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INFORME JURIDICO PARA CONSULTA

PARA: DR. ALFREDO PALACIOS GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

FECHA: Mayo 16 del 2005

DE: DR. ROBERTO GONZALEZ TORRE
SUBSECRETARIO JURIDICO PRESIDENCIA REPUBLICA

ASUNTO: CONSULTA AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CON RELACION A LA APLICACIÓN DE NORMAS JURIDICAS, SOBRE LA BASE DE LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL EX PRESIDENTE GUSTAVO NOBOA BEJARANO AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA , DR. ALFREDO PALACIOGONZALEZ, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 9 DE MAYO DEL 2005.

Señor Presidente

Con relación a la Consulta en referencia, que en atención a lo previsto en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, usted en su calidad de Presidente Constitucional de la Republica ha considerado someter al criterio del Señor Procurador General del Estado, atendiendo entre otras razones a la sui generis situación que atraviesa el país ante la falta de integración de la Corte Suprema de Justicia, cumplo con manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES .

1.- Con base a las facultades que me confiere la calidad de Subsecretario General Jurídico de la Presidencia de la República , mediante oficio No. T.-036-SGJ-05-10045

Del 9 de mayo del 2005 dirigido al Comandante General de la Policía , solicite que se me remita:

“copia de la orden expedida por la autoridad judicial competente (de la Función Judicial), que haya dispuesto el arresto domiciliario del ex Presidente de la República

Dr. Gustavo Noboa Bejarano, que se ha ordenado por parte del Ministro de Gobierno tal como es de conocimiento público.”

Además solicite “se me proporcione copia de la orden policial vigente que con base a la orden judicial respectiva, haya dispuesto el arresto domiciliario antedicho.

2.- En contestación a mi comunicación, de la documentación que me ha sido proporcionada por el Comandante General de Policía, General José Antonio Vinueza Jarrín, mediante oficio No. 2005-1502-CG del 11 de mayo del 2005 y de la información que es de conocimiento público, se desprende en lo sustancial lo siguiente:

2.1 Que el Ministerio de Gobierno y Policía, a trabes del Comando General de la Policía Nacional , practico el pasado domingo 8 de mayo del 2005, el arresto domiciliario del Ex Presidente Constitucional de la República , Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

2.2 Que la disposición resuelta por la Comandancia General de la Policía Nacional de proceder al arresto domiciliario del Ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano tuvo como antecedente el oficio No. 0001994-MFG, suscrito por la Ministra Fiscal Subrogante y remitido al Comando General de Policía el 25 de abril del 2005, con el que comunica al señor ex Comandante General de la Policía Nacional , Marco Cuvero, que las providencias dictadas por el doctor Guillermo Castro Pager, en los procesos, 31-95 y 16 de 1997; y, 49 y 83 del 2003, iniciados contra el ex Vicepresidente de la República , Alfredo Dahik Garzozi (hay un error en el nombre), y contra los ex Presidente Abdala Bucaram Ortiz y Gustavo Noboa Bejarano, no están ejecutoriadas y que en tal virtud, dice la Sra. Ministra Fiscal: “al estar aun vigentes las ordenes de prisión preventivas dictadas en esos procesos y contra dichas personas, impide que puedan circular libremente en el territorio ecuatoriano”, solicitando que se impartan las medidas pertinentes para su detención.

2.3 Que según se desprende del oficio No. 129-03-PSPCSJ del 11de mayo del 2003-08-11, suscrito por el Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces , al que anexa el auto judicial del 11 de agosto del 2003, expedido por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ordeno en esa época la prisión preventiva del Ing. Jorge Gallardo Zavala y el arresto domiciliario del Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

2.4 Que según el oficio No. 0002334 MFG del 6 de mayo del 2005, suscrito por la Señora Ministra Fiscal General del Estado subrogante, en el que dicha funcionaria rebate argumentos procesales expuestos por la defensa del ex Presidente Gustavo Noboa, y acompaña una versión del Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario General de la Corte Suprema de Justicia encargado, en donde dicho funcionario destaca que el no ha firmado ninguna razón en el sentido de que los autos de nulidad dictados en dichos procesos están ejecutoriados. Además en dicho oficio, la Sra. Ministra Fiscal encargada, solicita a la Policía Nacional que se le informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto del 2003 (ya referida en el punto 2.3 de este numeral 2.); y,

2.5 Que no se remitió el auto de nulidad procesal y extinción de medidas cautelares, personales y reales, a favor del Ex Presidente Noboa, al que alude la Señora Ministra Fiscal General del Estado subrogante, y que corresponde al que expidió el Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Castro Dager el 30 de marzo del 2005, y respecto del cual el Ministerio Público ha presentado recursos, que según sus propias afirmaciones, están pendientes de ser resueltos.

3.- Por su parte el Ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano remitió a usted, con fecha 9 de mayo del 2005, una comunicación solicitándole al Señor Presidente Constitucional de la República , que haga cumplir lo previsto en el Art. 171 numeral 1 y en el Art. 24 numeral 6 y 8 de la Constitución y es precisamente esta ultima comunicación remitida por un Ex Presidente, la que motiva el análisis del objeto de la consulta a plantearse al Señor Procurador General del Estado, con el objeto de que el Ejecutivo tenga claro si puede actuar, o si por lo prevenido en el Art. 199 de la Constitución Política de la República estaría imposibilitado de ello.

II. MATERIA DE LA CONSULTA .

El Art. 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, dispone:

Art. 13- De la absolución de consultas.- Sin perjuicio de las facultades de la Función Legislativa , del Tribunal Constitucional y de la Función Judicial , determinadas en la Constitución Política de la República y en la Ley , el Procurador General del Estado asesorara y absolverá las consultas jurídicas con carácter de vinculantes, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico a pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector publico y de los representantes legales o convencionales de las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o publica, excepto cuando se trate de asuntos que hayan sido resueltos por jueces o tribunales de la República o que estén en conocimiento de los mismos, hallándose trabada la litis, incluyéndose acciones y recursos que se sustancien o deban sustanciarse en el Tribunal Constitucional.

Toda consulta deberá estar respaldada por el informe del Asesor Jurídico de la institución, con relación al tema objeto de la consulta.

El consultante, podrá solicitar al Procurador General del Estado la reconsideración de su pronunciamiento, dentro del termino de quince días, contados a partir de la fecha de notificación del instrumento que lo contiene, por una sola vez. La solicitud de reconsideración será debidamente fundamental.

El Procurador General del Estado resolverá motivadamente la reconsideración rectificando o ratificando el pronunciamiento, en el término de quince días, y este será definitivo. En consecuencia, no podrá modificarse a petición de parte.

Si el pronunciamiento dictado por el Procurador General fuere adverso a los intereses de las instituciones del Estado, las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector publico o sus representantes legales están obligados a solicitar la reconsideración del pronunciamiento.

En todo caso, al emitir sus pronunciamientos, el Procurador General del Estado esta obligado, bajo las responsabilidades previstas en la Constitución Política de la Republica y la Ley , a precautelar el control de la legalidad de los actos del sector publico y los intereses del Estado”. (Lo acentuado es mió).

Es fundamental tener en claro que el objeto de esta consulta, no es que el Señor General Procurador General del Estado se pronuncie respecto de la materia judicial o procesal propia del litigio, juicio o proceso judicial que exista (según los argumentos del Ministerio Publico) o que haya concluido en la Función Judicial (según los argumentos del Ex Presidente Noboa), toda vez que ello esta prohibido de ser consultado por la propia Ley y porque además el Art. 199 de la Constitución Política de la Republica garantiza la independencia de la Función Judicial ; ello aun en la situación in extremas que atraviesa el Ecuador de no contar con Corte Suprema de Justicia.

El objeto de la consulta al Señor Procurador del Estado solo puede estar limitado a preguntar, específicamente, si le corresponde al Presidente de la Republica , atender la solicitud del Ex Presidente de la Republica , Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en el sentido de que se aplique el Art. 171 numeral 1 de la Constitución , con el objeto de hacer cumplir las garantías constitucionales consagradas en el Art. 24 numerales 6 y 8 de la misma Carta Suprema o si por el contrario, el Art. 199 de la misma Carta Suprema determinaría la imposibilidad de que el Primer Mandatario atienda dicha petición.

III. OPINION DE ESTA SUBSECRETARIA JURIDICA.

Siendo procedente que el Señor Presidente de la Republica , presente esta consulta en los términos previstos en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, con la aclaración expresa en el párrafo final del acápite anterior, quien suscribe este informe, es de la opinión que el Presidente de la Republica esta plenamente facultado, en virtud de lo previsto en el Art. 171 numeral 1 de la Constitución , para dar cumplimiento a las garantías constitucionales previstas en los numerales 6 y 8 del Art. 24 de la Constitución Política de la Republica , lo que a juicio de quien suscribe no implica en lo absoluto, menoscabar el principio recogido en el propio Art. 199 de la Carta Suprema.

Los preceptos Constitucionales anteriormente indicados, disponen textualmente lo siguiente:

“Art. 171. Serán atribuciones y deberes del Presidente de la Republica : 1.-Cumplir y hacer cumplir la Constitución , las Leyes, los tratados y los convenios Internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.”

“Art. 24.- Garantías del debido proceso.

Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin Menoscabo de otras que establezcan la Constitución , los instrumentos internacionales, las leyes o jurisprudencia:

… 6. Nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido sin formula de julio, por mas de veinticuatro horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la Ley dentro de los organismos de la fuerza pública. Nadie podrá ser incomunicado…

… 8. La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedara sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa. En todo caso y sin excepción alguna dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrara inmediatamente su libertad, sin perjuicio cualquier consulta o recurso pendiente…”

“Art. 199.- Principio de Independencia.- Los órganos de la función judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función del estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos.

Los magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su potestad jurisdiccional aun frente a los demás órganos de la Función Judicial ; solo estarán sometidos a la constitución y a la ley.”

Soy de la opinión de que si bien es cierto el Presidente de la República , como máxima autoridad de la Función Ejecutiva , puede y debe hacer cumplir la Constitución , también es verdad que no puede interferir con los asuntos propios de la Función Judicial. Sin embargo, todas las disposiciones constitucionales anteriormente citadas guardan armonía entre si y no son excluyentes, de forma tal que lo que debe estar claro es el acto administrativo, en los términos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, (jamás providencias, autos o sentencias de la Función Judicial ) respecto del cual, en este caso particular, el Presidente de la República , puede exigir que se haga cumplir la Constitución , en los términos previstos en el Art. 171 No. 1 y Art. 164 de la Carta Suprema , en el literal 1 del Art. 11 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva , en plena concordancia con los numerales 6 y 8 del Art. 24 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, entendiendo la aplicación de los preceptos constitucionales en función de la solicitud especifica planteada por el Ex Presidente Noboa y dejando constancia que no corresponde a la Función Ejecutiva el estudio de los procesos judiciales, precisamente por lo prevenido en el Art. 199 de la Constitución Política de la República , no es menos cierto que las actuaciones y disposiciones del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional , están subordinadas al Presidente de la República , según lo previsto en el Art. 164 de la Constitución Política de la República y en los Arts. 5 y 10 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

En el sentido dicho, y tal como se ha puesto de manifiesto en todos los medios de opinión pública, la Policía Nacional ha practicado el arresto domiciliario del Ex Presidente Constitucional, Dr. Gustavo Noboa Bejarano actuando sobre la base de la opinión y pedido de la Señora Ministra Fiscal General encargada, quien sostiene que el auto de nulidad expedido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia el 30 de marzo del 2005, nunca se ejecutorio y sobre tal afirmación, da a entender a la Policía Nacional-implícitamente -que la providencia del 11 de agosto del 2003, expedida por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que había dispuesto el arresto domiciliario del Dr. Gustavo Noboa Bejarano. Estarían aun vigentes, en opinión- vuelvo y repito-de la antedicha alta funcionaria del Ministerio Público.

Por lo expuesto, esta Subsecretaria Jurídica considera que el Señor Presidente Constitucional de la República en aplicación de lo prevenido en el Art. 171 No. 1 en concordancia con el Art. 24 Nos. 6 y 8 de Constitución, en plena armonía con las demás normas aludidas en este informe, así como con el Art. 97 No. 1 de la Carta Suprema del Estado, esta facultado para disponer al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional , cualquier decisión que estime ajustada a la Constitución y a la Ley dentro del ámbito de sus competencias.

Atentamente

Dr. Roberto González Torre

SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 

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