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Alegatos contra la infamia
Capítulo XL : Providencia dictada en el Juicio contra el Dr. Gustavo Noboa

PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUITO 30 de marzo del 2005. Las 17h30.- (49-2003). VISTOS.- Agréguense al expediente los escritos que anteceden. En lo principal se considera: UNO.- La señora Ministra Fiscal General del Estado, remitió al señor Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia el dictamen acusatorio en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, ex Presidente Constitucional de la República y otro funcionarios miembros de la Comisión Renegociadorade la Deuda Externa, por el proceso de renegociación de la deuda externa ecuatoriana. DOS.- En el dictamen acusatorio, la señora Ministra Físcal refiere que con fecha 22 de mayo de 2003 sedio inicio a la Indagación Previa Nº 99 - 2003 a fin de investigar los hechos referentes a la denuncia del ingeniero León Febres Cordero, Diputado Nacional, en la cual se responsabilizó al Gobierno del Ex Presidente Dr. Gustavo Novoa Bejarano de un perjuicio económico al estado Ecuatoriano producto de la irregular Renegociación de la Deuda Externa del Ecuador en el canje de los Bonos Brady y Euro Bonos por los Bonos Global efectuada por la comisión Negociadora de la Deuda Externa presidida por el Ing. Jorge Gallardo Zavala y otro funcionarios designados por el presidente de la República. Ya que como Producto del tal Renegociación habría resultado un saldo a favor de US$ 126 millones de Dólares en bonos que debieron regresar al Ministerio de Economía y Finanzas a fin que se realice su baja contable ya que de conformidad con el Decreto de Emisión de los Bonos, éstos tenían como finalidad exclusiva la de ser canjeados con la deuda de los bonos Brady y Eurobonos y no como ocurrió que generando nuevo endeudamiento público se desviaron parte de este sobrante a los bancos Filanbanco S.A. y Pacifíco S.A. . TRES.- Del expediente consta que la denuncia que dio origen a la Indagación Previa Nº 099 - 2003 fue presenta por el diputado León Febres Cordero, quien responzabilizó al Gobierno del Ex Presidente Dr. Gustavo Novoa Bejarano de un perjuicio económico al Estado por el monto aproximado de US$ 9.000 millones de dólares producto de la irregular renegociación de la Deuda Externa del Ecuador en el canje de los Bonos Brady y Eurobonos por los Bonos Global. Consta también que la Indagación Previa fue iniciada el día 22 de mayo de 2003 del mismo año el Congreso Nacional remitió documentación que sirvio de base para que se inicie con posterioridad la instrucción Fiscal correspondiente por presuntas irregularidades en la utilización del saldo de los bonos luego del canje en lo que respecta a los bancos Pacifíco S.A. CUATRO.- Consta también del expediente que más de un año después de iniciada la Indagación Previa Nº 099 - 2004, y con posterioridad al inicio de la Instrucción fiscal se adjuntó el Informe del Examen Especial del Proceso de Emisión de Bonos Globales y Renegociación de la Deuda Externa por parte del Ministerio de Económia y Finanzas a través del canje de Bonos Brady y Eurobonos en el período comprendido del 1 de abril de 1999 al 31 de diciembre de 2002, efectuado por la Contraloría General del Estado. CINCO.- La Constitución Poíitica de la República señala en el artículo 192 que ``El sistema procesal sera un medio para la realización de la justícia. Hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad eficiencia en la administración de justícia. No se sacrificará la justícia por la sola comisión de formalidades´¨. Señala también que ``Los órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna Función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos. Los magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su potestad juridiccional aun frente a los demás órganos de la Función Judicial; solo estarán sometidos a la Constitución y a la ley ´´. Estas disposiciones son fundamentales a la hora de analizar y considerar la normativa que permite el procesamiento penal en el Ecuador. La propia Constitución, al referirse al debido proceso, lo califica como un Derecho civil al contemplar en el aríiculo 23 que``Sin perjucio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguente: 27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones´´. Siendo un derecho civil goza de una protección especial que le asigna el artículo 16 de la Constitución al señalar que ``Èl más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución´´ y de un criterio de interpretación a favor de su efectiva vigencia que le otorga el artículo 18 de la Constitución: Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por ante cualquier juez, tribunal o autoridad.En matería de derechos y garantías constitucionales, se estara a la interpretación que mas favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podra exigir condiciones o requisitos no establecidos en la costitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos. No podrá alegarse falta de ley para justifícar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos. Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales´´. SEIS: Para asegurarel debido proceso, la Constitución ha completado varias disposiciones entre las cuales es fundamental el 24, que dispone que``Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establescan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 1. Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no previa en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento ¨. De lo anterior se deriva que en el Ecuador el juzgamiento de las personas exige el juzgamiento conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento, lo que requiere una aplicación no solo del Código de Procedimiento Penal, sino de todas aquellas disposiciones que tengan relación con el procedimiento para juzgar, lo cual nos conduce a revisar lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal y especialmente su parte final:``Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no este en ella establecida. La infracción ha deser declarada y la pena establecida con anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del numero de las infracciones; y, se ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguidala pena, haya o no comenzado a cumplirse. Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. En general todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad, deberán ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores ¨. En este sentido, es menester considerar que la Constitución Política de la República señala en el artículo 212 que ``La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, y hara el seguimiento permanente y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles. Los funcionarios que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causan daños y prejuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables¨´,artículo que es complementado con lo que dispone el 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 595 de 12 de junio de 2002,es decir, posterior a la vigencia del Código de Procedimiento Penal y posterior a los heho investigados, que consagra la llamada presunción de legitimidad: ``Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las institucioes del Estado y sus servidores, sujetos a esta Ley, son legítimas, a menos que la Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare en contrario´´. SIETE.- En la especie, la Contraloría Generaldel Estado realizó el Examen especial al proceso de renegociación de la deuda externa con posterioridad al inicio de la Indagación Previa Nº 099 - 2003, lo que significa que se inició un procesamiento sin dar cumplimiento al mandato constitucional y legal indicado, lo cual constituye una grave infracción al ordenamiento jurídico del Estado ya que se procedió a dar inicio a una Indagación Previa sobre hechos amparados en la presunción legal de legitimidad, lo cual constituye una manifiesta contravención a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y por tanto una violación a lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. OCHO.- El inciso final del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, al señalar que ``En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberánser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores´´, contiene una disposición mandatoria que exige revisar en cada caso, cuáles son los supuestos de prejudicibilidad, procedibilidad o admisibilidad. Habiéndose iniciado la Indagación Previa Nº 099 - 2003 el día 22 de mayo de 2003 por denuncia de un diputado de la República, consta de actos que el Congreso Nacinal remitió documentación de soporte el dia 23 de mayo de 2003, es decir, un dia después de iniciada laIndagación, sin que conste de autos que se haya dado cumplimiento en el artículo 130 numeral 9 de la Constitución, el cual señala al tiempo de la Indagación Previa que compete al H. Congreso Nacional ``Proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministro de Estado, del Contralor General y Procurador del Estado, del Defensor del Pueblo, del Ministro Físcal General; de los superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas. El Presidente y Vicepresidente de la República solo podrán ser enjuiciados politicamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enrequecimiento ilícito, y su censura y destitución solo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. No será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso. Los demás funcionarios referidos en este numero podrán ser enjuiciados políticamente por infracciones constitucionales o legales, cometidas en el desempeño del cargo. El Congreso podrá censurarlos en el caso de declaratoria de culpabilidad, por mayoria de sus integrantes. La censura producíra la immediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros de estado, cuya permanencia en el cargo correspondera decidir al Presidente de la República. Si de la censura se derivaren indicios de responsabilidad penal del funcionario, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente .´´La parte final de este artículo guarda correspondencia con lo dispuesto en la parte final del artículo 2 del Código de Procesamiento Penal y por lo tanto, por mandato Constitucional, tratandose de los funcionarios que en esta misma norma se enumeran, no puede iniciarse un proceso penal si de forma previa no ha existido un juicio político y si de ese juicio político seha producido una censura y de tal censura han derivado indicios de responsabilidad penal del funcionario. NUEVE.- No consta de autos que de forma previa a iniciarse la Indagación previa Nº 099 - 2003 se hubiera procedido al enjuiciamiento político del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, ex Presidente Constitucional de la República y la sola remisión de la documentacion que refiere la señora Ministra Físcal ha efectuado el H. Congreso Nacional, no es suficiente para dar cumplimiento al requisito de admisibilidad exigido por el art1culo 130 numeral 9 de la Constitución y por parte final del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, lo que constituye una violación al ordenamiento jurídico nacional. DIEZ.- En concordancia con lo anterior, el Procurador General del Estado, frente a una consulta originada en el propio H. Congreso Nacional ha señalado en el oficio Nº 539 - PCN -BCV de 25 de abril de 2002 que ``Respecto a la facultad legal de la Contraloría General del Estado, para establecer responsabilidades, en contra de funcionarios, cuyo juzgamiento político le corresponde al Congreso Nacional, conformemlo dispone el artículo 130 , numeral 9 de la Constitución Política de la República, luego de transcurrido el período, durante el cual el Congreso Nacional puede efectivizar esta atribución; período que comprende, el ejerccicio de las funciones y hasta un año después de terminadas las mismas, la Procuradorá considera que el Congreso Nacional en ejercicio de sus deberes y atribuciones tiene la facultad de enjuiciar políticamente a los titulares de las pricipales funciones del Estado; y de censurarlos como su consecuentes destitución, excepto el caso de los ministros de Estado, cuya permanencia en el cargo será decidida por el Presidente de la República. Si de la censura se deriva juícios de responsabilidad penal del funcionario correspondiente, el Congreso dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente. Las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control para determinar responsabilidades civiles y administrativas culposas y presunciones de responsabilidades penal, excluye a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponde al Congreso Nacional. Por sindéresis jurídica, debe entenderse que si dicho enjuiciamiento no se lo efectúa durante el ejercicio de las funciones, y hasta un año después de terminadas, la atribución constitucional conferida al Congreso Nacional queda extinguida; y, por imperio de la supremacía de la Constitución Política de la República, la Contraloría General del Estado carecería de atribución legal para hacerlo. En este contexto y por imperio de la Constitución Política de la Repóblica y de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Contol, la Contraloría General del Estado no puede determinar responsabilidades civiles y administrativas culposas; ni presunciones de responsabilidad penal contra los funcionarios que deben ser juzgados por el Congreso Nacional, de conformidad con el Art. 130 numeral 9 de la Constitución Política de la República. La actual Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado fue publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 595 de 12 de junio de 2002, es decir, tuvo vigencia con posterioridad a los hechos investigados, por lo cual el criterio del Procurador General del Estado antes citado es plenamente aplicable en función del tiempo en que sucedieron los hechos investigados. ONCE.- Las garantías del debido proceso que se consagran en el artículo 24 de la Constitución, por expreso mandato del artículo 70 del Código de Procedimiento Penal, deben ser observadas durante todo el proceso, ya que tanto los imputados cuanto los acusados tienen los derechos y garantías previstos en la Constitución y demás leyes del pais, desde la etapa preprocesal hasta la finalización del proceso. DOCE.- De otra parte, consta de autos que pese a que el Ministerio Público remitió el dictamen acusatorio hace varios meses,el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justícia, doctor Hugo Quintana no ha dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal que consagra plazos de obligatorio cumplimiento, lo cual ha provocado que en consideración a lo que dispone el artículo 18 de la Constitución, se respeten las garantías constitucionales de los imputados.- TRECE.- Consta de autos que la Primera Sala de la H. Corte Suprema de Justícia, en el auto mediante el cual dispuso el arresto domiciliario del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, se pronunció sobre la validez del proceso, negando los argumentos del imputado al considerar que no existe causal de nulidad por la falta de juício político previo . Sin embargo, puesto que la Costitución Política de la República prevalece sobre cualquier tipo de norma de inferior rango, es evidente que limitar la facultad del juez penal para declarar la nulidad, consagrada en el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil, supletorio en este proceso, es atentatorio al principio de supremacía constitucional y por tanto un desconocimiento de las garantías del debido proceso que garantiza el artículo 24 de la Constitución, por lo cual deviene en inconstitucional, lo que me obliga, en ejercicio de la facultad que me confiere la Constitución en el artículo 273, a declararlo inaplicable, por contrario a la Constituciín y para este caso concreto, debiendo remitirse el informe correspondiente al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre tal declaratoría de manera obligatoria. Por lo expuesto, declaro la nulidad del proceso por inobservancia durante la Indagación Previa Nº 099 - 2003 y durante esta Instrucción Fiscal de los requisitos de admisibilidad previsto en el numeral 9 del artículo de la Constitución Política de la República, conjuntamente con lo que dispone el inciso final del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, y en concordancia con la facultad que me confierelos artículos 192 de la Constitución Política de la República y 337 y 70 del Código de Procesamiento Penal, Quedan sin efecto las medidas cautelares y personales dictadas, debiendo oficiarse por secretaria a las autoridades correspondiente. Actué el Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justícia, por renuncia del títular.-Quien bajo prevenciones de Ley deberá notificar por boleta en el despacho de cada una de las partes, en razónde que se encuentran cerradas las oficinas de los Casilleros judiciales, por el paro de la FENAJE.-

Notifíquese . f) Dr. Guillermo Castro Dáger, Presidente de la Corte Suprema de Justícia.- Certifíco: f) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario General Encargado.

Certifíco que la copia que antecede es igual al original.- Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

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