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Quito, martes 1 de julio de 2003
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ANALISIS DE HOY
El edificio de la discordia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, denunció días atrás haber recibido presiones y amenazas provenientes de un partido y un conocido líder político. La opinión pública identificó como responsables de esa injerencia a León Febres Cordero y a los socialcristianos.
Después, se desencadenó una arremetida de Febres Cordero y el partido contra el alto magistrado por la compra del nuevo edificio para la Corte Suprema de Justicia. El primero ha dicho que Bermeo cometió el mismo delito que Carlos Julio Emanuel: usar partidas extra presupuestarias que debieron tener otro destino.
El líder político había denunciado al ex presidente Gustavo Noboa y su equipo económico por supuestas irregularidades en la negociación de la deuda externa: los $11 586 482,80 que se transfirieron del Ministerio de Economía a la Función Judicial para la compra del mencionado edificio provendrían de bonos globales, que debían servir exclusivamente para la reestructuración de la deuda externa. Por supuesto, en ningún caso le correspondía conocer esto a Bermeo que había solicitado al Ministerio de Finanzas fondos para comprar un inmueble que era necesario para la Corte y la transferencia de los cuales se hizo de una institución a otra del Estado,
Además, la negociación del edificio contó con el conocimiento de los magistrados de la Corte. Insólitamente, un grupo de ellos lo ha negado. Sin embargo, el lunes publicó HOY la foto de la placa, con el nombre del pleno que agradece al presidente Noboa por el edificio adquirido para la Corte. El Ministerio de Economía entregó una partida para mejorar el presupuesto de la Función Judicial a fin de que la entidad adquiriera el edificio, que había pasado de propiedad del Filanbanco a manos del Instituto de Seguridad Social de las FFAA. En la compra, intervino el Consejo de la Judiciatura; esta contó con los informes favorables de la Procuraduría y de la Contraloría General del Estado. El presidente de la Corte no tenía por qué conocer los trámites internos del Ministerio de Economía. Más aún, el propio Febres Cordero, por medio de su abogado Hernán Ulloa, exculpa a quien recibió la partida en documento presentado a la fiscal Mariana Yépez. Al referirse a la autorización del ministro de Economía para utilizar los $11 586 482,80 para la compra del inmueble, dice textualmente: “Claro está que de aquella transacción no se puede responsabilizar, de manera alguna, al beneficiario, pues aquel manejo económico y financiero es imputable exclusivamente al Ministerio de Economía y Finanzas”.
En medio de todo está la disputa por la elección de dos magistrados titulares. Y lo más grave es que los partidos políticos creen que tienen derecho a cuotas en esa elección y en la de conjueces. Para cortar esa injerencia la Constitución prevé el sistema de cooptación. Pero esta requiere ser reglamentada por la propia Corte a fin de que no haya manipulación e injerencias políticas, los candidatos se presenten a los ojos de la opinión pública, puedan eventualmente ser impugnados y se asegure el más alto nivel ético y profesional de los jueces. ¿Por qué el temor a un procedimiento transparente?
Hay que preservar la independencia de la Función Judicial como condición sine qua non para un proceso de depuración. Ejecutivo y Congreso tienen la obligación de respetar esa independencia y los propios magistrados ser dignos de ella.

 
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