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Lunes, 11 de Agosto del 2003 Diario El Comercio

Prisión preventiva

Por Enrique Echeverría G.

En el Ecuador parece haber surgido una verdadera sed para que los jueces emitan órdenes de prisión preventiva, cual si se tratara de invitaciones de fiesta, olvidando la orden de la ley: "Su aplicación será restrictiva". En el ambiente público, casi todo acto que se denuncia tiene, según el denunciante, la categoría de peculado, es decir, el más grave delito contra los bienes o dineros del Estado o de las entidades públicas.

Cuán sencillo es para el Fiscal pedir al Juez que dicte la prisión preventiva. El Juez acepta, indicando que se encuentran reunidos los requisitos del art. 167 del Código de Procedimiento Penal y ordena la prisión preventiva del imputado; y que se oficie a la Policía Judicial para que lo capture y lo entregue a un establecimiento de rehabilitación social, (cárcel).

Si se ejecuta esta orden, el primer resultado desastroso es para la honra y buena fama del individuo, pues ante la colectividad aparece como un delincuente. Sea que lo capturen o fugue, la familia del imputado se destroza emocional y económicamente. Debe realizar la defensa del presunto "reo", lo que significa gastos de mayor o menor significación. Pero, además, el imputado deja de trabajar, pierde su empleo, la familia entra en angustia económica. Muchos administradores de justicia, seguramente nunca han pasado una experiencia semejante; y, tampoco, se han detenido a conocer la triste situación de la familia del imputado, de sus hijos colegiales o universitarios, a quienes sus compañeros los miran a veces con desprecio. Y, como sucede frecuentemente, cuando el imputado justifica que lo que se denunció no es verdad, el Juez sobresee, pero no hay nadie que reclame que ese imputado ha sido inocente. Queda marcado.

El nuevo Código de Procedimiento Penal introdujo la facultad de apelar de la prisión preventiva, con lo cual la ejecución de esa orden se suspende hasta cuando el Juez superior de aquel que dictó prisión preventiva la confirme o la revoque. Antes y ahora, fue y es posible detener la prisión preventiva rindiendo una fianza o caución ante el Juez. Pero esta posibilidad es solo para infracciones menores; pues aquellas que la ley penal sanciona con reclusión, no merecen fianza; y entre ellas, está el peculado.


La costumbre judicial, en gran número de casos, ha invertido el orden de la ley: mientras ésta presume la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia; en gran número de casos con solo la presentación de la denuncia acompañada de algunas "pruebas" que convienen al denunciante, trata al denunciado como culpable; y en lugar de que al denunciado le prueben que ha cometido delito, el denunciado se dedica a probar que es inocente, y que la denuncia contiene falsedad.

En el Ecuador de hoy ya no se presume la inocencia, sino la culpabilidad en muchísimos casos. Este fenómeno, además de comportar situaciones de injusticia, de perjuicio económico y de sufrimiento, provoca desprestigio del Ecuador como país. Las informaciones sobre presuntos delitos económicos de los nuevos actores respecto a funcionarios del Gobierno anterior; y de los del precedente respecto a los inmediatamente anteriores a ellos, forja una imagen, como que el Ecuador fuese un país de delincuentes.
Y por cuanto nunca hay una reparación pública del denunciado o acusado absuelto, la mala imagen del país se torna cada vez más amplia y profunda.

 
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