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LOS “JUICIOS DE FUERO”

Diario Expreso

Eduardo Carmigniani

El Congreso acaba de aprobar un proyecto de reformas que apunta a modificar el sistema para el juzgamiento penal de los funcionarios que cuentan con fuero de Corte Suprema (Presidente y vicepresidente de la República, diputados, superintendentes, etc.), de manera tal que no sea ya el presidente de la Corte Suprema quien conozca en primera instancia los procesos respectivos, sino una de las Salas de lo Penal de esa Corte.

En realidad la idea no es nueva: en mayo del año anterior -al vetar el proyecto de ley para la reorganización de la Corte Suprema- el presidente Palacio ya propuso que la primera instancia del enjuiciamiento penal de los altos cargos del Estado sea conocida por tres magistrados del máximo Tribunal, sorteados entre todos sus integrantes, a fin de, como dijimos en esa época un grupo de abogados guayaquileños: “despartidizar en gran medida la CSJ, pues los políticos ya no serán juzgados siempre por las mismas pocas personas, ni promoverán acusaciones con tinte político sabiendo de antemano quiénes les darán trámite.

Por ende, desaparecerán las condiciones que inducen a los partidos políticos a codiciar el control sobre las Salas de lo Penal de la CSJ, colocando en ellas a sus allegados”.

Hay que recordar, sin embargo, que el Congreso, en lugar de debatir el asunto en aquel tiempo, tomó el atajo de afirmar que no estaba obligado a considerar ese veto del primer mandatario por dizque no haber sido, lo de los “juicios de fuero”, materia del proyecto de ley original.

Ahora curiosamente ha retomado la cuestión, con una sustancial modificación: el sorteo no se haría entre todos los jueces de la Suprema, sino entre las tres Salas Penales, decisión que la explican los diputados con el argumento de la “especialización”, pero que mantiene intacto el problema del ansia de control de esas salas por los partidos.

Por eso, si el Presidente de la República mantiene su tesis original de que la selección debe hacerse entre todos los magistrados y no solo entre las Salas Penales, debiera vetar el proyecto.

Sea como fuere, hay alrededor una importante cuestión actual: ¿deben los procesos penales que ya están siendo conocidos -algunos a punto de ser resueltos- por el presidente de la Corte Suprema continuar en manos de él?, o, por el contrario, ¿de convertirse en ley el antedicho proyecto quedaría el doctor Jaime Velasco privado de facultades para decidirlos?

La respuesta está en la Constitución, artículo 24, que establece que nadie puede ser juzgado por infracciones penales sino conforme a las leyes preexistentes y que nadie puede ser distraído de su juez competente. Dichas prohibiciones son consecuencia del derecho generalmente reconocido a que una persona no sea apartada de su “juez natural”, pues, como explica el profesor Carlos Colautti, “toda persona tiene derecho a ser oída por el tribunal establecido por la ley para conocer acerca de la litis con anterioridad”.

¿Duda alguien que cambiar al juez en la mitad de un proceso penal es modificar las leyes de procedimiento preexistentes y distraer a los imputados de quien ya está actuando como su juez competente? ¿Tiene nombre y apellido la reforma?

 

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