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Quito, Lunes 4 de Agosto de 2003
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El tema Noboa

Por Xavier Zavala Egas

Para mis lectores no es un misterio que las ejecutorias de Gustavo Noboa no han sido, ni de lejos, de mi personal agrado; las he criticado ácidamente y en varias ocasiones. Pretendiendo ser fiel a los principios que me guían como comentarista de los hechos sociales y políticos de este país, ahora que este personaje público arguye ser un perseguido político, expreso sin afectos ni desafectos mi criterio sobre lo que observo.

De los hechos que se le imputan y que pudieran configurar un delito penal, únicamente destaco que al saldo de los Bonos Globales emitidos con la exclusiva finalidad de usarse en la renegociación de la deuda externa, se le otorgó otro destino entregándolo a entidades bancarias del país así como para el pago de otras obligaciones por servicios escogidos a dedo. No me atrevo a afirmar quién es el responsable frente a la ley de tal hecho por carecer de la información necesaria, pero técnicamente y tal como ha sido planteada la acusación amerita una investigación de nuestra administración de justicia, más allá de los intereses de tipo personal que motivarían la denuncia. De otra parte, la negativa del doctor Armando Bermeo al pedido de la Ministra Fiscal de prisión preventiva fue perfectamente válida, porque siempre queda a criterio objetivo y subjetivo del juzgador su necesidad, como válida también fue su apelación ante una de las salas de lo Penal de la Corte Suprema.

Ahora bien, lo dicho no puede provocar que soslayemos las arbitrariedades que se han cometido en torno a este tema. Por ejemplo, en un estado de derecho no cabe que, suelta de huesos, la gerenta de la AGD afirme que ordenó la prohibición de salida del país de Gustavo Noboa por supuesto testaferrismo, ya que uno de sus hijos aparece como socio de una empresa deudora por $5 millones. Lo antes dicho es una monstruosidad digna de la época de las cavernas, una más de las que nos tiene acostumbrados. No procede esta medida cautelar que limita los derechos constitucionales de un ecuatoriano sino en expresos casos determinados por la ley, ninguno de los cuales se aplica al sujeto aludido y peor por una simple especulación que, además, de ser cierta, solo cabe para los casos bancarios y no de toda empresa privada. Horror también fue afirmar que para salir del país un ex mandatario requiera permiso del Congreso hasta por un año luego del cese de sus funciones, la Constitución exige una notificación cuya omisión no genera consecuencia legal alguna.
Es evidente que el tema del Asilo Político ya estaba acordado con los funcionarios y dignatarios de República Dominicana y es un hecho cierto, también, su concesión como acto soberano de su Gobierno. Sin embargo, sería un caso más de simulación legal en el ámbito de esta diplomacia que no es otra cosa que ‘la política vestida de etiqueta’, porque una persecución que justifique tal medida de protección humanitaria no puede fundamentarse en un proceso judicial a cargo de nuestra ministra Fiscal y presidente de la Corte Suprema. Es una ofensa a nuestro país, como ha sucedido en otros casos similares.

 
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