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El Universo (13/julio/2003)

Terrorismo político

Por Jaime Damerval

Como si fuera poco afrontar varias pesadillas a la vez: los requisitos rigurosos de la dolarización, los efectos de la guerra de Colombia, la ruina de la industria e imposibilidad de nuestros productos para competir, se ha desatado en el país una etapa de terrorismo intelectual.

Oportunamente demostré que fue ilegítima la designación de un diputado de la Izquierda Democrática como Presidente del Congreso, en circunstancias que la ley obligó a elegir únicamente a un diputado socialcristiano. Hoy se pretende utilizar ese argumento auténtico para destituir a aquel. ¿Qué ocurrió en el Congreso?: inicialmente se dio un acuerdo entre Borja y Febres-Cordero, y todo marchó a pedir de boca o a qué quieres, es decir a medida del deseo de cada uno de ellos; hecho positivo para la paz a pesar de la ilicitud de la indicada elección. Pero también fue momento negativo en que, por descuido runa, los lázaros de la política derrotados en el escenario del Poder Ejecutivo, es decir en la elección de Presidente de la República, retuvieron el control del Poder Legislativo y con él retomaron el control de otras funciones o tribunales: Judicial, Electoral, Constitucional; creo que en ese momento expiraron las posibilidades del cambio que Ecuador requiere para sobrevivir; y el Presidente Lucio Gutiérrez quedó más vendado e inmóvil que un faraón. ¿Qué quebrantó la paz? Un hecho ajeno, propio de otro poder: la Corte, confirmando que el Legislativo y el Judicial son vasos comunicantes.

El esquema político en 2003 repite el diseño de 1984: Rodrigo Borja disputándose el Poder Judicial con León Febres-Cordero. La situación se ha agravado porque, lo que en el intervalo fue un cuadrado, cuyas otras dos piezas fueron Osvaldo Hurtado y Abdalá Bucaram, que lograron intercalar jueces y diputados para beneficio colectivo, actualmente es apenas una línea recta, soga de dos intereses extremos, de los primero nombrados. ¿Qué ocurrió en la Corte? ¡Que tiene que resolver enjuiciamientos penales propios de un infierno aristocrático, relativos a reales y supuestas infracciones de ex gobernantes y banqueros! ¡Que los partidos políticos para financiar sus campañas se deben a los banqueros y entienden que deben nombrar –y hay un puesto vacante– los jueces que sin duda los absuelvan! El país, arruinado, saqueado económica y espiritualmente, está sumido en una ola de odio que no reconoce circunstancias atenuantes menos la inocencia. Se quiere destituir al Presidente de la Corte Suprema para asegurar la absolución o la condena de alguno; y, como no cede, le imputan un delito imposible, y reclaman que se presente al Congreso.

El Presidente del Congreso, del mismo partido que el Presidente de la Corte, se opone a llamarlo, y hace bien porque ya el Congreso no puede juzgar a los jueces: es la razón por la que se pretende destituirlo. Simultáneamente, Febres-Cordero denunció al ex presidente Gustavo Noboa respecto de un contrato, la renegociación de la deuda externa, donde supone un delito, admitiendo no tener pruebas contra él, y empujó a la Ministra Fiscal, afecta al PSC, a pedir, al Presidente de la Corte, de la ID, que ordene su prisión.

Los presidentes de la Corte y del Congreso deben permanecer. La Corte debe llenar la vacante en la Sala Penal con un personaje independiente. El Presidente de la Corte debe desestimar el pedido fiscal.

 
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