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Quito, Martes 3 de Junio de 2003
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El Código Penal como arma política

Por Ernesto Albán Gómez

A lo largo de la historia las leyes penales han sido utilizadas con excesiva frecuencia para intimidar o perseguir a los adversarios políticos.
Y no cabe duda alguna de que mezclar la política con el Código Penal es extremadamente nocivo. No solo porque se trata de una materia altamente peligrosa, en la cual los derechos humanos fundamentales están siempre en riesgo, sino también porque se incursiona en un terreno muy sensible ante la opinión pública, que en buena parte ha perdido la confianza en el sistema penal y que, con tales casos, podría perderla todavía más.
Precisamente para evitar que las leyes penales sean utilizadas políticamente, el Derecho ha ido desarrollando una serie de principios que limitan y regulan el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Entre otros, el principio de legalidad de delitos y penas, la sustitución de la culpabilidad objetiva por la subjetiva, la no retroactividad de las leyes penales, excepto las favorables al acusado; la prohibición de que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos, la resolución en los casos de duda a favor del reo, las garantías del debido proceso, la independencia de la Fiscalía, la unidad jurisdiccional (que en el Ecuador no acaba de implantarse, a pesar del mandato constitucional) y muchos más.
Todos ellos buscan fundamentalmente que los procesos penales no se conviertan en mecanismos de abusos, arbitrariedades, persecuciones. Tampoco en instrumentos de revancha, venganzas personales o ajuste de cuentas.
Y en los propios códigos penales han ido desapareciendo los llamados delitos políticos, tan abundantes en la legislación de las dictaduras, pero que salvo alguna excepción muy puntual, resultan inadmisibles en un régimen auténticamente democrático. Por eso en el código ecuatoriano deben desaparecer los vestigios que quedan de viejas reformas legales, que introdujeron por ejemplo los inaceptables delitos de opinión, que son aquellos que, según se dice, pueden afectar nada menos que al honor nacional.
Y no es que los políticos no cometan delitos. Los cometen, por supuesto, y muy graves, y deben merecer la más dura de las condenas. Basta considerar los casos de corrupción administrativa, frente a los cuales incluso la Constitución ha establecido los recaudos extraordinarios de imprescriptibilidad y de juicio en ausencia. Pero esta lamentable realidad no significa que no exista la posibilidad, igualmente lamentable, de la manipulación interesada de las normas penales.
Esto lleva a una conclusión: en aquellos casos en que se pueda sospechar una intencionalidad política o un interés personal inadecuado, la intervención de fiscales y jueces debe ser mucho más cautelosa que en cualquier otro proceso, para no correr el riesgo de que se conviertan en instrumentos de finalidades ajenas a la justicia, que contradicen la razón de ser del sistema penal y los fundamentos de un estado de derecho.

 
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