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Mayo 10 de 2005 – EL UNIVERSO

María Josefa Coronel

Hacia una justicia ciega

Se dijo que la Corte Suprema de Justicia destituida ilegalmente por el Congreso Nacional el pasado 8 de diciembre le pertenecía al Partido Social Cristiano. Es probable, pero nadie puede certificarlo en un ciento por ciento porque nadie pudo penetrar en el interior de la conciencia de aquellos jueces. En cambio, lo que sí exteriorizaron fue un manifiesto temor en decidir sobre el destino de ciertos juicios. En especial sobre los cuales los involucrados eran poderosos o perseguidos de los poderosos. Vergonzosamente se pasaron la pelotita excusándose de resolver, logrando irradiar sólidas sospechas, ya que sabiendo cómo decidir no lo hacían por temor. ¿A quién le temían? No nos van a responder nunca.
Cabe decir que no todos se asustaron, y valga la oportunidad para decir que algunos tienen mérito suficiente para volver a ser magistrados.

El maltrato al sector de la justicia no es exclusivo de ningún partido político. El Prian sigue en el Congreso aún, a pesar de que con sus votos se perpetró la violación del 8 de diciembre. Ayerve se despidió con aquella orden mediante la cual le exigía a Abdalá salir del país, horas antes de la caída de Gutiérrez. ¿A título de qué la Función Ejecutiva expulsa a una persona? Si bien es cierto que para la mayoría de los ecuatorianos la conducta de Bucaram ha sido la mejor “pala” para cavar definitivamente su tumba política, no es menos cierto que no se puede justificar aberraciones al orden jurídico.

¿Y la orden de prisión que tiene detenido a Gustavo Noboa en su domicilio? ¿Quién la dicta? La Ministra Fiscal encargada no tiene atribución; y, en el caso de que ella pretenda interpretar si las actuaciones de Castro Dáger son nulas, tampoco le compete. Tendría que ser la misma Función Judicial la que resuelva si lo dictaminado por el cuestionado Castro Dáger tiene validez jurídica o no.  Solo así se rescataría algo de dignidad en las instituciones democráticas.

Dura prueba la que tiene el presidente Palacio. Pues le toca probar que sus alianzas con algunos sectores nacen únicamente de la necesidad que tiene el país de gobernabilidad y que no es un pacto que concede licencias para venganzas.

Que se nombre urgentemente a una Corte Suprema de Justicia representada por conocedores del Derecho y por hombres y mujeres capaces de desempolvar los juicios en contra de banqueros y políticos perseguidos o no; y que, bajo la vigilancia de una veeduría ciudadana, sentencien en base a la ley y no bajo el yugo del látigo.

La sociedad ya sentenció a Dahik, Noboa y Bucaram y por ello tiene claro quiénes son los delincuentes y quiénes son los perseguidos de esta lista. También sabe quiénes quebraron el sistema financiero. Por eso, esta vez, no va a permitir que ni dieciséis ni treinta y un personas se sienten a despachar los casi cinco mil procesos que esperan por ellos, sin que antes demuestren que se puede seguir creyendo en el Derecho y que liberen a la justicia del trabajo de meretriz en que unos cuantos la tienen secuestrada.

 

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