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Carta al Ministro de Gobierno Oswaldo Molestina, sobre cese al arbitrario Arresto Domiciliario.

Guayaquil, 12 de septiembre de 2005

Señor doctor

OSWALDO MOLESTINA ZAVALA

MINISTRO DE GOBIERNO, POLICIA Y CULTOS

Quito.-

Señor Ministro:

•  La Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso el día 11 de agosto de 2003 el arresto domiciliario, que debe cumplirse, según indica la providencia, en el domicilio que el Dr. Gustavo Noboa indique.

•  El 31 de marzo de 2005 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de los 2 juicios planteados, dejando sin efecto las medidas cautelares y personales dictadas. La orden de libertad fue presentada en el Ministerio de Gobierno y Policía, en la Comandancia General de Policía, en la INTERPOL y en la Policía de Migración.

•  La señora Ministra Fiscal General del Estado, encargada, ofició, el día 25 de abril de 2005 al señor Comandante General de la Policía , indicándole que el auto de nulidad no se encuentra ejecutoriado y que por tanto la Policía Nacional está facultada para que se proceda a la detención del Dr. Gustavo Noboa. Este es un criterio interpretativo de la Fiscalía que no puede contradecir la última actuación judicial, esto es, la notificación a las autoridades correspondientes, de la libertad del Dr. Noboa.

•  Sin mediar orden de juez competente, sino acogiendo el criterio de la Fiscalía , en una actitud deliberante y no obediente, la Policía Nacional procedió a hacer efectiva la privación de libertad en el inmueble en que el Dr. Noboa se encontraba el día 8 de mayo de 2005, en Samborondón.

•  El 9 de mayo de 2005 el Dr. Noboa solicitó al señor Presidente de la República el retiro de la Policía Nacional y el cese del arresto, a efectos de que no se vulnere el principio de independencia de la Función Judicial.

•  El Subsecretario Jurídico de la Presidencia emitió el día 16 de mayo de 2005 un informe en que consta la arbitrariedad del arresto.

•  En conocimiento de este informe, el Ministro Gándara, para restarle eficacia, dispuso que se consulte al Procurador General del Estado sobre la petición. La consulta es ilegal en razón de que existe prohibición expresa para someter a consulta asuntos que están siendo conocidos por la administración de justicia.

•  El 24 de mayo de 2005 el Presidente de la República negó la petición para que cese el arresto, fundamentándose en el ilegal informe del Procurador.

•  El 3 de junio de 2005 el Dr. Gustavo Noboa presentó una acción de daño moral en contra de la señora Ministra Fiscal, por haber emitido el documento que sirvió de base para la actuación de la Policía Nacional.

•  El 4 de julio de 2005, se solicitó al Comandante Provincial de la Policía el traslado del Dr. Noboa a Punta Blanca, para cumplir allí el arresto dispuesto por la Policía Nacional.

•  El día 5 el señor Comandante de la Policía Víctor Hugo Cozar señaló que la petición “ debe ser dirigida a la autoridad competente, que dispuso como medida sustitutiva el arresto domiciliario con la vigilancia Policial, a fin de que sea esta autoridad la que disponga el respectivo traslado al mencionado domicilio ”, esto es a la inexistente Corte Suprema de Justicia.

•  Frente a tal respuesta, se solicitó al Coronel Cozar la reposición. Esta petición no fue contestada dentro de término, por lo que el 3 de agosto de 2005, se solicitó se otorgue el certificado previsto en la Ley de Modernización del Estado para poder hacer efectivo el silencio administrativo que había operado.

•  El día 4 de agosto de 2005, el Comandante Provincial de la Policía responde la solicitud de entrega del certificado para la aplicación del silencio administrativo, con el mismo argumento absurdo de que mi petición debe ser dirigida a una autoridad inexistente.

•  El día 10 de agosto de 2005, el Notario 38 de Guayaquil realizó una diligencia notarial para certificar que no se había respondido el recurso en el término previsto en la Ley de Modernización del Estado.

•  El 26 de agosto de 2005 se presentó ante el Juez Civil de Santa Elena un amparo constitucional en contra de la decisión del Comandante Provincial de la Policía Nacional de negar el pedido de traslado a Punta Blanca.

•  El 5 de septiembre de 2005, el juez de lo Civil del cantón Santa Elena dicta Resolución dentro del amparo constitucional planteado en contra del Comandante Provincial de la Policía y reconoce expresamente: “ el derecho que tiene el recurrente, para escoger el domicilio, que él decida dentro del País, para cumplir su detención preventiva, bajo estatus de arresto domiciliario, dictado en su contra, por lo tanto, no hace falta la orden de nadie; para así, sin consideración y peor discusión de ninguna índole cumplirlo, mucho menos por parte de la Policía Nacional , que no puede volverse desde ningún punto de vista en deliberante, mucho menos en el caso, permitirse bajo concepto alguno, cuestionar, interpretar o lo que es mas grave desconocer bajo “pretexto” vulnerantes en su texto, la decisión de la Autoridad competente, que como tal, por su claridad no amerita absolutamente ninguna duda, oscuridad y peor discusión.

•  La Constitución Política de la República señala en el artículo 24 que “Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución , los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:

6. Nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro de los organismos de la fuerza pública. Nadie podrá ser incomunicado.

8. La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa.

En todo caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente.”

•  Del mismo modo, el numeral 18 del artículo 24 señala que “Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.

Por lo expuesto, señor Ministro, solicito disponer el inmediato respeto a la decisión judicial vigente de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia que dispuso mi libertad. Que sea la próxima Corte de Justicia que está en proceso de formación la que determine lo que corresponda. Hasta tanto, mi libertad, por provenir de juez competente, debe ser respetada. En modo alguno una opinión interpretativa de una parte procesal, es decir, de la Ministra Fiscal , debe servir de base para que la Policía Nacional me prive de mi libertad.

Del señor Ministro, reiterándole mis sentimientos personales de consideración y aprecio ,

 

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO

 

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