Regresar
Juez de lo Civil de Santa Elena resuelve a favor de Gustavo Noboa

Al Señor Dr. Gustavo Noboa Bejarano se le hace saber, que en el Juicio de Amparo Constitucional Nº 183-2005, propuesto por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano en su calidad de Ex Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador en contra del Coronel de Policía de E.M. Víctor Hugo Cózar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Guayas Nº 2, ha recibido lo siguiente:

Santa Elena, Septiembre 5 del 2005, las 15H00.-

Vistos: El Doctor Gustavo José Noboa Bejarano, en su calidad de Ex – Presidente Constitucional de la Republica , comparece a esta Judicatura y manifiesta.: Que la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia dispuso el día 11 de agosto del 2003 su arresto domiciliario.

Que en esta providencia consta la disposición para que la Policía Nacional “proceda a (…) la traslación y custodia del doctor Gustavo Noboa Bejarano al, y en el domicilio que el determine dentro de la Republica del Ecuador…”.Que no obstante que esta orden fue dejada sin efecto, en un claro caso de abuso de autoridad, la Policía Nacional procedió a hacer efectiva su privación de libertad en el inmueble en el que se encontraba el día 8 de mayo del 2005, inmueble alquilado al que regreso luego de su exilio en Republica Dominicana. Que protestando siempre contra su legitima privación de libertad, y luego de intentar varias acciones para que esta quede sin efecto, lo cual se ha dificultado por la inexistencia en el País de una Corte Suprema de Justicia, solicito al demandado el 4 de Julio del 2005, la custodia necesaria para cumplir su arresto en su domicilio de Punta Blanca, cantón Santa Elena, provincia del Guayas, lugar en el que tiene un inmueble de su propiedad desde hace mas de 30 años, petición que sin justificación alguna le fue negada el día 5 de Julio del 2005. Que por considerar esta negativa absolutamente arbitraria, solicito al demandado el día 11 de julio del 2005 la respectiva reconsideración. Que esta petición del día 11 de julio del 2005 no fue atendida dentro del termino de 15 días que consagra la Ley de Modernización del Estado, razón por la cual solicito el día 3 de agosto del 2005, la certificación que exige la Ley de Modernización para hacer valer sus derechos. Que el demandado, en lugar de atender su petición para entregarle la certificación respectiva, se negó ilegítimamente a hacerlo, tal consta de la comunicación de 4 de agosto del 2005, que anexa, y en la cual señala que ya el 5 de julio se negó la petición de traslado a Punta Blanca. Que es decir, no solo que no atendió su solicitud de reconsideración, sino que además, fuera de término le dice que su petición de 11 de julio ya fue negada el día 5 de julio. Que acompaña la diligencia notarial que certifica las aseveraciones anteriores. Que como se observa, la omisión ilegitima de3l demandado es manifiesta: Que adicionalmente, tal como lo señala el articulo 185 de la Constitución Política del Republica, “La fuerza publica será obediente y no deliberante. Sus autoridades serán responsables por las órdenes que impartan, pero la obediencia de órdenes superiores no eximirá a quienes las ejecuten de responsabilidad por la violación de los derechos garantizados por la Constitución y la Ley. Que su arresto domiciliario se ha producido como consecuencia de la maliciosa interpretación de una decisión judicial que fue declarada nula, que lo menos que debe esperarse, ya que no se respeta la decisión judicial de nulidad, es que esa orden del 2003 se cumpla en los términos en que fue dictada, lo que le confiere el derecho a escoger el domicilio en el cual debe permanecer privado de su libertad, derecho que esta siendo conculcado por el funcionario demandado. Que la omisión ilegitima de la autoridad demandada desconoce varios derechos reconocidos en la Constitución Política de la Republica del Ecuador y en los tratados internacionales vigentes y especialmente los previstos en los artículos 16, 17, 18, 23 numerales 2, 3, 4, 14, 15, 20, 26 y 27 de la Constitución. Que la omisión del todo ilegitima además constituye una intromisión en la Administración de Justicia, ya que si la orden de arresto, aun cuando inexistente jurídicamente, debe cumplirse en el domicilio que el escoja, la Policía Nacional no puede dejar de cumplir con este mandato, al no ser deliberante. Que con la actuación ilegitima y con el desconociendo de sus derechos se le esta causando un daño grave, especialmente en su salud. Que el estar encerrado en un inmueble que ni siquiera es de su propiedad esta provocando graves trastornos en su salud, lo que pone incluso en riesgo su vida. Que demuestra esta situación con el certificado medico conferido por el Dr. Oscar Bonilla, reputado miembro del cuerpo medico ecuatoriano, quien recomienda su urgente traslado a su domicilio de Punta Blanca, cantón Santa Elena, provincia del Guayas.

Que con estos antecedentes y afirmaciones que gozan de la presunción de buena fe, acude a esta Judicatura para demandar amparo constitucional frente a la omisión ilegitima del demandado, para lo cual solicita disponer en la primera providencia y sin perjuicio de continuar con la sustanciación de la causa, que la Policía Nacional del Ecuador brinde todas las garantías necesarias para garantizar su traslado a Punta Blanca, cantón Santa Elena, Provincia del Guayas lo cual implica, la eliminación de cualquier traba que impida su tranquilidad y segura movilización hacia dicho lugar, debiéndose reconocer en todo caso su calidad de ex Presidente Constitucional de la Republica. Que luego de la respectiva sustanciación de la causa, se disponga en sentencia, su libertad para escoger el domicilio en el que deberá cumplir su arresto domiciliario. Que bajo la gravedad del juramento declara que no ha presentado otra acción de Amparo Constitucional, prevista en el artículo 95 de la Constitución Política de la Republica , por la misma causa, con el mismo objeto, con los mismos demandados ante cualquier otro Juez o Tribunal del Ecuador. Que este juramento esta previsto en el artículo 57 de la Ley de Control Constitucional. Aceptada que fue al tramite la antes relatada demanda, se convoco a las partes a la audiencia publica de rigor, la cual obra evacuada de autos, en la que las partes alegaron lo que obra de la misma, siendo el estado de esta el de resolverla, al hacerlo se considera. PRIMERO: La presente causa de Amparo Constitucional no corresponde como tal, a una accion de Amparo contra alguna decisión judicial adoptada en un proceso, en donde su planteamiento, de ser así no seria susceptible de este encauzamiento, por lo tanto lo esgrimido al respecto por el accionado no tiene ningún asidero. Por otra parte es importante establecer que en este tipo de acción de orden constitucional, la misma va dirigida contra la Autoridad publica, que ha emitido el acto u omisión ilegítimos que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, no contra el Estado Ecuatoriano como tal, por lo que la alegación que se ha hecho de que la presente es nula, por no haberse contado en esta, con el Procurador General del Estado, no solo que es improcedente sino absurda e inaceptable. En otro orden, carece de fundamento que exista en esta causa ilegitimidad de personería pasiva, bajo la alegación de que en la misma se debió contra con el Comandante General de la Policía Nacional , quien es el representante legal de la Policía Nacional del Ecuador, porque en igual criterio de lo referente a la Procuraduría General del Estado, esta acción se dirige contra la Autoridad publica de la que emana la orden que a través de este tipo de causa se impugna, estoes por parte de quien la motiva; y no contra el Estado como ya se dijo, ni mucho menos contra el representante legal de la entidad pertinente, a no ser que esta sea quien la haya provocado. El recurso de Amparo Constitucional tiene condición suprema, porque nace del texto de la Carta Magna del Estado y como tal, a no ser dentro de las excepciones que al respecto puedan corresponder, no tiene limitaciones de orden territorial o de domicilio, mucho menos en el caso, por lo que la alegación de incompetencia de este proceso del suscrito Juez, para conocer esta causa y habiéndose dentro de la misma cumplió con los requisitos inherentes a las solemnidades comunes a todo juicio y a las especiales y no existiendo violación de procedimiento, desechado las alegaciones que han quedado analizadas, se declara valido lo actuado; SEGUNDO: .

Anteriormente nos hemos referido a que la acción que nos ocupa, amparados en el texto expreso del articulo 95 de la Constitución Política del Estado, va dirigida contra la Autoridad publica de la que nace o provoca el acto que a través de este procedimiento de orden constitucional se impugna y no contra el Estado Ecuatoriano, en tal evento, que es por demás claro y que en ningún caso, a no ser de excepción , que como tal se haya merecido su intervención, de haberse dado, no tengo conocimiento de que un Amparo Constitucional, para lo que me remito a las estadísticas, se ha contado con el Procurador General del Estado, o quien lo represente, por lo que la comparecencia que a Este proceso ha hecho el doctor Sócrates Vera Castillo, en calidad de Director Regional del Guayas, de la Procuraduría General del Estado, por intermedio del doctor Reynaldo Félix López, a mas de connotarse como algo extrañamente oficioso, no tiene nada que ver en este asunto, por lo que se desestirna su intervención y alegaciones vertidas en el mismo, por lo que no se hace necesario que deban ser atendidas o consideradas. El suscrito Juez no puede dejar de rechazar que respecto a la intervención en esta causa de la Dirección Regional del Guayas de la Procuraduría General del Estado, en esta se haya permitido, quien la efectuó intimidar al Juez, atentado a la libertad y soberanía del Juzgado y la especie, ya que no solo se ha pretendido interferir en la misma, sino también en la intimidación ya aludida al señalarse, como aparece en la parte pertinente del acta de la Audiencia Publica , en la que quien intervino señalo, que se me podría inducir a una arrogacion de funciones, que jamás podría cometer, ni mucho menos déjame inducir, por que ello seria alejado a mi integridad de Juez y de la recta administración de Justicia que siempre he cumplido y aplico; TERCERO: El accionado en su intervención en la Audiencia Publica celebrada en esta causa, a través de su defensor ha manifestado entre otras cuestiones, que es extraño el Amparo que nos ocupa ,porque en este caso es publico y notorio que el recurrente esta cumpliendo un arresto domiciliario dispuesto por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, es decir, dice que nos estamos refiriendo a una disposición judicial , lo cual ya quedo aclarado, reiterando que el Amparo que nos ocupa se ha tramitado y se esta resolviendo, porque en ningún momento el mismo consiste en la impugnación de ningún acto judicial. La misión fundamental de la Policía Nacional de Garantizar la seguridad y el orden publico, interno, la seguridad social o individual, y todo lo que al respecto se ha alegado, por parte del recurrido no esta ni puede estar en discusión, ni tiene nada que ver con lo que alega respecto del asunto que nos ocupa; CUARTO: Se debe insistir en dejar constancia de que el Amparo Constitucional que nos ocupa, no es contra ninguna resolución emitida dentro del tramite judicial, ya que de ser axial ni siquiera pudo haber sido aceptado al tramite, por lo contrario el mismo tiene como antecedente una resolución, emitida dentro de un tramite judicial, la que se pretende sea cumplida o ejecutada, en este caso por el accionado, en calidad de Comandante del Regimiento de la Policía Nacional “Guayas Nº 2 “ de la ciudad de Guayaquil, quien como se sostiene por el recurrente, se ha negado a hacerlo, argumentando que ello lo debe disponer la Autoridad competente, lo cual seria inaceptable; toda vez que la resolución que sirve de antecedente para la cita, que obra del proceso, al ser la que se esta haciendo valida, para el asunto de fondo, esto es del arresto que sufre el recurrente, la misma debe ser atendida y cumplida en todo lo que ella ordena ;peor en el caso que esta tiene dispuesto de forma expresa, el derecho que tiene el recurrente, para escoger el domicilio, que el decida dentro del País, para cumplir su detención preventiva, bajo estatus de arresto domiciliario, dictado en su contra, por lo tanto, no hace falta la orden de nadie; para así, sin consideración y peor discusión de ningún índole cumplirlo, mucho menos por parte de la Policía Nacional , que no puede volverse desde ningún punto de vista en deliberadamente, mucho menos en el caso, permitirse bajo concepto alguno, cuestionar, interpretar o lo que es mas grave desconocer bajo “pretextos” vulnerantes de su texto, la decisión de la Autoridad competente, que como tal, por su claridad, no amerita absolutamente ninguna duda, oscuridad y peor discusión. Resultando que en tales antecedentes y frente a tal negativa, es que el accionante ha recurrido a esta accion, que la establece de forma excepcional la Carta Suprema de la Republica del Ecuador, la que en tal virtud y como tal, desde ningún punto de vista es ilegal, nula y peor no tenga procedencia, esto refiriéndonos a su aceptación y tramitación. Tampoco es cierto, ni mucho menos pueden ser aceptadas las alegaciones que sobre esta acción sus antecedentes, de forma por demás pobre y con absoluto desconocimiento de estos, por interés que no se justifican, se pretenda; esgrimiendo conceptos y alegaciones alejadas a la verdad, y con ello llevar al engaño, en este caso, a la opinión publica, ya que al suscrito Juez jamás, de que el Recurso interpuesto por el doctor Noboa, sea contra una decisión adoptada dentro de una acción judicial, cuestión que ya quedo anteriormente aludida y –se repite- aclarada. Es de conocimiento absoluto del pueblo ecuatoriano y de la comunidad Internacional, que en el Ecuador, en los últimos tiempos se han suscitado hechos lamentables, que como tales han atentado contra la estabilidad de su organigrama de Estado, con cambios de gobiernos, respecto de cuyos antecedentes no me corresponde opinar, peor dentro del asunto que nos ocupa, pero sin que podamos dejar de referirnos a estos, dado que por tales circunstancias, nos encontramos frente a unote los peores antecedentes de la historia de la Republica y es que, el Ecuador no cuente con Corte Suprema, la cabeza de uno de los poderes de los que se compone nuestro Estado, y siendo la orden de detención que pesa sobre el recurrente, la que a la vez obedece a una resolución emitida, el 11 de Agosto del 2003, las 12H30, por la Primera Sala de la Corte Suprema y que obra en los antecedentes del asunto que nos ocupa, de la que se establece por su texto de forma expresa entre otras cuestiones que la detención del recurrente bajo el estatus de domiciliaria, la cumplirá este, en el domicilio que el escoja dentro del territorio nacional, lo cual debe ser cumplido sin discusión, interpretación o ingerencia de nadie y peor consentir que para que se lo haga, tiene que mediar de por medio una orden de la Autoridad competente, ya que consentir ello, seria atentar contra todo principio de legalidad y de Autoridad y contra el Estado de Derecho que nos rige, porque nadie tiene que ordenarlo, por cuanto ello ya esta ordenado; peor si dicha orden, nace de una de las Salas del mas alto Tribunal de Justicia de este País, cuando aun existía conformada; y que como tal; mas allá del cuestionamiento de su validez o vigencia, que también han sido aludidas, es la que se esta cumpliendo o aplicando, por lo tanto debe ser acatada en todo su contexto y no parcialmente o fragmentada; para cuya conclusión ni siquiera seria necesario ser jurista, porque el mas elemental sentido común, no puede menos que determinarlo así. A todo esto debemos agregar, que una cosa es estar detenido por orden de Autoridad competente, sea en un centro carcelario o penitenciario, en donde las reglas no las impone el Juez sea cual sea su rango, a no ser en caso excepcionales, sino el Jefe o Director, sea de la cárcel o penitenciaria; y otro absolutamente diferente es el estatus de arresto domiciliario, sea por edad, estado o condición, en el cual no existen otras reglas que no sean, que el reo, se mantenga arrestado en su domicilio, bajo la custodia y seguridad del órgano policial, militar o como se llame o corresponda, cuya entidad tiene la responsabilidad de velar porque esto se cumpla tomando todas las precauciones y seguridades pertinentes.

En el caso del recurrente, esta situación tiene una connotación muy especial y que únicamente la Autoridad que lo dispuso o algún órgano superior, de ser procedente, lo puede cambiar o dejar sin efecto, por lo tanto si esta cuestión especial o sui-generis, que tuvo la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, de otorgar al Doctor Gustavo Noboa Bejarano, el privilegio de que el, dentro del territorio ecuatoriano escoja o decida el lugar en que deba cumplir el arresto que bajo estatus de domiciliario le impuso, ello no puede y no debe estar, como ya se lo señalo anteriormente, en ningún tipo de discusión, sino cumplirselo estrictamente, cuestión que se vuelve mas imperativa, cuando no existe Corte Suprema, por lo que cualquier negativa al respecto o pretexto que se esgrima, para que ello se cumpla y peor consentir que para ello deba de existir previamente, de por medio una orden de la Autoridad Competente , no solo que es un absurdo, como ya también ya se lo ha repetido, sino que es un desacato a lo resuelto de forma expresa por la Autoridad competente y que corresponde inexcusablemente acatar, en este caso, bajo responsabilidad absoluta de la Policía Nacional , tomado esta, las medidas y precauciones que el caso amerita, correspondiendo a la vez al mismo Estado o Gobierno, que como tal debe propender a que se cumpla con las resoluciones de los Jueces o Tribunales, sin distingos ni dedicatorias de ninguna naturaleza, ante cuyo caso se debe mostrar mas sensibilidad y por sobre todo respeto; QUINTO: El Amparo Constitucional, es un recurso consagrado en la Constitución Política de la Republica del Ecuador, en los parámetros que lo determina el articulo 95 de la misma. El cual podrá ser utilizado por cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, acción que requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegitimados de una autoridad publica, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que de modo inminente, amenace con causar un daño grave. En tal axioma supremo, corresponde en antecedentes a lo expuesto en las consideraciones que proceden, examinar el acto que a través de la presente se pretende impugnar, esto es la negativa en que se refiere ha incurrido el Coronel de Policía de E. M. Víctor Hugo Cózar, Comandante del Regimiento Guayas Nº 2, de la ciudad de Guayaquil, contenido en los oficios 5995- CP2, del 4 de Agosto del 2005 y 5130-CP2, del 5 de Julio del 2005, que aparecen de fojas 5 y 10, respectivamente y que pretende el accionante se suspendan y que el suscrito Juez dentro del recurso de amparo constitucional que nos ocupa en sentencia le otorgue la liberta, para escoger el domicilio, en que este deba cumplir el arresto domiciliario que pesa en su contra, para lo cual se considera, que bien es cierto, que el recurrido mediante los documentos de fojas 5 y 10 se ha negado, argumentando lo que aparece en los mismos a cumplir con lo solicitado por el recurrente, no es menos cierto, que tal negativa por si sola y como tal, no puede constituir un acto ilegitimo, ya que pudiendo esta negativa enmarcarse, sea en el ámbito del desacato, desconocimiento, o de incumplimiento del auto 11 de Agosto del 2003, las 12H30, dictado por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador (fojas 12 a 35), ello como tal y por si solo no puede ser considerado como un acto ilegitimo, ya que por mas equivocado, por decir lo menos, que este al respecto y considerando que lo haya hecho de buena fe, este se ha manifestado dentro de las limitaciones que como tal asume, respecto de un asunto de tal envergadura y antecedentes, por lo tanto no siendo dichos oficios y por ende sus contenidos, un acto ilegitimo como tal, y peor que estos violen cualquier derecho consagrado en la Constitución o tratado del recurrente, porque estas son cuestiones inherentes a garantías constitucionales de índole general, que no se adecuan como tales al hecho de cumplimiento o incumplimiento de una decisión judicial, que en el caso, dado como esta dictada, queda bajo la responsabilidad de3 quien no la cumple, cuando su deber es hacerlo, conforme ampliamente lo hemos analizado. Por otra parte tenemos, que por encima de que el suscrito Juez tenga, como tiene en esta causa, la calidad de Juez Constitución, ello es privativo para los casos que correspondan, mas no, para que como consecuencia o resultado de la misma, pueda como así lo solicita expresamente el recurrente, otorgarle la libertad de escoger el domicilio dentro del territorio nacional en el que deba cumplir su arresto domiciliario, porque ello, en primer lugar, no lo puedo ordenar dentro de ningún proceso, ni siquiera en este de índole constitucional, ni mucho menos es necesario que lo haga, porque ya existe emitida tal orden, contenida en la parte final del auto del 11 de Agosto del 2003, las 12H30, dictado por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador y que textualmente dice : “ Así como para la traslación y custodia del doctor Gustavo Noboa Bejarano al, y en el domicilio que el determine dentro de la Republica del Ecuador…” , y en el caso de que dicha orden, como esta ocurriendo inexplicable, no se cumpla en esta parte, por quien sea y peor por parte del agente de la Autoridad , que en este caso es el recurrido o quien corresponda, allí si, se aplica el criterio, que como tal es legal de que ello le corresponde únicamente ejecutar, hacer respetar y cumplir por parte del Juez o Tribunal competente, que es el único que puede hacerlo, pero no a ningún otro, sea cual sea su condición, a quien a la vez le correspondería evaluar el incumplimiento en que se haya incurrido y sancionar al o a los responsables, todo esto como un criterio obvio y generalmente obligatorio, que no puede ser desestimado. Debo dejar aclarado que he dedicado los últimos 28 años de mi vida a servir al Poder Jurisdiccional, dentro de los que he ejercido por muchos años la calidad de Juez en diversos ámbitos y con Autoridad de tal dignidad he mantenido y mantengo, igual que como ciudadano y miembro de la colectividad y/o comunidad a la que me pertenezco, la mejor relación con toda entidad del Estado, ya que las diferencias, cuando existen solo pueden darse con las personas que las representan, mas nunca con las entidades como tales, peor con la Policía Nacional , de quien como entidad guardo el alto grado de respeto y consideración e incluso gratitud por la ayuda y colaboración que cuando ha sido necesario se me ha brindado, pero todo esto nada tiene que ver con lo que necesariamente se ha tenido que analizar, considerar y conducir en la presente, dado los antecedentes que ha servido de base para ello y que no podían ser soslasayados; así como conozco de la limpia hoja de vida del recurrido y su vinculo y labor de elite que tiene dentro de la Policía Nacional del Ecuador. Por parte del recurrente no podemos olvidar que este ostenta la dignidad de un EX – Presidente de la Republica del Ecuador y que como tal, mientras no haya sido declarado culpable del cometimiento de algún delito, debe ser tratado con igualdad frente a la Ley , sin menoscabo de ninguno de sus derechos que legítimamente le correspondan y que como tal le hayan sido concedidos, lo que nadie debería enervar, por concepto alguno. En caso lamentablemente el mismo (proceso), no puede ser tratado ni considerado respecto de aspectos que no sean estrictamente Constitucional inherentes a lo que se demanda, mas no sobre asuntos jerárquicos, humanos o de salud, por mas entendibles o justificables que puedan ser.- Por lo expuesto, el suscrito Juez 17 de lo Civil del Cantón Santa Elena, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, dejando a salvo los derechos del recurrente, RESUELVE: declarar sin lugar el recurso de Amparo Constitucional planteado por el DOCTOR GUSTAVO JOSE NOBOA BEJARANO, en su calidad de Ex – Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, en contra del CORONEL DE POLICIA DE E. M. VICTOR HUGO COZAR, en calidad de Comandante Provincial de la Policía Nacional – Guayas Nº 2 Notifíquese f) AB. Leonidas Litardo Plaza, Juez 17 de lo Civil de Santa Elena.

Lo que llevo a su conocimiento para los fines de Ley.

Santa Elena, Septiembre 5 del 2005.

 

Dr. Leonidas Litardo

Juez de lo Civil de Santa Elena

 

Subir - Regresar
 
© Copyright 2006 - 2010 Gustavo Noboa Bejarano. Prohibida su copia total o parcial | Lea las Condiciones de uso BACKUPTI.com