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Quito, Viernes 23 de Mayo de 2003
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Análisis de HOY
LFC contra GNB

Fiel a la imagen que tiene de sí mismo, el ex presidente de la República, actual legislador por el Partido Social Cristiano, León Febres Cordero (LFC), expuso anteayer con gestos de espectacularidad una gravísima denuncia en el Congreso Nacional.
Aunque LFC no se ha arriesgado a señalar uno o varios delitos contra los intereses públicos, presuntamente cometidos por el ex presidente Gustavo Noboa Bejarano (GNB), el ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo Zavala, y otros, en la renegociación de la deuda externa y en la rehabilitación del Banco del Pacífico, aquel está persuadido de que se perjudicó al Estado en una cifra cercana a los $9 000 millones; según LFC, se trata del mayor atraco contra los fondos públicos, en los últimos 23 años.
El daño patrimonial, según la denuncia, se cometió en un desacertado canje de Bonos Brady por los llamados Global. Esto, supuestamente, benefició de modo extraordinario a los tenedores de papeles de nuestra deuda externa. Además, se supone -el denunciante no lo probó, y no era su obligación, por cierto- que las autoridades del Gobierno pasado se beneficiaron personalmente. Por ello, ha solicitado que el Congreso plantee un juicio penal en contra de GNB. Si acoge el pedido, el Legislativo deberá procesar la denuncia, entregarla -si juzga conveniente- al Ministerio Fiscal, el que tiene, por fuerza, que configurar el o los delitos cometidos, y formular una acusación formal ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Esta arremetida de LFC contra GNB es un episodio, quizás el más grave, del cruce de epítetos injuriosos que se han dado entre los dos personajes, en los últimos años. Es un escándalo político de proporciones que no solo afecta a los involucrados, sino a la imagen, prestigio y credibilidad de Ecuador, de su sistema político y de sus instituciones fundamentales: no hay que olvidar que se trata del ataque furibundo de un ex presidente de la República contra otro.
Estos elementos deben aquilatar los diputados y los partidos políticos que los respaldan, la ministra fiscal, los magistrados de la Corte Suprema; asimismo, los medios de información. Es crucial que la denuncia sea ventilada en irrestricto apego a las leyes y, en todo caso, si se prueba el cometimiento de los delitos, que los responsables sean castigados. Esto, que se acaba de anotar, resulta de una obviedad abrumadora, pero es importante subrayarlo por la politización de la justicia -que es innegable- y por la judicialización de la política -en lo que tiene una vasta experiencia el Partido Social Cristiano-.
Los organismos y personas que, desde ayer, tienen en sus manos la terrible denuncia, van a estar sometidos a una presión política muy fuerte, así como a una proporcional de la opinión pública. A pesar de ello, hay que garantizar el derecho a la defensa y la vigencia de un principio sustancial: la presunción de inocencia, mientras una sentencia no pruebe lo contrario.
Por lo dicho, quizás sea lo más conveniente que el Congreso Nacional invitara de inmediato a GNB para que exponga, ante el Plenario, las circunstancias y razones que condujeron a realizar la negociación, que es el sustento de la escandalosa denuncia de LFC. El país necesita mirar el otro lado de la medalla.

 
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