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Comercio 5 julio 2003 de 2003

Ultima Réplica

El columnista Raúl Vallejo, con insistencia digna de mejor causa, persevera en un error de defender a raja tabla al Dr. Armando Bermejo Castillo, en el “Correo de lectores” de esta fecha. Por respeto a los lectores del EL COMERCIO, hago cuatro puntualizaciones en el hullado caso de los bonos globales, capítulo Edificio Filanbanco, para la Función Judicial. 1.- El Art. 33 de la ley de Presupuesto del Sector Público, es demasiado claro como para pretender ocultarlo: “Ninguna entidad u organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin que conste la respectiva asignación presupuestaría y exista el saldo disponible suficiente. Los funcionarios que violaren esta disposición serán destituidos del puesto y serán responsables personal y pecuniariamente”, dice el segundo inciso de dicho articulo. El Dr. Bermeo mediante oficio 1537 de noviembre 8 del 2002, dirigido al entonces ministro Arosemena Robles, habla de un “compromiso del señor Presidente de la Republica”, para comprar el edificio Filanbanco. A esa fecha no había asignación presupuestaria, ni existía saldo disponible en el presupuesto para ese fin. ¿Cómo explicar esta ilegalidad 2.- El Art. 61 de la Ley Trole 1 (vigente desde el 13 de marzo de 2000) obliga a que todo aumento presupuestario puede ser hecho para afrontar situaciones legalmente declaradas. ¿Hay o no algún decreto ejecutivo, declarando la emergencia para comprar el edificio Filambanco?. Definitivamente, no existe 3.- El Art. 57 de la ley de presupuesto del sector público fue violado al haberse aprobado la partida extra presupuestaria, para comprar el edificio Filanbanco, ya que no existió informe previo obligatorio del Ministro de Economía, ni aprobación expresa del Presidente de la República. 4.- En Materia constitucional, esta partida extra presupuestaria viola el Art. 258 de la carta Política que prohibe aumentar el monto del presupuesto por sobre los niveles legalmente aprobados, al decir que durante la ejecución presupuestaria el Ejecutivo deberá contar con la aprobación previa Congreso, para incrementar gastos más allá del porcentaje determinado por la ley. Y la propia Constitución en su Art. 272 dice, que si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, prevalecerá la norma jerárquicamente superior.

León Febres Cordero R.

 

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