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Amnistía solicitada a la Asamblea Constituyente

Informe de la Dra. Diana Acosta, Dra. Ximena Bohórquez, Dr. Galo Lara, al Presidente de la Mesa de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Nacional Constituyente Dr. César Rodríguez

Montecristi, Ciudad Alfaro, 9  de Abril del 2008

SEÑOR LICENCIADO

CESAR RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA No. 10 DE

LEGISLACION Y FISCALIZACIÒN

De mis consideraciones:

                                   Ref: Informe de la Mesa de Legislaciòn y Fiscalizaciòn  sobre la amnistìa solicitada      por   el señor Presidente Constitucional de la Repùblica a favor del Dr. Gustavo Noboa Bejarano.                                      

Luego de analizados los informes elaborados por los Asambleístas León Roldós Aguilera, Galo Lara y Ximena Bohórquez, sobre la pertinencia de que la Asamblea Nacional Constituyente otorgue amnistía general a favor del ex Presidente Constitucional de la República , Dr. Gustavo Noboa Bejarano, la Mesa de Legislación y Fiscalización, considera oportuno presentar las siguientes consideraciones que fundamentan la recomendación final sobre la amnistía solicitada.

 

•1.             LA DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA

En el mes de mayo del año 2003, en la Fiscalía General del Estado, se presentó por parte del entonces diputado Ing. León Febres Cordero una denuncia en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, también en ese entonces, Presidente Constitucional de la República , del Econ. Jorge Gallardo Zavala, ex Ministro de Economía y de varios otros  funcionarios del Estado de esa época; acusándolos de haber cometido el delito de peculado en el proceso de renegociación de la deuda externa del Ecuador.

La denuncia presentada, estuvo rodeada desde su presentación, de un enorme matiz político, que puso en entredicho el funcionamiento del sistema de administración de justicia del país; y, como consecuencia de la denuncia,  se inició en la Fiscalía General Estado, una indagación previa (Nº099-2003) para investigar el perjuicio denunciado, estimado en nueve mil millones de dólares, derivado de no haber efectuado una facilidad petrolera como mecanismo de renegociación, en lugar del canje efectuado.

Así mismo, se iniciaron dos instrucciones fiscales, por el delito de peculado, en razón del uso de un remanente de bonos globales, cuya realización, a precio de mercado, fue destinada a los bancos de propiedad del Estado Pacífico y Filanbanco (Nº049-2003); así como al pago de honorarios, a la consultora Salomón Smith & Barney (Nº083-2003).

La indagación previa fue objeto de una resolución judicial de desestimación, en el mes de diciembre del año 2004, mientras era Ministra Fiscal General del Estado la Dra. Mariana Yépez; posteriormente tal desestimación fue dejada sin efecto durante la gestión de la Dra. Cecilia Armas de Tobar, en esa época la nueva Ministra Fiscal General del Estado.  Esta indagación no llegó a convertirse en instrucción fiscal; y, por disposición del siguiente Ministro Fiscal General del Estado, el Dr. Jorge German, se anexó al proceso Nº049-2003, en la Corte Suprema de Justicia.

Las instrucciones fiscales 049-2003 y 083-2003, fueron declaradas nulas el 30 de marzo del año 2005, por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Castro Dáger.

No obstante tal declaratoria de nulidad, el entonces Presidente de la Corte Suprema Dr. Jaime Velasco Dávila decidió declarar inexistente el auto de nulidad dictado por el Dr. Castro Dáger, en el proceso Nº049-2003 y convocar a audiencia preliminar; luego de lo cual, dictó un auto de llamamiento a juicio, en contra de los imputados.  Este auto de llamamiento a juicio, fue objeto de apelación, la cual, sustanciada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los doctores Roberto Gómez Mera, Joffre García Jaime y Pilar Sacoto, terminó con la ratificación del auto de llamamiento a juicio: como autor, JORGE GALLARDO ZAVALA; como cómplice, ALONSO PEREZ KAKABADSE, y, como encubridores, GUSTAVO NOBOA BEJARANO, FRANCISCO AROSEMENA ROBLES y CARLOS CARRERA NORITZ.

El proceso Nº083-2003, que se encontraba aparentemente cerrado luego de la declaratoria de nulidad del 30 de marzo de 2005, fue objeto de una providencia dictada el pasado 2 de abril de 2008, por el Dr. Roberto Gómez Mera, quien se excusó de continuar con la sustanciación ante el Dr. José Vicente Troya, quien mediante providencia dictada el día 3 de abril, negó la excusa planteada, con lo cual, el proceso podría reactivarse si se da paso a sendas apelaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado, Procuraduría y Contraloría General del Estado.

En el afán de manejar la mejor información posible, días atrás el Ab. León Roldós Aguilera, recabó el pronunciamiento del señor Contralor General del Estado, sobre indicios de responsabilidades penales y civiles del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, por venta de los bonos globales sobrantes después de la renegociación de la deuda externa; emitidos por autorización constante del Decreto Ejecutivo 618, de 26 de julio del 2000, publicado en el Registro Oficial No.146 de 22 de agosto del mismo año, con el objeto de darle liquidez a los bancos Pacífico y Filanbanco en el 2001; cuando el último citado cerró; y, la presión de los depositantes era inmensa sobre ese banco y sobre el Pacífico.

 

•2.             MARCO LEGAL

El delito que se acusa, está tipificado en el Art. 257 del Código Penal -texto sustituido conjuntamente con los Arts. 258 y 259, por el Art. 396 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, R.O. 337, 16-V-1977; agregado el último inciso por el Art. 31 de la Ley 93, R.O. 764-S, 22­VIII-1995; agregado el tercer inciso por el Art. 19 de la Ley 99-26, R.O. 190, 13-V-1999; sustituido el inciso primero por el Art. 17 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-V-2001:

“Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”.

El Código Penal, establece las condiciones de autoría, complicidad y encubrimiento:

“Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin”.

“Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar”.

“Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente”.

El encubrimiento no se refiere a los hechos materia de la infracción, sino a la protección de los malhechores o a favorecerlos post-infracción ocultando o inutilizando pruebas o impidiendo acciones de investigación.

 

•3.             ENTORNO EN QUE SE DIO LA VENTA DE LOS BONOS

En teoría, podría colegirse que el excedente de bonos, después de la renegociación de la deuda externa (razón de su emisión) debió retirarse, no venderse, porque si se retiraba, se disminuía la deuda externa, y no había el consiguiente pago de intereses, que hasta el retiro, se cruzaban pagos e ingresos por intereses.

Al autorizar la venta de los bonos para dar liquidez a un banco cerrado y a otro en riesgo de cerrar,  así como por la tremenda presión de retiro de depósitos que había en el sector bancario a nivel nacional, el Ministro Gallardo tomó una difícil decisión, pero que en nuestra percepción, no estuvo en los supuestos de abuso de dineros públicos “en beneficio propio o de terceros”. Tampoco lo está, el caso del pago de honorarios a Salomón Smith & Barney, en razón de que tales pagos se realizaron por orden del ex Ministro Luis Iturralde en la forma prevista en el contrato que se había suscrito con el Estado ecuatoriano en el año 1999 por el ex Ministro Alfredo Arízaga, tal como lo corroboran los peritos designados por el Ministerio Público y que forma parte de los procesos penales 049-2003 y 083-2003.

¿Hubo una violación objetiva del Decreto Ejecutivo 618 de emisión de los bonos? SI, pero, no existe ninguna evidencia de que alguno de los imputados, hubiera aprovechado para sí, el dinero de la venta.  Por el contrario, incluso en el auto de llamamiento a juicio, así como en el fallo de la primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, o en los dictámenes acusatorios provenientes de la Fiscalía , constan que el dinero fue recibido por los dos bancos de propiedad del Estado ecuatoriano y por la consultora Salomón Smith & Barney; ninguno de cuyos representantes, fue imputado en ninguno de los procesos.

Si el valor de venta de los bonos, fue al precio del mercado, no hubo exceso de lucro de los adquirentes de los bonos.

Los bancos del Pacífico (que luego reembolsó el cien por ciento al Estado) y Filanbanco se beneficiaron de la venta de dichos bonos, pero para amparar a sus depositantes; Salomón Smith & Barney recibió los valores pactados en el contrato suscrito en el año 1999 por el ex Ministro Alfredo Arízaga.

De la documentación revisada, así como de las actuaciones del Ministerio Público, no aparece que la presunción de inocencia que reconocen a favor de las personas, tanto la Constitución Política de la República del Ecuador, cuanto el Pacto de San José, hubiera sido desestimada; lo que confirma, que no existió beneficio personal ilegítimo, con lo cual no existe en modo alguno, la adecuación de los hechos al tipo penal de peculado; tampoco, el grado de participación de los imputados, se ajusta a lo contemplado en el Código Penal, en los artículos 42, 43 y 44.

 

•4.             PERSECUCIÓN POLÍTICA

La persecución al Dr. Gustavo Noboa Bejarano, fue evidente. Desde la acusación en el Congreso Nacional, continuada con instrucciones fiscales, cual fuese un peligroso criminal; llegando hasta el atropello físico, cuando decidió fijar domicilio en Santa Elena, retornándolo con violencia a Guayaquil, causándole una lesión que motivó intervención quirúrgica.

La declaratoria de inexistencia de un auto de nulidad, dictado por la Corte Suprema de Justicia, la concesión de asilo político por la República Dominicana y la enorme conmoción que en el país ha causado este procesamiento, demuestran que la justicia en ese entonces, no obró en forma imparcial, mas bien, cedió a los intereses de actores políticos, que previamente habían anunciado persecuciones implacables, sin importar la enorme afectación que tales conductas provocaban en las instituciones, cuyo deterioro llegó a límites insospechados. 

La violación evidente a las garantías del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, se han puesto de manifiesto en este caso, al punto de que se ha violado la ley en varias instancias. Así por ejemplo, el haber mantenido abierta la indagación previa Nº099 por casi 5 años, cuando el Código de Procedimiento Penal contempla como máximo 2años; o, el haber mantenido un proceso archivado en la práctica (Nº083-2003) por casi 3 años, para, luego de ese largo período, proceder a continuar sustanciándolo; todo lo cual evidencia actuaciones irregulares del sistema judicial, en el que incluso, la Fiscalía General del Estado, a través de su máxima representante de ese entonces, la Dra. Cecilia Armas, se arrogó funciones, al haber dispuesto que la Policía Nacional proceda al arresto domiciliario del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, pese a que la orden de privación de su libertad había quedado sin efecto por decisión judicial.

 

•5.             RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La respuesta de la Contraloría General del Estado antes mencionada, consta en el oficio No.006261 DPRC DP de 18 de marzo del 2008, que en la parte de indicios de responsabilidad penal expresa:

En materia de indicios de responsabilidad penal

“Los indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría , se encuentran señalados en la página 11 del memorando de antecedentes sobre los hechos relatados en el informe de examen especial No.DAS-26-2003 (venta de los bonos globales sobrantes páginas 37 a 41) en donde consta, en la parte de conclusiones, que los señores Jorge Gallardo Zavala y Carlos Carrera autorizaron vender bonos globales 2030 y 2012, por US$59.517.000 y que fueron destinados a los bancos Filanbanco y Pacífico, incumpliendo lo dispuesto en el decreto 618 de 26 de julio de 2000 publicado en el Registro Oficial 146 de 22 de agosto del mismo año , informe oportunamente puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado”.

La Contraloría General del Estado ratifica que no existió beneficio personal ni siquiera en el caso de quienes dispusieron la venta de los bonos global sobrantes, lo cual confirma la actuación irregular de la administración de justicia.

 

En materia de responsabilidad civil

Sobre los señores Noboa Bejarano, Arosemena Robles y Pérez Kakabadse no hay responsabilidad civil alguna que haya determinado la Contraloría General del Estado.

•6.             CUESTIONAMIENTOS A LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

La Mesa deja constancia, de que varios de sus integrantes han cuestionado en su momento, la renegociación de la deuda externa del año 2000; por la forma en que se realizó; la cual fue sugerida por la Comisión Renegociadora , creada mediante  Decreto Ejecutivo No 465 del 5 de junio del 2000, publicado en el Registro Oficial No 96 del 12 de junio del mismo año.  No obstante tales cuestionamientos, los peritos del Ministerio Público, presentaron un informe en el que procesalmente determinaron que el proceso de renegociación sí fue conveniente. 

La determinación de la conveniencia o inconveniencia del proceso de renegociación, que constituye una visión subjetiva, no constituye elemento que deba ser considerado para determinar si una decisión económica constituye delito; y, si en ella existió dolo. Si la renegociación fue inconveniente, corresponde ahora adoptar los correctivos necesarios para cesar sus efectos, pero no por ello, puede desestimarse una justa pretensión de los implicados en este caso, especialmente el del Ex Presidente Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

Lo que queda demostrado, es que la persecución política existió; y, por ello, la Mesa de Legislación y Fiscalización, recomienda el otorgamiento de la amnistía, en los términos que constan en el documento adjunto.

 

Dra. Diana Acosta de Loor                        Dra. Ximena Bohorquez

Asambleista Prov.  del Guayas                  Asambleista Nacional

                                               Sr. Galo Lara

                                      Asambleìsta Prov. Los Rìos

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

 

CONSIDERANDO

 

Que , mediante Decreto Ejecutivo Nº618 de 26 de julio de 2000, publicado en el Registro Oficial 146 de 22 de agosto del mismo año, se dio paso al proceso de renegociación de la deuda externa del Ecuador;

Que , la renegociación de la deuda externa, fue realizada siguiendo las recomendaciones de la Comisión Renegociadora , la cual fue creada mediante Decreto Ejecutivo N465 del 5 de junio del 2000, publicado en el Registro Oficial No 96 del 12 de junio del mismo año;

Que , de la documentación revisada y analizada por los integrantes de la Mesa N º10 de la Asamblea Nacional Constituyente, no se han encontrado evidencias que determinen algún beneficio personal por parte del ex Presidente de la República , Dr. Gustavo Noboa Bejarano, ni de los miembros de la Comisión Renegociadora de la Deuda Externa , ni de alguno de los imputados en los procesos penales instaurados como consecuencia de una denuncia presentada por el Ing, León Febres Cordero, obrando en calidad de diputado;

Que , las denuncias del Ing. León Febres Cordero dieron origen al Informe de Contraloría, del cual se desprendieron indicios de responsabilidad penal y responsabilidades civiles en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Jorge Gallardo Zavala, Alonso Pérez Kakabadse, Francisco Arosemena Robles y Carlos Carrera Noritz, y que se ha demostrado que no caben acusaciones en ese sentido pues no hubo ni perjuicio al Estado Ecuatoriano ni apropiación de dineros por parte de los imputados;

Que , dentro del mismo proceso de persecución política que originó la denuncia del Ing. León Febres Cordero se iniciaron causas penales de enriquecimiento ilícito (Juicio Penal #363-05) en contra del Ingeniero Jorge Gallardo Zavala, y por acusación de peculado en el caso 93-BP (Juicio Penal #387-05) en contra del Ingeniero Jorge Gallardo Zavala y otros;  y que la Mesa de Legislación y Fiscalización de la Asamblea luego de un análisis extenso y completo de pruebas, dictámenes, informes y testimonios, concluye que no existen elementos ni sustento alguno para mantener dichas acusaciones;

Que , las actuaciones irregulares del sistema judicial y del Ministerio Público demuestran que los expedientes Nº099-2003, (indagación previa) 049-2003 (proceso penal Bancos del Pacífico y Filanbanco) y 083-2003 (proceso penal honorarios Salomón Smith & Barney)  fueron el resultado de la persecución política;

Que , como consecuencia de la renegociación de la deuda externa, se instauraron varios procesos penales cuya sustanciación ha sido por decir lo menos, irregular, obedeciendo a móviles reprochables que judicializaron decisiones económicas, que llevaron al campo de la persecución judicial, los conflictos de orden  político; causando con ello, un grave deterioro de instituciones fundamentales para el normal funcionamiento de la sociedad.

Que , la amnistía es una institución jurídica reconocida por el ordenamiento jurídico del Ecuador; que tiene como finalidad, la extinción excepcional de procesos penales, cuando median circunstancias especiales entre las cuales, se encuentran los delitos políticos o los delitos comunes, cuando estos son el resultado de móviles políticos; 

Que, la amnistía es un acto de alta política aplicable a los delitos políticos, conexos y comunes, tomando en consideración a los hechos y no a las personas; por ello es esencialmente colectiva y no puede beneficiar a un sólo reo pues sería ilógico dejar subsistente la responsabilidad de los demás participes;

Que, la amnistía es general y amplia, debido a su esencia de considerar un instrumento político para poder lograr una armonía social dentro de un Estado;

Que , la Asamblea Nacional Constituyente, asumió por Mandato,  las facultades del Congreso Nacional, entre las cuales se encuentran las de conceder amnistías; y,

En ejercicio de sus atribuciones, 

 

RESUELVE

 

Artículo 1.- Conceder amnistía general a favor del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Ing. Jorge Gallardo Zavala, Econ. Alonso Pérez Kakabadse, Ing. Francisco Arosemena Robles, y Econ. Carlos Carrera Noritz, por las imputaciones civiles, penales y administrativas realizadas durante su gestión como Presidente de la República , Ministro de Economía y miembros de la Comisión Negociadora de la Deuda , respectivamente, dentro del proceso de renegociación de la deuda externa del Ecuador dispuesta mediante Decreto Ejecutivo Nº 618 de 26 de julio de 2000, publicado en el Registro Oficial 146 de 22 de agosto del mismo año.

Artículo 2.- Disponer el archivo definitivo de todas las indagaciones previas, procesos y causas penales y/ o administrativos abiertos en contra de los amnistiados. 

Artículo 3.- Disponer que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de sus propias competencias, notifiquen formalmente, a los ciudadanos mencionadas en el artículo 1, en el término máximo de ocho días,  con el archivo de todas las causas, expedientes y procesos penales instaurados en su contra, según lo señalado en el artículo 2 de esta Resolución.

Artículo 4.- Notifíquese.-

 

Dado en Montecristi, a los   9     días del mes de abril de 2008.

Link permanente en Blog de la Dra. Diana Acosta

http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/diana_acosta/2008/04/16/informe-amnistia-caso-noboa/

 

 

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