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Amnistía solicitada a la Asamblea Constituyente

¿Quién responde por las persecuciones?

El Pleno de la Asamblea Constituyente concedió “…amnistía general para todos los actos realizados por la ciudadana Carmina Alexandra Cantos Molina (…) entre el 27 de abril del 2005 y el 1 de marzo del 2007, en relación a su gestión como gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos” y en virtud de ello dispuso que “ la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y Policía y las instituciones competentes, ejecutarán de forma inmediata la presente resolución”.

¿Podía otorgar esta amnistía la Asamblea ? En estricto derecho no, por no ajustarse a los supuestos previstos en la Constitución. No obstante, luego de la resolución del Tribunal Constitucional del pasado 26 de febrero que señaló que “…mientras dure la Asamblea y solo durante este tiempo no hay posibilidad de discutir jurídicamente las decisiones del poder constituyente…” esta discusión quedó, al menos por ahora, cerrada.

¿Cuál es el alcance entonces de esta resolución? Que por primera vez en el Ecuador y probablemente en el mundo, contrariando toda norma constitucional y legal , los actos de un funcionario público dictados en ejercicio de sus funciones quedan exonerados absolutamente de responsabilidad. No se trata, por tanto, de una decisión para atacar los juicios que se le iniciaron por móviles políticos. No. Es una decisión que la exonera por todas sus actuaciones. ¿Analizó la Asamblea todas y cada una de las actuaciones que la Dra. Cantos desempeñó durante su gestión? Me parece que no. Si no hubo tal revisión exhaustiva, ¿cómo se la puede exonerar de responsabilidad de forma tan general y absoluta? Me da la impresión de que en ese sentido la actuación de la Asamblea ha sido irresponsable, lo cual contraría precisamente el límite que el economista Alberto Acosta refirió sería el que sustentaría las actuaciones de la Soberanísima.

¿Hubo persecución política en contra de Alexandra Cantos, es decir, sus juicios fueron el resultado de acciones directas orientadas a perjudicarla por móviles políticos y sin que exista mérito para su procesamiento penal? Según la Asamblea sí. Si esto es así, es evidente que alguien o algunos se pronunciaron penalmente contra ella a sabiendas de que no lo merecía . Pues bien, esa conducta se encuentra tipificada en el Código Penal, artículo 277, y se denomina prevaricato: “Son prevaricadores y serán reprimidos con uno a cinco años de prisión: 1.- Los jueces de derecho (…) que, por (…) desafecto a alguna persona (…) procedieren penalmente contra alguno, conociendo que no lo merece”.

¿Van a ser procesados por prevaricato los jueces que persiguieron políticamente a la doctora Alexandra Cantos? ¿Y los fiscales y funcionarios de Contraloría? Porque si eso no va a ocurrir, nos encontraríamos en un contrasentido inexcusable ya que si se otorga amnistía por persecución política , es evidente que alguien persiguió y ese alguien no puede quedar en la impunidad.

¿Cuándo se inician los procesos para establecer estas responsabilidades en los perseguidores? ¿Seguirán formando parte de la Función Judicial y encima recibiendo homenajes?

 

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