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Quito, Viernes 1 de Agosto de 2003
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¿Qué nos pasa?

Por Marena Briones Velasteguí

De partida, debo aclarar tres cosas: la primera, que los sucesos nacionales de los últimos días han terminado por sumirme en un estado de estupor y que por eso escribo estas líneas; la segunda, que voy a hablar siempre en términos generales, porque no tengo más alternativas; y la tercera, que, aunque voy a aludir a un caso en concreto, mi intención no es entrar a analizar particularidades procesales. Esto último, porque quiero seguir defendiendo la independencia con la que se debe administrar justicia y, además, porque pienso que, en el asunto del cual se lo acusa y hasta que se demuestre lo contrario, Gustavo Noboa Bejarano todavía cuenta con pruebas a favor de la presunción de que tomó la decisión que entonces él creyó más conveniente para el país.

Pues, bien, lo que me ha estremecido hasta los tuétanos es lo que el caso ha sacado a flote respecto de nuestro comportamiento individual y social como parte de una colectividad llamada Ecuador, que carga a cuestas una dolorosa historia de infortunios y vejámenes. No sé si es que hemos llegado al colmo del cinismo, o si es que en el camino perdimos la más elemental de las brújulas para recobrar algo de una básica razón, o si es que hemos padecido tanto que ahora nos puede más el miedo que el reto de desmadejar los entuertos. Veamos por qué: se acusa de "un atraco o perjuicio de $9 000 millones" por las condiciones en las que se renegoció la deuda externa. Como ese tipo de intervenciones se mueve dentro de márgenes amplios de evaluación de los contextos, la acusación solo podría tener asidero final si se llega a probar que fue tomada dolosamente o que los acusados se enriquecieron con ella. Los medios de comunicación aún no recogen nada clave al respecto. Pero, además, tratándose de un tema de esa naturaleza y con los protagonistas que tiene, no hemos sido capaces de poner los límites necesarios para discriminar la información y quedarnos con la que sea inteligible, creíble y confiable. En mi cabeza, por ejemplo, no encaja que se afirme que en este país no hay persecuciones políticas y que, al mismo tiempo, se propugne la necesaria renovación de la Corte Suprema de Justicia sosteniendo precisamente que está contaminada de injerencias políticas.

Casi no hay día en que no reclamemos contra la "politización de la justicia"; no obstante, cuando tenemos la oportunidad de empujar una actuación límpida, metemos la cabeza debajo de la tierra y permitimos sin más que las amenazas contra la marcha judicial se ventilen con bombos y platillos y que se actúe contra normas constitucionales expresas que garantizan el debido proceso. Permitimos que nos engañen descaradamente, que los buenos propósitos nos hagan caer en trampas, que las pasiones personales maltraten al país. ¿Es que no nos damos cuenta de que, aun buscando fines loables, le hacemos el juego a las mismas perversiones que acusamos?

 
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