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Alegatos contra la infamia
Capítulo XXVII : Respuesta al borrador del informe de la Contraloría General del Estado

Quito, 5 de Noviembre de 2003

Señor doctor

GENARO PEÑA
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO (E)

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Dentro del examen especial de auditoría que se está realizando al proceso de emisión de bonos globales, me permito presentar las siguientes consideraciones:

•  El Presidente de la República está constitucional y legalmente facultado para crear comisiones al interior de la Función Ejecutiva para el conocimiento de asuntos específicos de naturaleza pública, tal como lo señalan los artículos 171 numeral 9 y 11 literal g) y 6 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva:

“Art. 171.- Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los siguientes:

(...)9. Dirigir la administración pública y expedir las normas necesarias para regular la integración, organización y procedimientos de la Función Ejecutiva.

Art. 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- El Presidente de la República tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución Política de la República y la ley:

g) Crear organismos, comisiones y entidades dependientes de la Función Ejecutiva y asignarles competencias específicas;

Art. 6.- CARACTERISTICAS.- Las entidades, organismos y empresas del sector público dependientes, adscritos o controlados pon los dignatarios de la Función Ejecutiva se caracterizan, en general, por ser creados, modificados y extinguidos por acto de poder público; tener como propósito facilitar el cumplimiento de determinados servicios públicos, el ejercicio de actividades económicas o la realización de determinadas tareas de naturaleza pública con el fin de satisfacer necesidades colectivas; gozar del ejercicio de autoridad para el cumplimiento de sus propósitos; y estar financiados por recursos públicos.

•  La creación de estas comisiones y la asignación de competencias específicas no está limitada por ley alguna. Incluso el Presidente de la República puede suprimir o reorganizar organismos públicos, con la sola limitación de aquellas entidades cuya autonomía está garantizada por la Constitución, tal como lo contempla la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en el artículo 17:

“Art. 17.- REORGANIZACION.- El Presidente de la República, tendrá la facultad de emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro del ámbito de Gobierno Central para:

a) Fusionar aquellas entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, o que puedan desempeñarse más eficientemente fusionadas;

b) Reorganizar y suprimir entidades públicas cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el desarrollo nacional; o, que no presten una atención eficiente y oportuna a las demandas de la sociedad.

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las entidades cuya autonomía está garantizada por la Constitución Política de la República”.

•  En muchas ocasiones las disposiciones legales atribuyen competencias a determinados funcionarios públicos. Estas atribuciones sin embargo pueden ser asignadas a otros funcionarios a través de disposiciones emanadas por el Presidente de la República, como consecuencia de la facultad prevista en el artículo 171 numeral 9 de la Constitución, en procura de lograr la máxima eficiencia en la gestión pública, tal como ocurrió cuando el Presidente Arq. Sixto Durán Ballén suprimió el CONACYT, creado por ley y lo sustituyó por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y como ocurre ahora con el Presidente Coronel Lucio Gutiérrez, quien trasladó a la Secretaría Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación que la ley había atribuido al Ministerio de Educación y Cultura al Consejo Nacional de Deportes. En este sentido, también el ex Presidente Dr. Gustavo Noboa B. expidió el Decreto Ejecutivo N°3390 de 27 de noviembre del 2002, mediante el cual se derogaron varios decretos supremos, lo cual ratifica la tesis de la “Reserva de la Administración” y que confirma que la creación de la Comisión Negociadora de la deuda Externa en modo alguno constituye una violación al artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Este Decreto Ejecutivo contó con informe favorable previo del Dr. Ramón Jiménez Carbo, constante en oficio 26180 de 26 de septiembre del 2002, que absolvió la consulta constante en el oficio 1491-DAJ-2002-6223 de la Subsecretaria Jurídica de la Presidencia de la República.

•  La creación de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa no excluyó la participación del Ministerio de Economía. Por el contrario, de la lectura del Decreto N°465 se debe concluir que la Comisión fue en realidad un ente coordinador para hacer efectiva la facultad constitucional consignada en el artículo 171 numeral 17 de la Constitución, que faculta al Presidente de la República para decidir la contratación de empréstitos, de conformidad con la Ley.

“Art. 171.- Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los siguientes:

(...)18. Decidir y autorizar la contratación de empréstitos, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Por la razón expuesta es que el informe de la Subsecretaría de Crédito Püblico y la Subsecretaría Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas signado STyCP-2000-2016 de 26 de julio del 2000 sostienen, como criterio profesional de ese Ministerio que “luego de casi un año de moratoria este es el momento adecuado para una emisión y canje de bonos...”.

•  Gobiernos anteriores, incluyendo el del diputado denunciante, organizaron comisiones especiales para los procesos de renegociación de la deuda externa. Prueba de ello constituyen los varios Decretos Ejecutivos que debidamente protocolizados anexo a este escrito, sin que tales procesos hayan sido cuestionados por el hecho de la creación de las comisiones indicadas.

•  En función del trabajo desarrollado por la Comisión Negociadora y luego de cumplir con todas las formalidades previstas en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo N°618, de 26 de julio de 2000. Este Decreto Ejecutivo goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, la misma que no puede ser destruida sino por decisión del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Mientras esta presunción no se destruya, el Decreto Ejecutivo N°618 es legítimo y se presume emitido conforme a la ley, tal como lo señala el artículo 68 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva:

“Art. 68.- LEGITIMIDAD Y EJECUTORIEDAD.- Los actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen, salvo los casos de suspensión previstos en este estatuto”.

•  El hecho de que el dictamen del Banco Central del Ecuador haya sido comunicado telefónicamente y luego se haya notificado oficialmente con posterioridad al día 26 de julio de 2000, no significa que el informe no haya existido. Fue común en la Presidencia de la República en aquella época, que las notificaciones de diversas actuaciones de otros funcionarios públicos, tales como Procurador General del Estado, Ministro de Economía y Finanzas, etc., se las informaba telefónicamente mientras se lo entregaba oficialmente con posterioridad a la fecha de emisión de los diversos Decretos Ejecutivos. Suficiente explicación sobre estos hechos consta de la declaración rendida por el abogado Marcelo Santos Vera ante la señora Ministra Fiscal General del Estado, cuya copia adjunto, así como de las escrituras públicas otorgadas por los señores Aparicio Caicedo, Carolina Larrea y Alejandra Canelas, que fueron oportunamente entregadas a los auditores que realizan este examen especial.

•  De cualquier manera, la falta de recepción oficial de una autorización, no implica que el Decreto Ejecutivo N°618 no hubiera podido firmarse el día 26 de julio. Por el contrario, la falta de dicha recepción no afecta a la veracidad y validez del acto y tiene efectos exclusivamente en cuanto al registro histórico y testimonial sobre el cumplimiento de los requisitos jurídicamente exigibles. Incluso en nuestro ordenamiento, la falta de notificación constituye una vía de hecho, la misma que no constituye infracción al ordenamiento:

“Art. 66.- VIGENCIA.- Los actos administrativos, para su plena validez deberán ser obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean no tendrán eficacia con respecto a quienes se haya omitido la notificación. La ejecución de actuaciones ordenadas en actos administrativos no notificados constituirán, para efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos, vías de hecho”.

•  Que el Decreto Ejecutivo N°618 fue suscrito el día 26 de julio de 2000 lo han ratificado tanto el señor Dr. Gustavo Noboa Bejarano, ex Presidente Constitucional de la República, como el señor ingeniero Luis Iturralde, ex Ministro de Economía y Finanzas, en documento que consta en el expediente del examen especial; esto ha sido ratificado por el abogado Marcelo Santos Vera, quien de conformidad con las facultades de que se hallaba investido, ha dado fe de tal hecho, tal cual consta de la publicación en el Registro Oficial del mencionado Decreto. En consecuencia, no hay falsedad alguna que pueda ser analizada.

•  El doctor Ramón Jiménez Carbo, ex Procurador General del Estado, al emitir su dictamen al Decreto Ejecutivo N°618, determinó que las negociaciones de renegociación de la deuda debían ser realizadas por el Ministro de Economía y Finanzas. No debe confundirse este condicionamiento con las actividades que desarrolló la Comisión Negociadora. Por su pública notoriedad era y es evidente que el señor Procurador sabía que las negociaciones previas las había realizado la Comisión Negociadora, no sólo porque el Decreto Ejecutivo N°465 se había publicado en el Registro Oficial, sino porque además los considerandos del proyecto de Decreto Ejecutivo sometido a su revisión así lo señalaban. ¿Cómo entender entonces el condicionamiento? Simplemente como la obligación de que la suscripción de los acuerdos derivados del Decreto Ejecutivo N°618, los mismos que implicaban su ejecución, debían ser realizados por el Ministro. El condicionamiento fue efectivamente cumplido y además, lo fue por la propia disposición del Decreto Ejecutivo N°618 y su proceso de ejecución.

•  Respecto de que la renegociación de la deuda externa es competencia exclusiva del Ministerio de Economía, tal como se desprende de los oficios SE-1711-2003 de 18 de julio del 2003, del Banco Central del Ecuador y SCP-CEOC-2003-1486A de 15 de septiembre de 2003, del Ministerio de Economía, es necesario considerar que en dichas fechas –julio-septiembre de 2003- la Comisión Renegociadora de la Deuda Externa había sido suprimida, por lo que efectivamente en el año 2003 la competencia es exclusiva del Ministerio de Economía. Sin embargo, no deben confundirse estas afirmaciones con un posible cuestionamiento a las facultades del Presidente de la República para crear comisiones especiales para el tratamiento de determinadas actividades públicas, las cuales como se ha expresado ya encuentran suficiente fundamento constitucional en el artículo 171 numeral 9 de la Constitución y en los artículos 11 y 6 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

•  No es posible afirmar que no existieron otras alternativas de renegociación habida consideración del testimonio del economista Carlos Carrera, quien da cuenta de las varias alternativas analizadas. Esto contradice a las declaraciones notarizadas de la economista Fabiola Calero, las que incluso han sido desmentidas por el ex Ministro de Economía ingeniero Francisco Arosemena. Las declaraciones del economista Carrera tiene una gran significación y su valor no puede ser minimizado.

•  Acompaño la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo respecto del conocido caso Andrade Gutiérrez, así como el criterio emitido por la señora Ministra Fiscal General del Estado en el caso también conocido de las partidas presupuestarias, respecto de la imposibilidad de que se establezcan responsabilidades en contra de un Ex Presidente de la República.

•  Finalmente, adjunto copia de un importantísimo oficio suscrito por el Dr. Ramón Jiménez Carbo, 17734 de 21 de mayo de 2001, dirigido al ex Ministro de Economía y Finanzas ingeniero Jorge Gallardo, del cual consta que la entidad encargada del control respecto del uso de bonos nacionales es la Contraloría General del Estado:

“La Contraloría General del Estado, verificará que la inversión y utilización del bono emitido se ajuste al objeto y destino previstos en este decreto, así como que se dé cumplimiento a las demás condiciones especificadas para esta emisión, bajo su exclusiva responsabilidad.”

Abrigamos la seguridad de que los aspectos señalados merecerán el adecuado análisis por parte de la Contraloría de su digno cargo..

Es nuestra opinión que un análisis objetivo permitirá llegar a la conclusión de que el Dr. Gustavo Noboa no cometió falta alguna en el proceso de canje de la deuda externa ecuatoriana.

Por el peticionario, como su defensor debidamente autorizado,

DR. ALFREDO BARRAGÁN
REG. C.A.Q.

 

SEÑOR CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

GUSTAVO NOBOA BEJARANO, EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA , a usted, atentamente, digo:

He sido notificado con su oficio 41146 DA3 de 18 de noviembre de 2003, mediante el cual me acompaña el informe DA3 -26-2003 elaborado con ocasión del examen especial al proceso de emisión de bonos globales y renegociación de la deuda externa, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través del canje de Bonos Brady y Eurobonos, respecto de lo cual le señalo lo siguiente:

De la lectura del informe notificado y de la revisión del memorando de antecedentes, el cual no me ha sido notificado, pero reposa en la Fiscalía General del Estado, se concluye por parte del señor José Luis Arias, Director de Auditoría 4, que varios hechos que se describen en el documento “CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SÍNTESIS DE RESULTADOS” y que dan lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas, constituirían indicios de responsabilidad penal.

Analizados los nueve hechos del documento“CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SÍNTESIS DE RESULTADOS”, y tal cual consta del memorando de antecedentes, únicamente uno tiene relación con Gustavo Noboa Bejarano: el de la creación de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, por estar en aparente contradicción con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.

Sin embargo, tal cual consta de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que se publica en el Registro Oficial del día 13 de Noviembre de 2003, el Presidente de la República tiene facultad exclusiva para organizar la Función Ejecutiva y por tanto, para crear las Comisiones que estimen necesarias para la administración del Estado, sin que la ley enerve tales facultades, de lo cual se concluye que con la creación de la Comisión no existió ninguna violación legal y por ello no cabe ni siquiera responsabilidad administrativa.

Tan cierto es lo dicho, que el propio Presidente Constitucional de la República, ingeniero Lucio Gutiérrez ha expedido el Decreto Ejecutivo N°174 de 25 de febrero de 2003, mediante el cual nombra al ingeniero CARLOS COBOS MOYA para integrar la Comisión Negociadora de la Deuda Externa.

Pero es que además, en el supuesto no consentido de que la expedición del Decreto Ejecutivo N°465 hubiese violado el artículo 130 de la LOAFYC, ¿qué artículo del Código Penal tipifica tal hecho como delito?

Por lo expuesto, es claro que del examen realizado por la Contraloría General del Estado no aparecen indicios de responsabilidad penal en contra del ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano, que la única actuación que se le imputa no constituye delito, la misma que también ha sido ejercida por el actual Presidente de la República al expedir el Decreto Ejecutivo 174 de 25 de febrero de 2003, y que la aparente responsabilidad administrativa en mi contra se desvanece con la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por lo expuesto, solicito señalar estos hechos en el informe que para el efecto ha solicitado la señora Ministra Fiscal General del Estado el día 18 de noviembre de 2003.

Por el peticionario, como su defensor debidamente autorizado,

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA

REG- 6998 C.A.G.

 

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