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Alegatos contra la infamia
Capítulo XXV : Un precedente jurisprudencial: el caso Andrade Gutiérrez

SEÑORA MINISTRA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO , dentro de la instrucción fiscal N°006-2003 que usted sigue, atentamente, solicito

•  Se sirva disponer se agregue al expediente la copia certificada de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N°1 de lo Contencioso Administrativo de Quito el día 15 de septiembre de 2003, en el caso Andrade-Gutiérrez, en cuya parte medular señala la imposibilidad de proseguir un juicio penal en contra de un Ex Presidente de la República si de forma previa no ha precedido un juicio político, añadiendo además que

“...la tesis que esta Sala sostiene en el presente fallo sobre la incompetencia de la Contraloría General del Estado para establecer responsabilidades contra el Presidente y Vicepresidente de la República y Ministros de Estado, la proclamó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando su jerarquía era semejante a la Corte Suprema de Justicia, es decir, antes de las reformas de diciembre de 1992 que lo privaron de la categoría que históricamente había ostentado y lo fragmentaron en Tribunales Distritales...El criterio del exTribunal Nacional de lo Contencioso Administrativo fue relevante al punto de que varios años después, el Dr. Ramón Jiménez Carbo, procurador General del Estado, en su informe contenido en el oficio 24064 de 15 de mayo del 2002, lo reproduce en su parte sustancial, para concluir que la Contraloría General del Estado “no puede determinar responsabilidades civiles y administrativas culposas, ni presunciones de responsabilidad penal contra los funcionarios que deben ser juzgados por el Congreso Nacional, de conformidad con el artículo 130 numeral 9 de la Constitución Política de la República”.- Al no haber obrado la Contraloría en la forma establecida en los preceptos aludidos, se excedió en sus atribuciones”.

El fallo analiza también el hecho de que el doctor Fabián Alarcón, a la época del examen especial de la Contraloría General del Estado ya no ostentaba el cargo de Presidente de la República, análisis que determinó que la investidura y dignidad del cargo, para los efectos de su juzgamiento, le acompañan con posterioridad al ejercicio de sus funciones.

•  Se sirva disponer se agregue al expediente la copia certificada del oficio 0002540 de 27 de mayo de 2003, suscrito por la señora Ministra Fiscal General del Estado, en el cual señala expresamente lo siguiente:

“Debo agregar que en materia penal no hay la figura de “responsabilidad solidaria”. La responsabilidad es personalísima. Cada imputado es acusado y sancionado por sus propios actos.

Finalmente, si bien es verdad que el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Ex Presidente de la República fue el máximo representante de los ecuatorianos, no es menos cierto que por ello no puede responder por actos de terceros incluidos los Ministros de Estado, a menos que se evidencie su participación en los hechos que motivan un proceso penal”.

Tal como se desprende de las declaraciones efectuadas por el abogado Marcelo Santos Vera en este proceso, y de los varios testimonios rendidos ante usted, incluyendo el rendido por el propio denunciante, nunca me reuní con funcionario para disponer que se utilicen remanentes de bonos globales para venderlos y con esos recursos efectuar transferencias a los Bancos Filanbanco o Pacífico.

Es claro entonces que no existe evidencia alguna que demuestre mi participación en los supuestos hechos ilícitos que motivan esta acción.

•  Finalmente, solicito se sirva disponer se oficie al H. Congreso Nacional a efectos de que por Secretaría se certifique si el H. Congreso Nacional ha autorizado expresamente mi enjuiciamiento penal.

Por el peticionario, como su defensor debidamente autorizado,

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
REG. 6998

 

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