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Amnistía solicitada a la Asamblea Constituyente

Solicitud al Presidente Subrogante de la H. Corte Suprema de Justicia pidiendo el archivo del proceso penal 083203 de fecha 4/julio/2008

SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO,  ex Presidente Constitucional de la República, dentro del proceso penal 083-2003, a usted, antemano solicito:

Se disponga el archivo del presente proceso, por las siguientes consideraciones:

  1. En mayo de año 2003 se presento en la Fiscalía General del Estado una denuncia por supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda externa. Fruto de esta denuncia en la Fiscalía General del Estado se iniciaron 3 procesos:
    1. Una indagación previa por un supuesto perjuicio al Estado ecuatoriano, la misma que fue desestimada por la propia Fiscalía en el mes de diciembre del 2004 (Dra. Ana María Crespo), luego dejada sin efecto por la entonces Sra. Ministra Fiscal General del Estado, Dra. Cecilia Armas); y posteriormente agregada a la instrucción fiscal 049-2003 por disposición del entonces Ministro Fiscal General, (Dr. Jorge Germán);
    2. Una instrucción fiscal por la contratación durante el gobierno del Dr. Jamil Mahuad de la firma consultora Salomón Smith &Barney (083-2003); y,
    3. Una instrucción fiscal por el uso del remanente de bonos globales, los cuales fueron destinados a los bancos estatales Pacifico y Filanbanco (049-2003).

  2. Estas acciones se iniciaron en la Fiscalía General del Estado sin juicio político previo y sin mediar examen especial de auditoría de la Contraloría General del Estado y por ende, sin que esta institución ejerza previamente la facultad contemplada en el artículo 212 de la en esa época vigente Constitucional Política de la República.
  3. En el proceso 049-2003, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dispuso el día 11 de agosto de 2003 arresto domiciliario en mi contra, que debía cumplirse, según indica la providencia, en el domicilio que yo decidiera.
  4. El arresto dispuesto no se hizo efectivo en razón de que solicite asilo diplomático en la legación de la República Dominicana, petición que luego del proceso correspondiente, fue aceptada.
  5. El 31 de marzo de 2005, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, declaro la nulidad de los procesos iniciados, dejando sin efecto las medidas cautelares y personales dictadas. La orden de Libertad fue presentada en el Ministerio de Gobierno y Policía, en la Comandancia General de Policía, en la INTERPOL y en la Policía de Milagro.
  6. Pese a la declaratoria de nulidad y disposición de libertad, la señora Ministra Fiscal General del Estado encargada, oficio, el día 25 de abril de 2005 al señor Comandante General de la Policía, indicándole que el auto de nulidad de los juicios no se encontraba ejecutoriado y que por tanto la Policía Nacional estaba “facultada” para que se proceda a mi detención.
  7. Con fundamento en este oficio, la Policía Nacional procedió, el día 8 de mayo de 2005, hacer efectiva mi privación de libertad, pese a que la misma había quedado sin efecto en razón de la nulidad dictada. Al proceso a ejecutar el arresto, mis familiares recibieron copia de la providencia de la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia y copia del oficio suscrito por la señora Ministra Fiscal General del Estado, encargada.
  8. El 9 de mayo de 2005 solicite al entonces Presidente de la República, Dr. Alfredo Palacio González, el retiro de la Policía Nacional y el cese del arresto, por considerar que no existía orden escrita de juez competente.
  9. El Subsecretario Jurídico de la Presidencia emitió el día 16 de mayo de 2005 un informe en que consta la arbitrariedad del arresto y en el que señala que el Presidente de la República está facultado para hacer efectiva mi libertad.
  10. No obstante el informe indicado, el Presidente de la República consulto al Procurador General del Estado sobre mi petición.
  11. El 24 de mayo de 2005 el Presidente de la República negó la petición para que cese el arresto, fundamentándose en el informe del Procurador General del Estado, que señalo que el Presidente de la República no debía interferir en las decisiones de la Función Judicial.
  12. El 4 de julio de 2005, solicite al Comandante Provincial de la Policía, Coronel Víctor Hugo Cozar, mi traslado a mi domicilio de Punta Blanca, cantón de Santa Elena, para cumplir allí arresto ejecutado por la Policía Nacional.
  13. El día 5 de julio de 2005, el señor Comandante de la Policía Víctor Hugo Cozar señalo que la petición “debe ser dirigida a la autoridad competente, que dispuso como medida sustitutiva el arresto domiciliario con la vigencia Policial, a fin de que sea esta autoridad la que disponga el respectivo traslado al mencionado domicilio”, esto es, a la Corte Suprema de Justicia.
  14. Frente a tal respuesta, presente ante el Coronel Víctor Hugo Cozar un recurso de revisión. Esta petición no fue contestada dentro del término previsto en la ley, por lo que el 3 de agosto de 2005, solicite se me otorgue el certificado previsto en la Ley de Modernización del Estado para poder hacer efectivo el silencio administrativo que había operado.
  15. El día 4 de agosto de 2005, el Comandante  Provincial de la Policía respondió la solicitud de entrega del certificado para la aplicación del silencio administrativo, indicando que la solicitud había sido anteriormente contestada y ratificando que la petición debía ser dirigida a autoridad competente.
  16. El día 10 de agosto de 2005, el Notario 38 de Guayaquil realizo una diligencia notarial para certificar que no se había respondido el recurso en el termino previsto en la Ley de Modernización del Estado.
  17. El 26 de agosto de 2005 presente ante el Juez Civil de Santa Elena, un amparo constitucional en contra de la decisión del Comandante Provincial de la Policía Nacional de negar el pedido de traslado a Punta Blanca.
  18. El 5 de septiembre de 2005, el juez de lo Civil del cantón Santa Elena dicto su Resolución dentro del amparo constitucional planteado en contra del Comandante Provincial de la Policía y reconoció expresamente: “el derecho que tiene el recurrente, (Gustavo Noboa Bejarano), para escoger el domicilio, que él decida dentro del País, para cumplir su detención preventiva, bajo estatus de arresto domiciliario, dictado en su contra, por lo tanto, no hace falta la orden de nadie; para así, sin consideración y peor discusión de ninguna índole cumplirlo, mucho menos por parte de la Policía Nacional, que no puede volverse desde ningún punto de vista en deliberante, mucho menos en el caso, permitirse bajo concepto alguno, cuestionar, interpretar o lo que es más grave desconocer bajo “pretexto” vulnerantes en su texto, la decisión de la Autoridad competente, que como tal, por su claridad no amerita absolutamente ninguna duda, oscuridad y peor discusión.”
  19. El día 26 de septiembre de 2005 envié una comunicación al nuevo Ministro de Gobierno, Dr. Oswaldo Molestina Zavala, en la que luego de analizar los fundamentos de hecho y de derecho de mi arresto, solicite “disponer al señor Comandante Provincial de la Policía Nacional del Guayas, Coronel Víctor Hugo Cozar, o a quien ejerza tales funciones proceda a escoltarme desde mi residencia actual, en Samborondòn, hasta mi domicilio en Punta Blanca”.
  20. El día 10 de octubre de 2005 me traslade a mi domicilio en Punta Blanca.
  21. El día 11 de septiembre de 2005, en horas de la mañana, varios miembros de la Policía Nacional procedieron, sin orden judicial, en un caso de brutalidad policial a allanar mi domicilio para trasladarme a mi residencia en el cantón Samborondòn.
  22. El 16 de marzo del año 2006, el entonces Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia, Dr. Jaime Velasco, dicto un auto de llamamiento a juicio en mi contra, en el caso 049-2003, mediante el cual me considero encubridor del delito de peculado. Ese auto fue apelado y posteriormente ratificado por la Primera Sala de lo Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, integrada por los Dres. Roberto Gómez Mera, Joffre García Jaime y Pilar Sacoto.
  23. El Dr. Jaime Velasco Dávila me llamo a juicio como encubridor en un proceso (049-2003) que había concluido en virtud de la expedición de un auto de nulidad dictado por el entonces Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Castro D., para lo cual dicto un auto de nulidad de un acto de nulidad, en un caso inédito en la historia del Derecho Penal del Ecuador y absolutamente ilegitimo. No obstante, con el llamado a juicio como encubridor ceso mi arresto domiciliario.
  24. El proceso 083-2003 no siguió la misma suerte que el 049-2003. Se lo mantuvo “dormido” por aproximadamente 3 años. En ese proceso, que ahora usted debe conocer en virtud de la sentencia dictada el 14 de mayo del 2003 por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, el ex Presidente de la Corte, Dr. Guillermo Castro Dàger declaro la nulidad de todo el proceso. Este fallo, en el sentido señalado por la Primera Sala al dirimir la competencia, fue objeto de un pedido de revocatoria. Tal pedido de revocatoria fue negado por el Dr. Guillermo Castro Dàger, por lo que con posterioridad y habiendo transcurrido más de 3 días desde que se dicto el auto de nulidad, tanto el Ministerio Publico como el Procurador General del Estado, presentaron recurso de nulidad, que ahora está pendiente de resolución.
  25. Como se sabe, la revocatoria de un auto de nulidad no constituye un recurso válidamente interpuesto, en razón de los recursos en materia penal son los expresamente consignados en el Código de Procedimiento Penal, sin que tal contemple la posibilidad de que se solicite un recurso de revocatoria de un auto de nulidad.
  26. Puesto que el recurso fue indebidamente interpuesto, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo negó.
  27. Luego de expedido el auto que negó la revocatoria, habiendo transcurrido más de los 3 días previstos para que pueda presentarse un recurso de apelación, este fue presentado por el Ministro Publico. Es decir, el recurso de apelación, que es un recurso previsto en el Código de Procedimiento Penal para atacar un auto de nulidad y que únicamente podía ser válidamente interpuesto en el termino de 3 días, fue presentado con posterioridad, es decir, fuera de termino, por lo cual no es posible que cumpliendo la ley, tal recurso sea atendido, por lo cual debe ser rechazado de plano.

POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, SOLICITO DENEGAR, POR EXTEMPORÀNEOS, LOS RECURSOS DE     APELACION INTERPUESTOS Y EN CONSECUENCIA, DISPONER EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO.

 Sin perjuicio de lo anterior, sírvase disponer se agreguen al expediente los informes elaborados por la Mesa No 10 de la Asamblea Nacional Constituyente que concluyen de manera categoría que los procesos penales instaurados en mi contra son la consecuencia de una evidente persecución política.

Finalmente, la Contraloría General del Estado efectuó un examen al proceso de renegociación de la deuda externa que se realizo durante mi gobierno.

En las conclusiones, que son citadas por el Ab. León Roldòs, en el informe realizado en su calidad de Asambleísta, cuya copia le adjunto, consta claramente que sobre mí no pesan indicios de responsabilidad ni penal ni civil.

Pero además, ningún informe que se hubiera realizado sobre este caso, ya sea por el Ministerio Publico, por la Contraloría General del Estado o por la Comisión Anticorrupción, determinan que uno o alguno de los miembros de la Comisión Renegociadora de la Deuda, nos hubiéramos beneficiado de alguna forma con la renegociación, ¿Dónde entonces el peculado?

 

Es justicia, etc.,

 

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO
EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

 AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA

 

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