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EPÍLOGO: EL "ARRESTO DOMICILIARIO" DEL DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO

 

1. La Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso el día 11 de agosto de 2003 el arresto domiciliario, que debía cumplirse, según indica la providencia, en el domicilio que el Dr. Gustavo Noboa debía indicar.

2. El 30 de marzo de 2005, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de los 2 juicios planteados, dejando sin efecto las medidas cautelares y personales dictadas, es decir, la privación de su libertad.

3. La orden de libertad fue oficialmente notificada al Ministerio de Gobierno y Policía, a la Comandancia General de Policía, a la INTERPOL y a la Policía de Migración.

4. La señora Ministra Fiscal General del Estado, subrogante, Dra. Cecilia Armas Erazo de Tobar, el día 25 de abril de 2005, envió una comunicación al Comandante General de la Policía, indicándole que el auto de nulidad dictado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se encontraba ejecutoriado y que por tanto la Policía Nacional estaba "facultada" para que se proceda a la detención del Dr. Gustavo Noboa.

5. Este criterio interpretativo de la señora Ministra Fiscalía, absolutamente inconsecuente con las garantías constitucionales, no puede contradecir la última actuación judicial, esto es, la declaratoria de nulidad y posterior notificación a las autoridades correspondientes, de la libertad del Dr. Gustavo Noboa.

6. Sin mediar orden de juez competente, sino acogiendo el criterio interpretativo de la señora Ministra Fiscal, en una actitud deliberante y no obediente, contraria a expresas disposiciones constitucionales, miembros de la Policía Nacional procedieron a hacer efectiva la privación de libertad en el inmueble en que el Dr. Gustavo Noboa se encontraba el día 8 de mayo de 2005, en su residencia en el cantón Samborondón.

7. El día 9 de mayo de 2005 el Dr. Gustavo Noboa solicitó al recientemente posesionado Presidente de la República, Dr. Alfredo Palacio, el retiro de la Policía Nacional y el cese del arbitrario, inconstitucional e ilegal arresto, a efectos de que no se vulnere el principio de independencia de la Función Judicial y con ello se limiten sus derechos y libertades fundamentales.

8. Vista la petición señalada, el Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República emitió el día 16 de mayo de 2005 un informe en que consta la arbitrariedad del arresto y su opinión de que el Presidente de la República estaba facultado para hacer cesar tan arbitrario arresto.

9. En conocimiento de este informe jurídico, algún muy alto funcionario del gobierno, para restarle eficacia, dispuso que se consulte al Procurador General del Estado sobre la petición de libertad que se había presentado. La consulta fue absolutamente ilegal en razón de que existe prohibición expresa en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado para someter a consulta asuntos que están siendo conocidos por la administración de justicia.

10. El 24 de mayo de 2005 el Presidente de la República negó la petición para que cese el arresto, fundamentándose en una equivocada lectura del ilegal informe del Procurador, quien había señalado que el Presidente de la República no podía intervenir en asuntos judiciales. Precisamente lo que se pedía al Presidente de la República era que de cumplimiento a la decisión del Presidente de la Corte Suprema de Justicia que había dispuesto la libertad del Dr. Gustavo Noboa Bejarano y por tanto, que precisamente se respete la decisión judicial.

11. El día 2 de Junio de 2005, se solicitó al Presidente de la República la reconsideración de su negativa a actuar, la misma que no fue ni siquiera atendida, violándose de esa manera, la obligación de contestar prevista en el artículo 23 numeral 15 de la Constitución, que consagra el llamado derecho de petición.

12. El 3 de junio de 2005 el Dr. Gustavo Noboa presentó una acción de daño moral en contra de la señora Ministra Fiscal, Dra. Cecilia Armas Erazo de Tobar, por haber emitido el documento que sirvió de base para la actuación de la Policía Nacional.

13. El 4 de julio de 2005, ante el agotamiento de la vía administrativa y la ausencia de juez competente para hacer valer sus derechos, el Dr. Gustavo Noboa solicitó al Comandante Provincial de la Policía, Coronel Víctor Hugo Cozar, su traslado a su domicilio en Punta Blanca, para cumplir allí, bajo protesta, el arbitrario arresto.

14. El día 5 de julio de 2005, el señor Comandante de la Policía Víctor Hugo Cozar señaló que la petición "debe ser dirigida a la autoridad competente, que dispuso como medida sustitutiva el arresto domiciliario con la vigilancia Policial, a fin de que sea esta autoridad la que disponga el respectivo traslado al mencionado domicilio", esto es a la inexistente Corte Suprema de Justicia.

15. Frente a tal respuesta, se presentó el día 11 de julio de 2005, al Coronel Víctor Hugo Cozar un recurso de reposición. Este recurso administrativo no fue contestado dentro del término previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, por lo que operó el silencio administrativo positivo.

16. El día 3 de agosto de 2005, se solicitó al coronel Gozar se otorgue el certificado previsto en la Ley de Modernización del Estado para hacer efectivo el silencio administrativo positivo que había operado.

17. El día 4 de agosto de 2005, el Comandante Provincial de la Policía respondió la solicitud de entrega del certificado para la aplicación del silencio administrativo, señalando que la petición había sido contestada el día 5 de julio de 2005. Por tanto, el recurso de reposición jamás fue atendido. La respuesta era absolutamente incongruente, ya que la "respuesta" del día 5 de Julio fue a una petición del día 4 de julio y no a la presentada el 4 de Agosto de 2005.

18. El día 10 de agosto de 2005, el Notario 38 de Guayaquil realizó una diligencia notarial para certificar que no se había respondido el recurso en el término previsto en la Ley de Modernización del Estado, elaborando en tal sentido el acta correspondiente, luego de constatar la falta de respuesta.

19. El 26 de agosto de 2005 se presentó ante el Juez Civil de Santa Elena un amparo constitucional en contra de la decisión del Comandante Provincial de la Policía Nacional de negar el pedido de traslado a Punta Blanca.

20. El 5 de septiembre de 2005, el Juez de lo Civil del cantón Santa Elena dictó su Resolución dentro del amparo constitucional planteado en contra del Comandante Provincial de la Policía y reconoció expresamente: "el derecho que tiene el recurrente, para escoger el domicilio, que él decida dentro del País, para cumplir su detención preventiva, bajo estatus de arresto domiciliario, dictado en su contra, por lo tanto, no hace falta la orden de nadie; para así, sin consideración y peor discusión de ninguna índole cumplirlo, mucho menos por parte de la Policía Nacional, que no puede volverse desde ningún punto de vista en deliberante, mucho menos en el caso, permitirse bajo concepto alguno, cuestionar, interpretar o lo que es mas grave desconocer bajo "pretexto " vulnerantes en su texto, la decisión de la Autoridad competente, que como tal, por su claridad no amerita absolutamente ninguna duda, oscuridad y peor discusión." No había duda por tanto de la actuación ilegítima del Comandante Provincial de la Policía. En el proceso intervino un delegado de la Procuraduría General del Estado, entidad que no está facultada para intervenir en este tipo de acciones en razón de que no se demanda al Estado sino directamente a un funcionario público.

21. El 10 de octubre de 2005, luego de solicitar por varias ocasiones al Ministro de Gobierno y Policía, Dr. Oswaldo Molestina, disponer la escolta policial para el traslado a Punta Blanca, ante su silencio oficial, en ejercicio del derecho que había reconocido el Juez de lo Civil del cantón Santa Elena , el Dr. Gustavo Noboa procedió a trasladarse a su domicilio, en horas de la mañana. Los miembros de la Policía Nacional encargados de la vigilancia en el cantón Samborondón, fueron notificados oportunamente con el cambio de domicilio.

22. El día 11 de octubre de 2005, en horas de la mañana, al mando del Coronel Eduardo Sarmiento López, un destacamento policial fuertemente armado, sin orden judicial, allanó el domicilio del Dr. Gustavo Noboa para, luego de agredirlo, en una actuación que evidenció un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado, trasladarlo nuevamente hacia su residencia en Samborondón.

23. Los días subsiguientes, el vocero oficial de la Policía Nacional, trató de justificar el operativo con el argumento de que el Dr. Gustavo Noboa había tratado de escapar y que por tratarse su fuga de un delito flagrante no era necesario obtener una orden judicial para el allanamiento.

24. Es absurdo sostener que el Dr. Gustavo Noboa había tratado de escapar. Su traslado a su domicilio en Punta Blanca había sido solicitado en vía administrativa y judicialmente reconocido de forma previa e incluso notificado a la Policía Nacional inmediatamente después de realizado.

25. La legislación ecuatoriana, de otra parte, no castiga ni siquiera la evasión de un delincuente sentenciado. Por el contrario, sanciona la negligencia de los encargados de su custodia.

26. Si en la legislación ecuatoriana ni siquiera la evasión de quien está legalmente privado de su libertad constituye delito, ¿puede sostenerse con responsabilidad que la Policía Nacional no necesitaba orden judicial de allanamiento en razón de que se había producido un delito?

27. Si el traslado se realizó el día 10 de octubre de 2005, ¿puede sostenerse con responsabilidad que el operativo realizado el día 11 de octubre de 2005 fue por un supuesto delito flagrante? No debe olvidarse que delito flagrante es el que se descubre al momento en que se comete o inmediatamente después.

28. La Constitución de la República señala en el artículo 24 que "Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: (...)6. Nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro de los organismos de la fuerza pública. Nadie podrá ser incomunicado. (...)8. La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa. En todo caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente.(...)17. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley".

29. Luego de la reacción ciudadana ante el atropello de que había sido víctima el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, el Ministro de Gobierno y Policía Dr. Oswaldo Molestina renunció a su cargo. En muchos círculos se ha señalado que la renuncia se originó porque "alguien" desde el Palacio del Gobierno había dirigido el operativo policial, sin su conocimiento y menos consentimiento.

30. Hasta el día en que se escriben estas líneas, 28 de noviembre de 2005, ningún funcionario administrativo del gobierno que dirige el Dr. Alfredo Palacio ha asumido la responsabilidad por este operativo.

31. Las páginas siguientes recogen artículos aparecidos en los medios de comunicación relacionados con este operativo policial, cuyo hilo conductor claramente demuestra la alarmante crisis institucional que soporta el Ecuador.

32. La Constitución de la República señala que la principal misión del Estado consiste en respetar los derechos fundamentales de las personas. Evidentemente, los hechos relatados demuestran el secuestro de las instituciones, la falta de reconocimiento de las garantías constitucionales y la ausencia de una vocación democrática en aquellos llamados a orientar y dirigir los destinos de la Nación. Sin duda, en las actuales circunstancias, la democracia ecuatoriana yace herida de muerte.

 

Joffre Campaña Mora

Catedrático de Derecho Administrativo

Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo

 

 

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