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(El Universo) 3 de agosto del 2003

Delitos inventados y delitos consumados

Jaime Damerval

Presento dos figuras delictivas que no existen, invento mediante el cual cualquier individuo con cierta fuerza política puede obtener la prisión de un ex gobernante, para satisfacer su odio. Una: “Art. 001.- El Presidente de la República que renovare la deuda externa será reprimido con prisión. Si cometiere esta infracción cambiando unos bonos por otros será reprimido con reclusión. Con esta misma pena se sancionará su omisión de pagar la deuda mediante venta anticipada de petróleo”. La otra: “Art. 002.- El Jefe de Estado que dispusiere que bonos del Estado ociosos, saldos de una negociación consumada, se inviertan para capitalizar un banco del mismo Estado y así evitar la ruina de la población, será reprimido con reclusión mayor”.

En contraste, el Código Penal sí reconoce como delito la siguiente conducta: “Art. 231.- El que con amenazas, injurias, amagos o violencias, ofendiere a un diputado, ministro de Estado, magistrado o juez, gobernador o cualquier otro funcionario público que ejerza jurisdicción u autoridad civil o militar cuando estos se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América”. El Ministro Fiscal es un Magistrado y, en consecuencia, constituye delito amenazarlo para que emita determinado dictamen. Siendo posible enjuiciar políticamente al Ministro Fiscal General, constituye delito amenazarlo con el juicio político, es decir con su destitución, si no acusa a alguien. Con igual fundamento, comete delito quien amenaza al Presidente de la Corte Suprema de Justicia con enjuiciarlo penalmente, con base en otra figura delictiva inventada, si no dicta la orden de prisión que solicite el Ministro Fiscal.

La Constitución prescribe: “Art. 136.- Los diputados que incurran en violaciones al Código de Ética serán sancionados con el voto de la mayoría de los integrantes del Congreso. La sanción podrá ocasionar la pérdida de la calidad de diputado”. El Código de Ética sanciona como infracción el “abuso de facultades o tráfico de influencias”. El Congreso Nacional, mediante el voto de cincuenta y un diputados puede –y debería– cancelar al diputado que cometa esta infracción. Un diputado puede reclamar a un funcionario el eficiente desempeño de su función, pero le está prohibido abusar imponiéndole bajo amenaza un dictamen, más grave en un asunto de personal interés, por afecto o desafecto.

Puede perseguir políticamente a su enemigo no solo el Presidente de la República sino cualquiera de los titulares o miembros de las otras funciones del Estado: jueces y diputados. Por eso la Convención sobre Asilo Diplomático lo reconoce a favor de cualquier individuo perseguido “por personas o multitudes, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su libertad...”. La Corte Suprema está institucionalmente bien conformada, con alguna excepción, pero esto no excluye que, individualmente y respecto de asuntos aislados que interesan a un partido político dominante, pueda ocurrir que dos ministros igualmente amenazados priven injustamente de la libertad o consagren la usurpación de una hacienda.

El enjuiciamiento penal de los actos ejecutados en ejercicio de la Presidencia de la República debe ser autorizado por el Congreso aunque su autor haya cesado como Presidente. El pedido de asilo por temor a ser apresado injustamente no es precisamente un acto de coraje pero tampoco lo es permanecer en injusta prisión domiciliaria los últimos años de la vida para servir de distracción a enemigos políticos.

 
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