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Jueves, 14 de Agosto del 2003

Asilo por torpezas

Editorial del diario El Comercio

Es hora de que se independicen los planos en que se desenvuelve la situación del ex presidente Gustavo Noboa, por elemental decoro institucional de la nación. Un hecho, por prelación jurídica, es el trámite de la aceptación del asilo concedido por República Dominicana al amparo de instrumentos internacionales; otro diferente, dentro de la soberanía jurídica del país, es el curso ordinario de las causas contra el ex Mandatario y una situación concomitante son las precauciones a que esté obligada la fuerza pública del Ecuador para garantizar al asilado hasta que abandone el territorio nacional; a la sede diplomática del Estado asilante de acuerdo a la Convención de Viena y a las personas que se encuentran bajo el ámbito jurídico de la legación dominicana.

Lamentablemente, estas condiciones no se están cumpliendo y a los graves problemas que aquejan al Ecuador se suma un conjunto de desaciertos institucionales que solo pueden ser calificados como torpezas. La Cancillería ecuatoriana ha explicado que reconoce el derecho de asilo, pero también considera una oportunidad propicia para explicar a la comunidad internacional que en el Ecuador no hay perseguidos políticos y que el solicitante se encuentra encausado por delitos comunes. Si este peculiar procedimiento o interpretación tuviera asidero en el Derecho Internacional, en la historia de América Latina no se hubiera registrado ni concedido ningún asilo político.

Por su parte, la sala de la Corte Suprema que ordenó el arresto domiciliario, al considerar improcedente el asilo interpretó la Convención de Caracas y la reserva de Estado asilante, emitiendo criterios sobre situaciones que no constan en los autos que le fueron remitidos ni le corresponde al Ecuador juzgar.

Finalmente el cerco policial, las declaraciones coercitivas del Ministro de Gobierno, la presencia de la Policía Judicial en las inmediaciones del domicilio donde reside el asilado y la intimidación a un funcionario diplomático de la República Dominicana solo cierran un deplorable capítulo que debe servir para configurar, con nuevos argumentos la presunta persecución política al ex presidente.

 
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