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El Comercio Lunes, 14 de Julio del 2003

El país de la regalada gana

Por Miguel Rivadeneira Vallejo

En este querido país las élites han impuesto la pedagogía de hacer lo que les da la regalada gana, sin que nadie pueda observarles. El que intente, hay que descalificarlo. No aceptan ni siquiera que se aplique la Constitución, leyes y normas vigentes, paradoja de este mundo en que están alterados los valores morales y éticos. Es decir, viva el caos jurídico, al menos si afecta los intereses de partido, grupo o particulares.

La Constitución dispone la fijación de los límites de los gastos electorales y los partidos, movimientos, organizaciones y candidatos independientes deben rendir cuentas al TSE sobre el monto, origen y destino de los recursos que usen en las campañas. La Ley de Control y Gasto Electoral dispone sanciones y que el aportante y las organizaciones, alianzas y candidatos sean castigados con el doble del exceso del límite establecido en el art. 10. Dirigentes y diputados del Prian, al que pertenece el presidente del TSE, Nicanor Moscoso, y del PRE no quieren pagar las multas por los excesos que el propio TSE determinó y desafían al mandato legal.

La Constitución y la Ley de Partidos establecen que el partido o movimiento que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas no logre el porcentaje mínimo del cinco por ciento de votos válidos será eliminado del registro y deberá cancelarse su inscripción.

Hay ocho partidos que, según un informe del TSE, no cumplieron con la norma luego de los cálculos realizados: CFP, Libertad, Alfarismo, MPD, Socialista, Liberal, Unión Nacional (Conservador) y Pachakutik. Pero, como en el TSE existen vocales que pertenecen a algunas de estas organizaciones (jueces y parte, que la Constitución art. 123 prohíbe) y hay otros que no están inmersos en este proceso pero sospechosamente se muestran contrarios a la aplicación de la norma legal.

Existe injerencia político partidista y legislativa en la administración de justicia cuando la Constitución proclama la independencia de las funciones. La intención es echar abajo al presidente de la Suprema, Armando Bermeo, porque denunció que recibe presiones en el caso del ex presidente Noboa. Cayó en desgracia y ahora existe hambre para que atienda con extremada rapidez la sindicación y prisión del ex Mandatario. Si hubo irregularidades en la renegociación de la deuda externa y otros actos de su administración (los casos de Aduanas, el cura Flores, la contratación petrolera, Luis Villacís, Emanuel) que la justicia actúe con diligencia, pero dentro del debido proceso y con derecho a la defensa.

Y si el titular del Congreso, Guillermo Landázuri, no le llama a Bermeo -aunque el art. 199 de la Constitución establece que ninguna función del Estado podrá interferir en asuntos de la Función Judicial-, habrá que echarle abajo del cargo al que accedió con los votos del PSC.

Contrasta la falta de acción fiscalizadora -no solo discursos- por la lentitud en las acciones de la Fiscal (más de un año para dictaminar en el caso Filanbanco) y la rapidez en el caso Noboa. Por qué no exigieron rapidez de la Fiscalía y ciertos jueces en los procesos contra los banqueros corruptos que fugaron del país y otros (caso Mahuad). Por qué no han exigido el cobro de las enormes deudas a los grandes morosos de los bancos cerrados y que hoy se defienden de la acción de Wilma Salgado.

 
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