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Alegatos contra la infamia
Capítulo XXI : El proyecto de amparo constitucional ante la omisión en la entrega del salvoconducto

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA *

NOTA: * El anterior es el proyecto de demanda de amparo constitucional que no llegó a presentarse, el que sin embargo, se incluye con fines didácticos.

GUSTAVO NOBOA BEJARANO, ex Presidente Constitucional de la República, ecuatoriano, mayor de edad, casado, doctor en jurisprudencia, domiciliado en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, ante usted, atentamente, comparezco para presentar la siguiente Acción de Amparo Constitucional:

1. Mis nombres y demás generales de ley son los que quedan indicados. Intervengo por mis propios derechos. Recibiré notificaciones en el casillero judicial No. 2448. Autorizo al abogado Joffre Campaña Mora para que presente cuantos escritos y participe en cuantas diligencias considere útiles en mi defensa, incluyendo la intervención durante la audiencia pública que deberá celebrarse.

2. AUTORIDADES DEMANDADAS, OMISIÓN ILEGITIMA DE LAS AUTORIDADES Y LUGAR DONDE DEBEN SER NOTIFICADOS.- Esta acción la propongo frente a la omisión ilegítima del señor Presidente Constitucional de la República, coronel Lucio Gutiérrez Borbúa o de quien haga sus veces para el caso de su ausencia temporal, y del señor Ministro de Relaciones Exteriores encargado, doctor Patricio Zuquilanda, o de quien haga sus veces, en caso de su ausencia temporal o reemplazo, respecto de la omisión de otorgarme el salvoconducto que de conformidad con mi condición de perseguido política y de la Convención del Asilo de la cual el Ecuador es suscriptor, deben otorgarme.

3. El señor Presidente de la República será notificado con esta acción en el Palacio de Gobierno, situado en la calle García Moreno, en la ciudad de Quito, lugar conocido por el señor actuario; por su parte, el señor Ministro de Relaciones Exteriores será notificado en las instalaciones del Ministerio, también conocidas por el señor actuario. La demanda se pondrá también en conocimiento del señor Comandante General de la Policía, Coronel Jorge Fernando Poveda Zuñiga, o de quien haga sus veces, a quien se notificará en las instalaciones situadas en la ciudad de Quito, calles Ramírez Dávalos No. OE1-190 y avenida 10 de agosto para efectos del cumplimiento de sus decisiones, en caso de que se acojan mis peticiones.

4. Usted, señor Juez, es competente para conocer y resolver esta acción en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política de la República y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional y en razón del otorgamiento del asilo político por parte del gobierno de República Dominicana, estoy residiendo temporalmente en casa del Ministro Consejero de la Embajada del Estado asilante en nuestro país, Ministro Juan Belén, en esta ciudad de Quito, Pent-house del edificio El Escorial, calles Bosmediano y Játiva.

5. El trámite que deberá seguirse es el preferente y sumario previsto en el artículo 95 de la Constitución Política de la República y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional.

6. OMISIÓN ILEGITIMA.- El gobierno de República Dominicana, luego de cumplir con las disposiciones previstas en la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas en el año 1954 y publicada en el Registro Oficial No. 125 de 1 de febrero de 1957, cuya copia adjunto, de la cual el Ecuador es suscriptor, me otorgó el día 30 de julio de 2003 asilo diplomático, al considerarme un perseguido político.

7. Según el texto de la Convención, la calificación de la naturaleza de la persecución, así como de la urgencia del caso, constituyen facultad exclusiva del Estado asilante, en este caso, de la República Dominicana:

Art. 4.- Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.”

8. La Convención señalada dispone en el artículo 12, que una vez concedido el asilo diplomático, el Estado territorial debe entregar de inmediato el correspondiente salvoconducto que permita al asilado abandonar el Estado territorial, en este caso la República del Ecuador:

Art. 12.- Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto .”

9. Pese a que según lo ordena la Convención, la entrega del salvoconducto debe ser inmediata, hasta la fecha de presentación de esta acción, no se ha emitido el salvoconducto, lo cual constituye una omisión ilegítima. Incluso, en declaraciones ante la prensa efectuadas el día 19 de agosto del 2003, el señor Presidente de la República, Lucio Gutierrez, ha señalado que se encuentra estudiando la concesión del asilo y que podría haber una decisión sobre el otorgamiento en los próximos días, ya sea antes de su proyectado viaje del día 23 de agosto a la China, o que podría ser a su regreso, esto es, hacia finales del mes de agosto.

10. Según lo dispone el artículo 95 de la Constitución Política de la República del Ecuador, el amparo constitucional es pertinente frente a omisiones ilegítimas de las autoridades públicas que desconozcan derechos consagrados en la Constitución Política de la República o en los Convenios o Tratados Internacionales, los cuales, según nuestro sistema de jerarquía constitucional consagrado en el artículo 272 de la Constitución Política, prevalecen aún sobre las leyes orgánicas.

11. El artículo 95 de la Constitución, establece:

Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública , que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública.”

12. Según el texto de la Convención, el salvoconducto debe ser entregado de inmediato. La inmediatez, cuando no se señala en los instrumentos jurídicos un plazo, debe ser entendida como el tiempo indispensable para cumplir con una obligación jurídica, tal como lo ordena el artículo 1537 del Código Civil. El no otorgamiento del salvoconducto pese al tiempo transcurrido desde la concesión del asilo constituye en consecuencia una omisión ilegítima del Presidente de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores, autoridades competentes del manejo de las relaciones internacionales, en virtud de la previsión constante en el artículo 171 numeral de la Constitución Política de la República del Ecuador.

13. DERECHOS FUNDAMENTALES TRANSGREDIDOS.- La omisión ilegítima de las autoridades demandadas desconoce varios derechos reconocidos en la Constitución Política de la República del Ecuador y en los Tratados Internacionales vigentes y especialmente los previstos en los artículos 29 y 23 numeral 26 de la Constitución del Ecuador, 12 de la Convención Internacional sobre Asilo Diplomático y 22 numeral 7 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humando o Pacto de Derechos Civiles de San José de Costa Rica.

14. DAÑO GRAVE.- Con la omisión ilegítima y con el desconocimiento de mis derechos reconocidos se me está causando un daño grave, en razón de que mi libertad y mi integridad corren peligro, motivos estos que constituyen uno de los supuestos de la Convención para la procedencia del asilo, calificación cuyos motivos corresponde determinar de manera privativa al estado asilante.

15. Incluso, al momento de la presentación de esta demanda, la misma que está amparada de la presunción de buena fe, no existe ninguna orden de prisión ejecutable en mi contra, en razón de que el arresto domiciliario dictado en mi contra se encuentra en suspenso en razón de las solicitudes de revocatoria, aclaración y ampliación presentados en contra del auto dictado por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del día 11 de agosto del 2003, cuya copia anexo. No obstante, en el evento de que durante la sustanciación de esta acción quedara en firme mi arresto domiciliario, tal circunstancia no enervaría el asilo concedido, en razón de la prevalencia de los Tratados Internacionales que lo regulan y que constituyen ley en el Ecuador.

16. PRETENSIÓN.- Con todos estos antecedentes y afirmaciones que gozan de la presunción de buena fe, acudo ante usted para demandar amparo constitucional frente a la omisión ilegítima de los demandados, para lo cual solicito disponer, en la primera providencia y sin perjuicio de continuar con la sustanciación de la causa, lo siguiente:

a.- Que la Policía Nacional del Ecuador brinde todas las garantías necesarias para garantizar mi inmediata salida del país, lo cual implica, dado que no existe arresto domiciliario en firme, la eliminación de cualquier traba o disposición de cualquier funcionario de este país, que no permita mi tranquila y segura salida del país.

b. En la misma providencia señalará que en caso de que al tiempo de ejecución de su decisión se hubiera ejecutoriado la providencia que ordena mi arresto domiciliario, la Policía Nacional, en virtud de la concesión del asilo, me brinde todas las garantías necesarias para salir del país y la eliminación inmediata de cualquier traba o disposición de cualquier funcionario del país en contrario.

17. Luego de la respectiva sustanciación de la causa, se servirá usted en sentencia, disponer:

a.- Que los demandados emitan en el plazo máximo de 24 horas, el salvoconducto previsto en la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático.

b.- Que la Policía Nacional, en el evento de que para la fecha de expedición de la sentencia no hubiera ya abandonado el país, me brinde todas las garantías necesarias para mi salida y la eliminación inmediata de cualquier traba o disposición de cualquier funcionario del país en contrario.

18. JURAMENTO.- Bajo la gravedad del juramento declaro que no he presentado otra acción de amparo constitucional, prevista en el artículo 95 de la Constitución Política de la República, por la misma causa, con el mismo objeto, con los mismos demandados ante cualquier otro juez o tribunal del Ecuador. Este es el juramento previsto en el artículo 57 de la Ley del Control Constitucional.

19. CUANTÍA.- Por su naturaleza, esta acción es de cuantía indeterminada.

20. DOCUMENTOS.- Acompaño los documentos que demuestran mis aseveraciones.

Firmo conjuntamente con mi abogado defensor.

Es justicia, etc.,

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO
EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
REG. No. 6998 CAG

 

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