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Amnistía solicitada a la Asamblea Constituyente

Carta de Maria Paula Romo presidenta de la mesa 10 al Arq. Fernando Cordero de 2 de Julio acogiendo preocupación del Grupo Nacional de deuda y documento final presentado a la Asamblea

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Oficio No. 256MLF-CI-S-2008

Ciudad Alfaro, 2 de julio del 2008

Arquitecto
Fernando Cordero
Presidente
Asamblea Constituyente
Presente

Estimado Fernando,

Luego de haber aprobado la recomendación de esta Mesa de otorgar amnistía al ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano y otros involucrados en los procesos penales relacionados a la venta de excedentes de los bonos global, recibimos, como todos los miembros de la Asamblea, dos cartas del Grupo Nacional de Deuda que contenían algunas preocupaciones sobre la redacción de la resolución.

El Grupo Nacional de Deuda recomienda una redacción más exacta que en ningún caso se interprete como un límite a su investigación sobre legitimidad de deuda, tema de nuestra preocupación y de gran interés para el país.

Acogiendo la preocupación del Grupo Nacional de Deuda, propongo para su conocimiento y el de los miembros de la Asamblea Constituyente, una nueva redacción de la resolución de amnistía, que conserva la recomendación realizada por la Mesa 10, pero que resuelve también las inquietudes generadas alrededor de un tema tan sensible.

Atentamente,

Maria Paula Romo
Presidenta
Mesa de Legislación y Fiscalización

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Considerando

Que el día 21 de mayo del año 1003, el entonces diputado León Febres Cordero-Ribadeneira, efectuó en el Congreso Nacional una denuncia contra el Ex Presidente de la Republica, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, por la renegociación de la deuda externa de la Nación.

Que debido a la referida denuncia, con fecha 22 de mayo de 2003 loa Fiscalía General del Estado realizo una indagación previa y de dos instrucciones fiscales, sobre la base de la presentación efectuada en el Congreso Nacional.

Que tal denuncia derivo en una causa penal, actualmente en tramite por ante los tribunales de la Republica, por la disposición de 126.4 millones de dólares en Bonos Globales, en la que el Dr. Gustavo Noboa Bejarano ha sido imputado del delito de encubrimiento de peculado, sin que esa denuncia involucrara a la consultora Salomón Smith Barney, ni a las autoridades de los bancos estatales involucrados, ni al Ministro de economía Luis Iturralde.

Que el contrato de honorarios celebrado con Salomón Smith Barney en 1999, fue anterior a la gestión del Presidente de la Republica del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, limitándose a este a complementar lo que se había pactado oportunamente.

Que el informe oportunamente emitido por la Contraloría General del Estado, y de los que obran en la causa penal actualmente en tramite, surge que la disposición de los 126.4 millones de dólares en Bonos Global fue destinado a través de los tramites administrativos correspondientes, a los bancos Pacifico y Filanbanco que estaban intervenidos por el Estado, teniendo este el 100% de las acciones de los mismos.

Que si bien las instituciones bancarias mencionadas en el punto precedente eran instituciones de derecho privado sometidas a ese régimen jurídico, no es posible desconocer que estaban manejadas por el Estado, y los fondos públicos que se destinaron, como resultado de la venta de los Bonos Globales, fueron a bancos controlados por el Estado, no tratándose de una disposición del dinero del Estado para favorecer a bancos privados, ya que habían dejado de serlo.

Que si bien el Código de Procedimientos en lo penal establece que la indagación previa no puede durar mas de dos años, el tramite de indagatoria de las actuaciones ha excedido en mas del doble del plazo, lo que significa una manifestación ilegalidad.

Que sin entrar a considerar si hubo o no violación de los Decretos Ejecutivos que autorizaron la emisión de Bonos Globales y su destino especifico, resulta evidente, que los fondos fueron depositados en bancos que eran del Estado, y no hubo en tal disposición el mas mínimo beneficio patrimonial para el Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

Que resulta indudable que la prosecución del proceso penal, no evidencia el propósito de hacer justicia, sino de efectuar un tipo de persecución, que no se ajusta a las consecuencias de las causa penal, y mucho menos, a que haya existido algún tipo de beneficio personal para el Ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano, cuando se dispuso la asignación de fondos públicos a bancos que ya estañan intervenidos, sin que en su administración tuviera injerencia sus anteriores accionistas.

Que la amnistía, significa borrar el delito, extinguir la acción penal derivada de cualquier hecho presuntamente ilícito, y generalmente se funda en la necesidad de reparar algún procedimiento injusto o de situaciones de orden político, que puedan afectar la armonía institucional, ante la perpetuación de un proceso judicial que no responde al orden jurídico sino a motivaciones claramente políticas, que es necesario enfatizar.

Que al no existir en toda la documentación que sirve de sustento al proceso, la menor evidencia, de que a través de su gestión como Presidente del Ecuador, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano se haya beneficiado con esa negociación de fondos públicos, destinados a capitalizar a bancos del Estado, resulta inadmisible la continuación de un proceso arbitrario, que no responde a las normas correspondientes a la instrucción penal.

Que si bien la decisión de disponer de esos fondos puede ser cuestionada políticamente, no puede de manera alguna ser fundamento para una acción judicial, carente de los mínimos fundamentos para ser sustentada, pudiendo entenderse que la prosecución de la misma, obedece a una clara intencionalidad política, y no al esclarecimiento de un delito.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE

 Articulo 1.- Amnistiar al Ex Presidente de la Republica, Dr. GUSTAVO NOBOA BEJARANO, y a todos aquellos intervinientes en los hechos que fueran materia de imputación penal, por la utilización del remanente de Bonos Globales en proveer liquidez a los bancos Pacifico y Filanbanco, mediante transferencias de fondos a favor de los mismos.

Artículo 2.-  La amnistía que se decreta en este acto, se refiere en forma exclusiva al hecho enunciado en el artículo precedente, sin que la misma tenga relación alguna con todo lo referido a la renegociación de la deuda externa llevado a cabo durante la gestión del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, ya que se trata de dos hechos absolutamente diferentes.

Articulo 3.- Que debido a la amnistía decretada, ante la inexistencia de delito alguno como consecuencia de la misma, comuníquese al Poder Judicial a los efectos de que tome nota de lo dispuesto en la presente resolución.

Articulo 4.-  La decisión adoptada, no significara en ningún caso, extinguir cualquier acción derivada de las medidas económicas y políticas llevadas a cabo durante la gestión del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en especial todo el proceso de renegociación de la deuda publica y la consecuente emisión de Bonos Globales, que son materia de investigación por la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Publico, creada por Decreto Ejecutivo No. 472 el 9 de julio de 2007.

 

MLF-CI-SR-Of-127
Ciudad Alfaro, Montecristi, 11 de abril 2008-07-23

 

Señor Economista
ALBERTO ACOSTA
Presidente de la Asamblea Constituyente
En su despacho.-

De mi consideración:

Mediante memorando numerado PAC-2008-058 de fecha 09 de febrero de 2008, la Comisión Directiva resolvió, que la Mesa de Legislación y Fiscalización procede las solicitudes de indulto y amnistía, conforme la lista adjuntada. Con fecha 10 de abril de los corrientes la Mesa, en cumplimiento a esta Resolución, aprobó el Proyecto de informe (7Fs); así como el Proyecto de Resolución (1Fs), que se adjunta, presentado por la Comisión de miembros integrada por las asambleístas Diana Acosta de Loor, Ximena Bohórquez y el asambleísta Galo Lara en relación a la “Amnistía solicitada a favor del Dr. Gustavo Noboa Bejarano ex –Presidente Constitucional de la Republica.”, votación que se registró de la siguiente manera:

 PROYECTO DE INFORME.- Se aprueba con el voto favorable de 9 Asambleístas (Francisco Castro, Félix Alcívar, Rosana Alvarado, Ximena Bohórquez, Tania Narváez, Marisol Peñafiel, Maria de Lourdes Medina, Fernanda Sacoto, Maria Paula Romo). 1 voto en contra (Carlos Medina); 1 abstención (Galo Lara); el momento de la votación no se encuentra presente las asambleístas Franco Necker y Gilberto Guamangate.

PROYECTO DE RESOLUCION.-  Se aprueba con el voto favorable de 9 Asambleístas (Francisco Castro, Félix Alcívar, Rosana Alvarado, Ximena Bohórquez, Tania Narváez, Marisol Peñafiel, Maria de Lourdes Medina, Fernanda Sacoto, Maria Paula Romo). 1 voto en contra (Carlos Medina); el momento de la votación no se encuentran presentes los asambleístas Franco Necker, Gilberto Guamangate y Galo Lara.

Informe y proyecto de Resolución que acompaño a fin de que se sirva ponerlos en consideración del pleno de la Asamblea.

Atentamente

 

DRA. MARIA PAULA ROMO                                            DR. FRANCIS ABAD
Presidenta de la Mesa de Legislación                        Secretario Relator (e).
Y Fiscalización (e).

 

Informe de la Mesa de Legislación y fiscalización sobre la amnistía a favor del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, ex Presidente de la Republica.

Luego de analizados los informes elaborados por los Asambleístas León Roldós Aguilera, Galo Lara, Ximena Bohórquez, sobre la pertinencia de que la Asamblea Nacional Constituyente otorgue amnistía general a favor del ex Presidente Constitucional de la Republica, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, la Mesa de Legislación y Fiscalización, considera oportuno presentar las siguientes consideraciones que fundamentan la recomendación final sobre la amnistía solicitada.

  1. LA DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE RENEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA

 En el mes de mayo del año 2003, en la Fiscalía General del Estado, se presento por   parte del entonces diputado Ing. León Febres Cordero una denuncia en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, también en ese entonces, Presidente Constitucional de la Republica, del Econ. Jorge Gallardo Zavala, ex Ministro de Economía y de varios otros funcionarios del Estado de esa época; acusándolos de haber cometido el delito de peculado en el proceso de renegociación de la deuda externa del Ecuador.

La denuncia presentada, estuvo rodeada desde su presentación, de un enorme matiz político, que puso en entredicho el funcionamiento del sistema de administración de justicia del país; como consecuencia de la denuncia, se inicio en la Fiscalia General Estado, una indagación previa (No 099-2003) para investigar el perjuicio denunciado, estimado en nueve mil millones de dólares, derivado de no haber efectuado una facilidad petrolera como mecanismo de renegociación, en lugar del canje efectuado.

Así mismo, se iniciaron dos instrucciones fiscales, por delito de peculado, en razón del uso de un remanente de bonos globales, cuya realización, a precio de mercado, fue destinada a los bancos de propiedad del Estado Pacifico y Filanbanco (No 049-2003); así como al pago de honorarios, a la consultora Salomón Smith & Barney (No 083- 2003).

La indagación previa fue objeto de una resolución judicial de desestimación, en el mes de diciembre del año 2004, mientras era Ministra Fiscal General del Estado la Dra. Mariana Yépez; posteriormente tal desestimación fue dejada sin efecto durante la gestión de la Dra. Cecilia Armas de Tobar, en esa época la nueva Ministra Fiscal General del Estado. Esta indagación no llego a convertirse en instrucción fiscal; y por disposición del siguiente Ministro Fiscal General del Estado, Dr. Jorge German, se anexo al proceso No 049- 2003, en la Corte Suprema de Justicia.

Las instrucciones fiscales 049-2003 y 083-2003, fueron declaradas nulas el 30 de marzo del año 2005, por el entonces Presidente de la irregula Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Castro Dáger.

No obstante tal declaratoria de nulidad, el entonces Presidente de la Corte Suprema Dr. Jaime Velasco Dávila decidió declarar inexistente el auto de nulidad dictado por Dr. Castro Dager, en el proceso No 049-2003 y convocar a audiencia preliminar, luego de lo cual, dicto un auto de llamamiento a juicio, en contra de los imputados. Este auto de llamamiento a juicio, fue objeto de apelación, la cual, sustanciada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los doctores Roberto Gómez Mera, Joffre Garcia Jaime y Pilar Sacoto, termino con la ratificación del auto de llamamiento a juicio: como autor, JORGE GALLARDO ZAVALA; como cómplice, ALONSO PEREZ KAKABADSE, y, como encubridores, GUSTAVO NOBOA BEJARANO, FRANCISCO AROSEMENA ROBLES Y CARLOS CARRERA NORITZ.

El proceso No 083-2003, que se encontraba aparentemente cerrado luego de la declaratoria de nulidad del 30 de marzo de 2005, fue objeto de una providencia dictada el pasado 2 de abril de 2008, por el Dr. Roberto Gómez Mera, quien se excuso de continuar con la sustanciación ante el Dr. Jose Vicente Troya, quien mediante providencia dictada el día 3 de abril, negó la excusa planteada, con lo cual, el proceso podría reactivarse si se da paso a sendas apelaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado, Procuraduría y Contraloría General del Estado.

En el afán de manejar la mejor información posible, días atrás el Ab. León Roldós Aguilera, recabo el pronunciamiento del señor Contralor General del Estado, sobre indicios de responsabilidades penales y civiles del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, por venta de los bonos globales sobrantes después de la renegociación de la deuda externa; emitida por autorización constante del Decreto Ejecutivo 618, de 26 de julio del 2000, publicado en el Registro Oficial No. 146 de 22 de agosto del mismo año, con el objeto de darle liquidez a los bancos Pacíficos y Filanbanco en el 2001; cuando el ultimo citado cerro; y, la presión de los depositantes era inmensa sobre ese banco y sobre el Pacífico.

  1. MARCO LEGAL

El delito que se acusa, esta tipificado en el Art. 257 del Código Penal-texto sustituido conjuntamente con los Art. 258 y 259, por el Art. 396 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, R.O. 337, 16-V-1977; agregado el ultimo inciso por el Art. 31 de la Ley 93, R.O. 764-S, 22VIII-1995; agregado el tercer inciso por el Art. 19 de la Ley 99-26, R.O. 190, 13-V-1999; sustituido el inciso primero por el Art. 17 de la Ley 2001-47,R.O. 422, 28-V-2001:

“Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años los servidores de los organismos y entidades del sector publico y toda persona encargada de su servicio publico, que, en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista al abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”.

El Código Penal, establece las condiciones de autoría, complicidad y encubrimiento:

“Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa inmediata, sea aconsejando o investigando a otro para que la cometa, cuando el concejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dadiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulero y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin”.

“Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.
Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar”.

“Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente”.

El encubrimiento no se refiere a los hechos materia de la infracción, sino a la protección de los malhechores o a favorecerlos post-infracción ocultando o inutilizando pruebas o impidiendo acciones de investigación.

  1. ENTORNO EN QUE SE DIO LA VENTA DE LOS BONOS

 En teoría, podría colegiarse que el excedente de bonos, después de la renegociación de la deuda externa (razón de su emisión) debido retirarse, no venderse, porque si se retiraba, se disminuía la deuda externa, y no había el consiguiente pago de intereses, que hasta el retiro, se cruzaban pagos e ingresos por intereses.

Al autorizar la venta de los bonos para dar liquidez a un banco cerrado y a otro en riesgo de cerrar, así como por la tremenda presión de retiro de chepositos que había en el sector bancario a nivel nacional, el Ministro Gallardo tomo una 0dificil decisión, pero que en nuestra percepción, no estuvo en los supuestos de abuso de dineros públicos “en beneficio propio o de terceros”. Tampoco lo esta, el caso del pago de honorarios a salomón Smith & Barney, en razón de que tales pagos se realizaron por orden del ex Ministro Luis Iturralde en la forma prevista en el contrato que se había suscrito con el Estado ecuatoriano en el año 1999 por el ex Ministro Alfredo Arízaga, tal como lo corroboran los peritos designados por el Ministerio Publico y que forma parte de los procesos penales 049-2003 y 083-2003.

¿Hubo una violación objetiva del Decreto Ejecutivo 618 de emisión de los bonos? Si, pero, no existe ninguna evidencia de que alguno de los imputados, hubiera aprovechado para si, el dinero de la venta. Por el contrario, incluso en el auto de llamamiento a juicio, así como en el fallo de la primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, o en los dictámenes acusatorios provenientes de la Fiscalía, constan que el dinero fue recibido por los dos bancos de propiedad del Estado ecuatoriano y por la consultora Salomón Smith & Barney; ninguno de cuyos representantes, fue imputado en ninguno de los procesos.

Si el valor de venta de los bonos, fue al precio del mercado, no hubo exceso de lucro de los adquirentes de los bonos.

Los bancos de3l Pacifico (que luego reembolso el cien por ciento al Estado) y Filanbanco se beneficiaron de la venta de dichos bonos, pero para amparar a sus depositantes; Salomón Smith & Barney recibió los valores pactados en el contrato suscrito en el año 1999 por el ex Ministro Alfredo Arízaga.
De la documentación revisada, así como de las actuaciones del Ministerio Publico, no aparece que la presunción de inocencia que reconocen a favor de las personas, tanto la Constitución Política de la Republica del Ecuador, cuanto el Pacto de San Jose, hubiera sido desestimada; lo que confirma, que no existió beneficio personal ilegitimo, con lo cual no existe en modo alguno, la adecuación de los hechos al tipo penal de peculado; tampoco, el grado de participación de los imputados, se ajusta alo contemplado en el Código Penal, en los artículos 42,43 y 44.

  1. PERSECUCION POLITICA

 La persecución al Dr. Gustavo Noboa Bejarano, fue evidente. Desde la acusación en el Congreso Nacional, continuada con instrucciones fiscales, cual fuese un peligro criminal; llegando hasta al atropello físico, cuando decidió fijar domicilio en Santa Elena, retomándolo con violencia a Guayaquil, causándole una lesión que motivo intervención quirúrgica.

La declaratoria de inexistencia de un auto de nulidad, dictado por la Corte Suprema de Justicia, la concesión de asilo político por la Republica Dominicana y la enorme conmoción que en el país ha causado este procedimiento, demuestran que la justicia en ese entonces, no obro en forma imparcial, mas bien, cedió a los intereses de actores políticos, que previamente habían anunciado persecuciones implacables, sin importar la enorme afectación que tales conductas provocaban en las instituciones, cuyo deterioro llego a limites insospechados.

La violación evidente a las garantías del debido proceso y ala tutela judicial efectiva, se han puesto de manifiesto en este caso, al punto de que se ha violado la ley en varias instancias. Así por ejemplo, el haber mantenido abierta la indagación previa No 099 por casi 5 años, cuando el Código de Procedimiento Penal contempla como máximo 2 años; o, el haber mantenido un proceso archivado en la practica (No 083-2003) por casi 3 años, para, luego de ese largo periodo, proceder a continuar sustanciándolo; todo lo cual evidencia actuaciones irregulares del sistema judicial, en el que incluso, la Fiscalia General del Estado, a través de su máxima representante de ese entonces, la Dra. Cecilia Armas, se arrogo funciones, al haber dispuesto que la Policía Nacional proceda al arresto domiciliario del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, pese a que la orden de privación de su libertad había quedado sin efecto por decisión judicial.

5. RESPUESTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

La respuesta de la Contraloría General del Estado antes mencionadas, consta en el oficio No. 006261 DPRC DP de 18 de marzo del 2008, que en la parte de indicios de responsabilidad penal expresa:

En materia de indicios de responsabilidad penal

“Los indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría, se encuentran señalados en la pagina 11 del memorando de antecedentes sobre los hechos relatados en el informe de examen especial No. DAS-26-2003 (venta de los bonos globales sobrantes paginas 37 a 41) en donde costa, en la parte de conclusiones, que los señores Jorge Gallardo Zavala y Carlos Carrera autorizaron vender bonos globales 2030 y 2012, por US $59.517.000 y que fueron destinados a los bancos Filanbancos y Pacifico, incumpliendo lo dispuesto en el decreto 618 de 26 de julio de 2000 publicado en el Registro Oficial 146 de 22 de agosto del mismo año, informe oportunamente puesto en conocimiento de la Fiscalia General del Estado”.

La Contraloría General del Estado ratifica que no existió beneficio personal ni siquiera en el caso de quienes dispusieron la venta de los bonos global sobrantes, lo cual confirma la actuación irregular de la administración de justicia.

En materia de responsabilidad civil

Sobre los señore3s Noboa Bejarano, Arosemena Robles y Pérez Kakabadse no hay responsabilidad civil alguna que haya determinado la Contraloría General del Estado.

6. CUESTIONAMIENTO A LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA

La Mesa deja constancia, de que varios de sus integrantes han cuestionado en su momento, la renegociación de la deuda externa del año 2000, por la forma en que se realizo; la cual fue sugerida por la Comisión Renegociadota, creada mediante Decreto Ejecutivo No 465 del 5 de junio del 2000, publicado en el Registro Oficial No 96 del 12 de junio del mismo año. No obstante tales cuestionamientos, los peritos del Ministerio Publico, presentaron un informe en el que procesalmente determinaron que el proceso de renegociación si fue conveniente.

La determinación de la conveniencia o inconveniencia del proceso de renegociación, que constituye una visión subjetiva, no constituye elemento que deba ser considerado para determinar si una decisión económica constituye delito; y, si ella existió dolo. Si la renegociación fue inconveniente, corresponde ahora adoptar los correctivos necesarios para cesar sus efectos, pero no por ello, puede desestimarse una justa pretensión de los implicados en este caso, especialmente el del ex Presidente Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

Lo que queda demostrado, es que la persecución política existió, y, por ello, la Mesa de Legislación y Fiscalización, recomienda el otorgamiento de la amnistía, en los términos que constan en el documento adjunto.

Atentamente

Maria Paula Romo                                              Francisco Castro
PRESIDENTA (e)                                                  ASAMBLEISTA

Félix Alcívar                                                             Rosana Alvarado
ASAMBLEISTA                                                      ASAMBLEISTA

Ximena Bohórquez                                               Tania Narváez
ASAMBLEISTA                                                       ASAMBLEISTA

Marisol Peñafiel                                                      Maria de Lourdes Medina
ASAMBLEISTA                                                        ASAMBLEISTA

Fernando Sacoto
ASAMBLEISTA

Francis Abad
SECRETARIO RELATADOR  (e)

 

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