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Nulidad infinita

El Universo

Febrero 14 de 2006

Acaba de darse un nuevo hito en ese esfuerzo colectivo que hacemos los ecuatorianos casi a diario por impedir que prospere un mínimo de institucionalidad en nuestro país. Lo inimaginable se ha hecho realidad. Las providencias dictadas por un magistrado hace varios meses, y que habían quedado firmes y ejecutoriadas, han sido declaradas nulas por el magistrado reemplazante. Así de simple. No es que todas las providencias judiciales dictadas por la anterior Corte Suprema –que se cuentan en cientos– hayan merecido igual suerte. No.

Se trata solo de aquellas que tienen que ver con los juicios que en su momento los dueños del país armaron como fórmula de persecución política. (Aquellos que el pueblo con mucha intuición los llama “juicios políticos”). Se ha hecho, pues, una asombrosa excepción. Todas las resoluciones dictadas por la anterior Corte Suprema son válidas excepto unas pocas.

El mensaje es claro. El próximo magistrado, o el que le suceda a este, cualquiera de ellos, en cualquier momento, podrá en el futuro declarar la nulidad de estas decisiones. (Podrá alegar, por ejemplo, falta de competencia de quien las dictó por el inconstitucional procedimiento con que fue designada la Corte). Y podrá venir otro que anule lo anterior. Y luego otro que diga que es nula la declaratoria de nulidad de la nulidad. Y así hasta el infinito.

¿Qué podrá impedir ahora que un juez de instancia declare “inexistente” una sentencia dictada por otro juez sin importar que esté ejecutoriada? A ninguno de los magistrados de las cortes supremas que han sucedido a cortes designadas durante las innumerables dictaduras que hemos tenido se le ocurrió declarar nulas las resoluciones de sus antecesores. A nadie se le ha pasado por la cabeza decir que son nulas –por falta de competencia– las sentencias dictadas por la Corte Suprema elegida en 1997 por el hecho de que el nombramiento de sus magistrados se hizo en franca violación no solo de la Constitución sino de hasta un plebiscito.

Ya se había hecho una excepción a la tradicional jurisprudencia de nuestra Corte Suprema que exigía la autorización parlamentaria para iniciar juicios penales a altos magistrados del Estado por actos oficiales. Ahora se ha hecho otra excepción. Excepción a la regla que manda respetar las decisiones firmes, por muy cuestionadas que sean, por muy culpable que creamos que sea el acusado. Excepción a la regla que manda que una persona no pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos, por muy desagradable que pueda parecer el resultado. Si esto sucede con casos de mucha connotación pública, y guardamos temeroso silencio (¿acaso porque el fin justifica los medios...?), no nos quejemos, entonces, con lo que sucede en otras instancias del sistema judicial.

Ahora se comprenderá entonces por qué en los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos el Ecuador se disputa el primer puesto como demandado por violaciones al debido proceso. Y que seamos una de las naciones calificadas internacionalmente como de más alto grado de inseguridad jurídica.

 

 

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