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Atropello injustificable

16 de octubre de 2005

Diario Hoy, Comentario de Ernesto Albán Gómez

Por desgracia, debemos dejar a un lado las cuestiones positivas, como la clasificación ecuatoriana al Mundial, y referirnos nuevamente a los episodios lamentables de la realidad nacional. Ahora, el atropello injustificable que acaba de sufrir el ex presidente Noboa Bejarano.
En primer lugar, examinemos la cuestión de fondo. La ley sustituye, en forma obligatoria, la prisión preventiva por el arresto domiciliario (Código de Procedimiento Civil, art. 171), cuando se trata de personas mayores de 65 años. El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella (Código Civil, art. 45). La Constitución (art. 23 numeral 14) establece el derecho de toda persona de escoger libremente su residencia. Por tanto, es absolutamente claro que cualquier persona puede voluntariamente cambiar de domicilio.
¿Estará privado de este derecho la persona sometida a la medida cautelar de arresto domiciliario? No hay norma legal alguna que lo establezca. Tampoco razón lógica para tal limitación.
Se puede sostener que el derecho de la persona en el caso del arresto domiciliario debe ejercerse con el conocimiento del juez que decretó la medida. En situaciones normales, así debería ser; pero ¿si no hay juez, como ocurre en el mundo de los absurdos que es el actual Ecuador? ¿podrá la falta de juez impedir el ejercicio de un derecho constitucional? Y, peor todavía, ¿ la Policía o un fiscal o cualquier autoridad, podrán impedir, por su cuenta, el ejercicio de ese derecho?
Y aunque, en la hipótesis no consentida, como decimos los abogados, de que fuera legítima tal intervención, se produce algo muy grave: la forma en que se ha procedido. De ninguna manera puede justificarse la violencia, el atropello personal a un ex presidente de la República , a un ciudadano que pudo tener errores en su gobierno, pero que merece el respeto de la sociedad. De ninguna puede justificarse que se utilice para ello un despliegue de fuerza, como si se tratara de capturar a un peligroso delincuente.
Frente a estos hechos no hay explicaciones que valgan. Decir que se trataba de un delito flagrante y que por tanto no hacía falta la orden de un juez, es una afirmación que un estudiante refutaría fácilmente: ¿cuál delito? ¿cuál flagrancia? ¿se conoce siquiera cuál es el procedimiento que debe seguirse cuando se ha producido la aprehensión in fraganti?
Otro episodio lamentable que pone al descubierto una vez más el estado de descomposición institucional que estamos sufriendo. No existe un juez de la causa: nadie sabe con alguna exactitud cuándo volverá a haberlo; los agente de la Fuerza Pública , que deben actuar por órdenes de un juez, toman iniciativas por su propia cuenta y actúan de una manera violenta sin justificación alguna.
El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos, lo declara terminantemente la Constitución (art. 16). Sin ese respeto no existe estado de derecho ni democracia. ¿Hemos llegado a ese punto?

 

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