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Amnistía solicitada a la Asamblea Constituyente

De amnistías

Diario Hoy, 16 de abril de 2008

Por Enrique Valle Andrade
La petición de amnistía para el doctor Gustavo Noboa Bejarano, que ha sido materia de estudio por parte de la Comisión de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Constituyente, por un razonamiento lógico y de equidad, tenía que abarcar también, y así las ha abarcado, a todos aquellas otras personas involucradas en la acusación contra el ex presidente; entre ellas, al economista Jorge Gallardo Zavala.

La resolución definitiva que deberá tomar el pleno de la Asamblea, si está alentada por el propósito de instaurar la justicia en este caso, debe poner punto final a los padecimientos y frustraciones de Noboa, Gallardo y los otros involucrados, gestados dentro de un proceso de persecución política a la que coadyuvaron algunos funcionarios públicos obsecuentes a las presiones del poder.

Cuando en este país se quiere destruir a una persona no existe más perverso recurso que acusarla de peculado. Por obra del odio político, el revanchismo y la limitada formación jurídica de algunos que investigan infracciones, esta acusación se ha convertido en un látigo con el que se trata de azotar a todo aquel a quien se quiere hundir. Todo es peculado dentro del estrecho cerco que encierra la mente de los Torquemadas criollos y de ciertos auditores de cuentas que trabajan con anteojeras.

La doctrina y la jurisprudencia son claras en cuanto a dejar en claro que, para que exista el llamado abuso de fondos públicos comúnmente conocido como peculado, es necesario que se haya dispuesto de esos fondos arbitrariamente; es decir, que haya habido actos de apropiación de dineros en provecho propio o de terceros.

Para que haya peculado debe existir dolo, es decir mala intención por parte del sujeto. El peculado es delito “doloso”, no “culposo”; no castiga el error ni la negligencia. En el manejo de los dineros públicos pueden darse fallas e inconsistencias, pero si no hay apropiación, no hay peculado.

Por todas estas razones ha quedado claro que todos quienes han acusado a Jorge Gallardo y a los otros implicados no han podido comprobar que en su gestión hubo dolo y aprovechamiento personal. Por el contrario, existen plenas evidencias de que, si bien con la decisión de la venta de los bonos pudo existir una violación objetiva del Decreto Ejecutivo 618, es verdad no controvertida que el ministro de Finanzas no aprovechó para sí el dinero; por el contrario, este sirvió para el pago de los depositantes del mencionado banco y evitar su quiebra.

Si esto no se hubiera hecho, no se habría generado la actual bonanza de esa institución financiera y, en esa circunstancia, el Estado habría tenido que erogar otra inmensa suma adicional a aquella que le significó afrontar la crisis bancaria.

 

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