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Diario El Comercio Julio 01 de 2003

Respuestas de Raúl Vallejo

Por respeto a los lectores y lectoras, respondo a la carta, del 26 julio, del ingeniero León Febres Cordero. En primer lugar, la citación de las fuentes es una práctica responsables, equilibrada y profesional de un editorialista, pues así el público puede sopesar la validez de una argumentación partiendo de la credibilidad de las fuentes utilizadas. Considero que citar las noticias del diario en donde escribo es garantía de veracidad. En segundo lugar, en el caso de la adquisición del edificio de Filanbanco para la función Judicial, es necesario dar a conocer lo que el mismo León Febres Cordero dice en su comparecencia ante la Fiscal, el seis de junio de 2003. En el punto dos, el ingeniero acusa al ex ministro Arosemena de actuar de manera “irresponsable, ilegal y casi deportiva” al autorizar el uso de los valores depositados por el Banco Central para la compra del edificio de marras. Al final de dicho párrafo, Febres Cordero afirma: “Claro está que, de aquella transacción, no se puede responsabilizar, de manera alguna al beneficiario; pues, aquel manejo económico y financiero es imputable exclusivamente al Ministerio de Economía y Finanzas”. El Propio ingeniero Febres Cordero exoneró de toda responsabilidad al magistrado a quien ahora pretende inculpar. En tercer lugar, la aprobación de la adquisición del edificio para la Corte, según el acta de la sesión del Consejo Nacional de la Judicatura, del 19 de noviembre de 2002, fue consecuencia de informe presentado por Enrique Tamariz, presidente de la Comisión Administrativa Financiera, quien junto a los magistrados de la Corte, Hernán Quevedo Quintana, todos ellos con afinidad social cristiana, se reunieron a Guayaquil, el 18 de noviembre de 2002, con el ex ministro Arosemena, tres delegados del instituto de seguridad de las Fuerzas Armadas, Issfa, dirigido entonces por el general de brigada, Octavio Romero, actual jefe del Comando Conjunto, y otras autoridades para analizar “todos los aspectos relativos a la transferencia del edificio de Filanbanco a la Función Judicial”. En síntesis: 1.- No fue el Presidente de la Corte como individuo sino el Consejo Nacional de la Judicatura, previo informe de comisión ad-hoc, el organismo que aprobó la compra del edificio; 2.- ni a dicho Consejo, ni a su Presidente, le competía indagar la procedencia de los recursos que, según su comunicado al país, “necesariamente deben presumirse lícitos por provenir del Presupuesto General del Estado”; 3.- el ingeniero Febres Cordero, declara a la Fiscal, que del origen de los fondos en entredicho, “no se puede responsabilizar, de manera alguna al beneficiario”. Yo, lectoras y lectores, practico la ética de la información y defiendo la dignidad de mi palabra crítica frente al poder omnímodo.


Raúl Vallejo

 

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