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Amnistía solicitada a la Asamblea Constituyente

Informe del Ab. León Roldos Aguilera al Presidente de la Mesa de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Nacional Constituyente Dr. César Rodríguez

León Roldós Aguilera

Ciudad Alfaro, Montecristi, marzo 25 del 2008

Señor doctor César Rodríguez, PRESIDENTE DE LA MESA DE LEGISLACION Y

FISCALIZACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE,

En su despacho.

Señor Presidente:

En el afán de manejar la mejor información posible, días atrás recabé el pronunciamiento del señor Contralor General del Estado sobre indicios de responsabilidades penales y civiles de Gustavo Noboa Bejarano en el único proceso penal en que está llamado a juicio que es de la instrucción fiscal No.49-2003 por venta de los bonos globales sobrantes, después de la renegociación de la deuda externa, emitidos por autorización constante del Decreto Ejecutivo 618, de 26 de julio del 2000, publicado en el Registro Oficial No.146 de 22 de agosto del mismo año, con el objeto de darle liquidez a los bancos Pacífico y Filanbanco, en el 2001, cuando el último citado cerró y la presión de los depositantes era inmensa sobre ese banco y sobre el Pacífico, con filas de varias cuadras.

Hago la anotación anterior porque las investigaciones e indagatorias y las instrucciones fiscales abiertas contra el doctor Noboa por la renegociación de la deuda externa y por la venta de bonos para el pago de los servicios profesionales y de canje de deuda externa ya están cerrados.

Sólo subsiste el proceso de la instrucción fiscal No.49-2003.

En ese proceso están llamados a juicio, como autor, JORGE GALLARDO ZAVALA; como cómplice, ALONSO PEREZ KAKABADSE; y, como encubridores, GUSTAVO NOBOA BEJARANO, FRANCISCO AROSEMENA ROBLES y CARLOS CARRERA NORITZ.

MARCO LEGAL

El Código Penal establece las condiciones de autoría, complicidad y encubrimiento.

Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.

Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente.

El encubrimiento no se refiere a los hechos materia de la infracción, sino a la protección de los malhechores o a favorecerlos post-infracción ocultando o inutilizando pruebas o impidiendo acciones de investigación.

El peculado que se acusa está tipificado en el Art. 257 del Código penal -texto sustituido conjuntamente con los Arts. 258 y 259, por el Art. 396 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, R.O. 337, 16-V-1977; agregado el último inciso por el Art. 31 de la Ley 93, R.O. 764-S, 22-VIII-1995; agregado el tercer inciso por el Art. 19 de la Ley 99-26, R.O. 190, 13-V-1999; sustituido el inciso primero por el Art. 17 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001-

“Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”.

Entorno en que se dio la venta de los bonos

En teoría y en frío, podría glosarse que el excedente de bonos después de la renegociación de la deuda externa -razón de su emisión- debió retirarse, no venderse, porque si se retiraba se disminuía la deuda externa y no había el consiguiente pago de intereses, que hasta el retiro se cruzaban pagos e ingresos por intereses.

Al autorizar la venta de los bonos, para dar liquidez a un banco cerrado y a otro en riesgo de cerrar por la tremenda presión de retiro de depósitos que había, venta al valor del mercado internacional, el Ministro Gallardo tomó una decisión difícil de juzgar, pero que en mi percepción no está en los supuestos de abuso de dineros públicos “en beneficio propio o de terceros”.

Hubo una violación objetiva del Decreto Ejecutivo 618 de emisión de los bonos. SI, pero el Ministro no se aprovechó para sí del dinero.

Si el valor de venta de los bonos fue el precio del mercado, no hubo exceso de lucro de los adquirentes de los bonos.

Los bancos Pacífico –que luego reembolsó el cien por ciento al Estado- y Filanbanco se beneficiaron para sus depositantes.

La persecución a Gustavo Noboa Bejarano fue evidente. Desde la acusación en el Congreso Nacional del entonces Diputado, Ing. León Febres Cordero, continuada con instrucciones fiscales, cual fuese un peligroso criminal, llegando hasta el atropello físico, cuando decidió fijar domicilio en Santa Elena, retornándolo con violencia a Guayaquil, causándole una lesión que motivó intervención quirúrgica.

Respuesta de la Contraloría

La respuesta de la Contraloría consta en el oficio No.006261 DPRC DP de 18 de marzo del 2008, cuya copia agrego, que en la parte de indicios de responsabilidad penal expresa:

E n materia de indicios de responsabilidad penal

“Los indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría , se encuentran señalados en la página 11 del memorando de antecedentes sobre los hechos relatados en el informe de examen especial No.DAS-26-2003 (venta de los bonos globales sobrantes páginas 37 a 41) en donde consta, en la parte de conclusiones, que los señores Jorge Gallardo Zavala y Carlos Carrera autorizaron vender bonos globales 2030 y 2012, por US$59.517.000 y que fueron destinados a los bancos Filanbanco y Pacífico, incumpliendo lo dispuesto en el decreto 618 de 26 de julio de 2000 publicado en el Registro Oficial 146 de 22 de agosto del mismo año, informe oportunamente puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado”.

En materia de responsabilidad civil

Sobre los señores Noboa Bejarano, Arosemena Robles y Pérez Kakabadse no hay responsabilidad civil alguna que haya determinado la Contraloría General del Estado.

Conclusión:

Habrían dos alternativas.

La primera que la amnistía beneficie a todos los llamados a juicio en el proceso iniciado con la instrucción fiscal 49-2003, porque se dieron las motivaciones políticas que se han analizado, arrastrando a Noboa Bejarano y sus colaboradores.

Es mi criterio, sin perjuicio de las glosas civiles que establezca la Contraloría General del Estado (están en US$113.995.470, contra Jorge Gallardo y US$108.810.000, contra Carlos Carrera, en trámite hay recurso de revisión).

La segunda que la amnistía beneficie a aquellos que no decidieron la negociación y se los llama a juicio por complicidad o encubrimiento, en forma improcedente.

Dejo constancia que en su momento cuestioné la renegociación de la deuda del año 2000, no la consideré conveniente –a pesar que el pago de su servicio se ha mantenido con Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y el actual gobierno- pero de eso a responsabilidad penal que conlleva la condición de dolo, no lo consideré. Califiqué –y lo reitero- que hubo persecución política.

 

Muy atentamente,

León Roldós Aguilera

 

 

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