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Amnistía solicitada a la Asamblea Constituyente

Amnistía

4/1/2008

Por Federico Chiriboga

La Asamblea Constituyente , por iniciativa presidencial, ha puesto en la mesa de debates al instituto de la clemencia. En vista de que la Asamblea , en uso y abuso de sus plenos poderes, está definiendo instituciones y dando un contenido retórico y hasta poético a conceptos como soberanía, territorio, nación y otros, vale la pena precisar cuál es el alcance jurídico del indulto y la amnistía.

En primer término, la clemencia es un atributo de la soberanía, que se ejerce con arbitrariedad y que, en cierto modo, es un residuo del poder absoluto que coletea dentro del Estado de Derecho.

En la medida en que la clemencia tiene el mismo fundamento del poder, su aplicación es de carácter político, pero debe estar motivada por el interés general o servir de medio para reparar injusticias, incluso para limitar el alcance de leyes penales que pueden haber quedado desactualizadas y que no han sido derogadas.

Otra de sus características es ser un atributo de los órganos del Estado a los que se ha concedido la competencia de borrar de la memoria el delito cometido o de suprimir los efectos de la pena, por manera que nadie tiene el derecho de exigir al Estado que se le conceda clemencia, salvo cuando no se cumple con el principio constitucional de la igualdad ante la ley.

Todos los que se encuentran en la misma situación deben ser beneficiados por la gracia, sin que quepan discriminaciones o favoritismos. Por ello, la amnistía al Dr. Gustavo Noboa, que se origina en una injusta persecución y en la politización de la justicia, debe alcanzar a todos los colaboradores que en su gobierno intervinieron en los hechos que fueron materia de la imputación penal. No admite la doctrina que la amnistía sea individual y así manda la Constitución , como es impropio otorgar un indulto general.

La amnistía es una excepción a la norma penal común y “deroga retroactiva y transitoriamente” la ley. Exige, por tanto, que sea implementada a través de resolución que tenga la misma jerarquía que la disposición cuya aplicación se suspende, es decir, que requiere de ley.

El indulto exime al condenado del cumplimiento de la condena que se le impuso por la comisión de un delito y, por tanto, no extingue la responsabilidad penal. El indultado puede ser reincidente, no así el amnistiado. Rodrigo Borja, en su Enciclopedia, distingue bien a las dos instituciones: “La amnistía va hacia el pasado y lo borra, mientras que el indulto mira el futuro, pero conserva la memoria del pasado”. Nuestra Constitución atribuye al Congreso la competencia de conceder amnistías generales por delitos políticos e indultos por delitos comunes y al Presidente de la República la de indultar. Por lo dicho anteriormente, el Congreso Nacional debería hacerlo mediante ley y el Presidente a través de un acto administrativo.

Es de suponer que la Asamblea recurrirá al instrumento de su invención llamado ‘mandato' para implementar lo uno y para lo otro, supliendo así la falta de legislación en nuestro país que regule la concesión de la gracia, cuando el interés público y evidentes injusticias requieran de una intervención extraordinaria de los poderes legislativo o ejecutivo en el ordenamiento penal común.

 

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