cual es su máximo líder.

14. Porque una vez presentada la apelación, la defensa del Dr. Gustavo Noboa Bejarano solicitó la revocatoria de tal medida y ser oídos en audiencia pública para alegar a favor de su defendido, habiendo ambas peticiones sido denegadas.

15. Porque a las presiones políticas a la Corte de Justicia debe sumarse la prohibición dispuesta por la señora Wilma Salgado, Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos para que el doctor Gustavo Noboa Bejarano abandone el país, orden que es contraria a la Constitución Política de la República que garantiza a los ecuatorianos entrar y salir del país sin restricciones, salvo orden dispuesta por juez competente.

16. Porque tal como lo ha señalado el Dr. Edgar Terán, ex Canciller de la República en una estación de televisión el día domingo 3 de agosto de 2003, la persecución de que es objeto el Dr. Gustavo Noboa Bejarano involucra ahora al Gobierno Nacional:


“La Agencia de Garantía de Depósitos, donde funge el ejecutivo, una especie de emperatriz que me hace a mi recordar, de acuerdo a las imágenes a Catalina II de Rusia, pues la emperatriz le impide a Noboa salir del país, aquí está –la AGD le impide salir a Noboa del país- (presenta recorte diario), ¿Qué autoridad tiene un juez de coactivas que no es emperatriz, pues obviamente, es solo una juez de coactivas para impedir a nadie salir del país?, este abuso de la autoridad que rompe la Constitución, en este caso ejercicio contra Noboa le da una prueba irrefutable de que es un perseguido político; fíjese como, tal vez no era esa la intención pues darle la prueba a Noboa pero como el abuso a la ley y de la Constitución lleva a resultados impredecibles, como es, ¿qué puede decir el gobierno dominicano que recibe la solicitud de Noboa ante estos hechos?, que lo persiguen, que es un perseguido político, perseguido por el gobierno, por autoridades del gobierno, por la Policía, por la ADG, tiene Noboa las pruebas que eventualmente no tenía, pero hay una última quizás más serias que las que las otras; en una declaración absolutamente desafortunada que probablemente fue resultado de un impromptu antes de preguntar (las personas que hablan con facilidad pero tienen conocimientos escasos sobre una materia tienen que tener gran prudencia de hablar en público), quizás fue resultado de eso que la Canciller dijo que no era el caso de otorgarle el salvoconducto (documento de viaje que hay que extenderle al asilado) porque no era perseguido político el Sr. Noboa y que ni se le daba ni el salvoconducto ni se le negaba el salvoconducto, si no se le da es que se le niega, es como tener mamá pero muerta, ridiculez de declaración pero aparte de la ridiculez de la declaración en si, si no corresponde al estado territorial, al Ecuador, al territorio donde ocurren los hechos calificar o no calificar los hechos del asilo, lo único que si le corresponde como obligación de la Convención sobre el Asilo es otorgar el salvoconducto, tenía que decir –si señor- otorgaremos el salvoconducto si es que el gobierno dominicano concede el asilo y punto, no tenían que entrar a tomar partido, a dar juicios, con esto le están entregando a Noboa una prueba más de que es un perseguido político y en la parte diplomática se comete el agafe, error ridículo de dirigirse a todos los países del hemisferio y contarles a todos ellos de que Noboa no es un perseguido político, no le corresponde eso a la Cancillería ecuatoriana, es la Cancillería dominicana la que tiene que apreciar si es perseguido político o no lo es, si cree la Cancillería ecuatoriana que no lo es, tiene que dirigirle un documento a la Cancillería dominicana y nada más pero está obligada a conceder el salvoconducto, no es opcional, no es discrecional, no, el art. 12 de la Conversión ordena otorgar el salvoconducto, ordena y es derecho del país asilante trasladarle el asilado fuera del país, en el art. 13. El salvoconducto sirve además para presentarle en países en tránsito, si se está volando vía Miami, en Miami ahí hay que acreditar ¿por qué el Sr. Noboa está ahí sin una visa?, con el salvoconducto se acredita, y aunque haya intención del gobierno de pedir la extradición del Sr. Noboa, eso no enerva el asilo, es decir no impide que se procese el asilo. En consecuencia por ignorancia, abuso de poder, falta de respeto a la Constitución y a las leyes, le han entregado al Sr. Noboa todas las pruebas necesarias sobre que es un perseguido político. Tiene que darse el salvoconducto y punto, el país en todo esto queda en pleno ridículo, un país cuyos últimos ex Vicepresidentes o ex Presidentes, todos están asilados fuera del país es un país donde no rige la ley, de manera que al país esto le hace muy mal, no le hace mal que se asilen, lo que le hace mal es tener la inseguridad jurídica, rampante, monstruoso que vivimos en este país”.


Del señor Embajador, reiterándole mis sentimientos de consideración y aprecio,

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
REG. 6998
COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

 

Quito, 21 de agosto de 2003

Excmo. Dr. Dn.
NORMAN FERREIRA AZCONA
EMBAJADOR DE REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad.-

Su excelencia:

De forma pública representantes del Gobierno del Ecuador han manifestado que analizan la posibilidad de que se otorgue el salvoconducto previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático al Dr. Gustavo Noboa Bejarano, de forma condicionada a la aceptación por parte del Gobierno de República Dominicana, a un trámite de extradición.

Al respecto, consideramos necesario expresarle, muy respetuosamente, lo siguiente:

La Convención sobre Asilo Diplomático señala en el artículo 17 que:

“Art. 17.- Efectuada la salida del asilado, el Estado asilante no está obligado a radicarlo en su territorio; pero no podrá devolverlo a su país de origen, sino cuando concurra voluntad expresa del asilado.

La circunstancia de que el Estado territorial comunique al funcionario asilante su intención de solicitar su posterior extradición del asilado no perjudicará la aplicación de dispositivo alguno de la presente Convención. En este caso, el asilado permanecerá radicado en el territorio del Estado asilante, hasta tanto se reciba el pedido formal de extradición, conforme con las normas jurídicas que rigen esa institución en el Estado asilante, la vigilancia sobre el asilado no podrá extenderse por más de treinta días.

Los gastos de este traslado y los de radicación preventiva corresponden al Estado solicitante”.


Como se aprecia, la posibilidad de que se otorgue un salvoconducto condicionado no se ajusta a la previsión expresa del artículo 17, que faculta al Estado territorial únicamente a comunicar la intención de solicitar su posterior extradición, situación que aún de producirse no afecta de modo alguno la aplicación de ninguna disposición de la Convención.

En consecuencia, consideramos que las declaraciones aún no oficiales no guardan conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Convención, por lo que en el evento de que efectivamente ese fuese un pronunciamiento oficial, el mismo deberá ser entendido en los términos del mentado artículo, esto es, como la demostración de una intencionalidad de solicitar una extradición en lo posterior.

La anterior constituye una opinión de orden estrictamente jurídico.


Del señor Embajador, con sentimientos de consideración y aprecio,

 

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA

AB. RICARDO FERBER VERA

REG. 6998 REG. 7365
COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

 

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