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Lunes, 18 de Agosto del 2003 Diario El Comercio

Asilo y salvoconducto

Por Enrique Echeverría G.

Cual si no tuviese valor y coste, en nuestro Ecuador perdemos inútilmente tiempo y energía. Entre varias cosas, el asilo del ex-presidente Dr. Gustavo Noboa: ¿para qué tanta palabrería? El Gobierno no lo persigue, dicen. Pero ¿qué significa el acoso de sectores del Congreso amenazándolo con juicio político? ¿Qué entraña el hecho de que la Policía no le permita viajar? ¿Qué, el hecho de que por una supuesta deuda de un hijo arraiguen al padre? ¿Qué, las continuas peticiones de prisión preventiva, en el sector de la justicia? El ex-presidente no es santo de la devoción del autor de esta nota. Mas, las cosas del Derecho y la justicia no responden a simpatías o antipatías, sino a la ley.

Todos, o casi todos, conocen que, sobre asilo, hay tratados internacionales obligatorios: el de La Habana, (1982); de Montevideo, (1933); de Caracas, (1954). Y en el intermedio, la siempre invocada Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que dispone: "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país".

Inicialmente, perdieron tiempo y desperdiciaron energía pretendiendo que autoridades ecuatorianas califiquen la naturaleza de la infracción atribuida al ex-presidente, olvidando que esta potestad corresponde únicamente al país que otorga el asilo. La Cancillería del Ecuador no puede ni analizar, menos discutir la decisión del Gobierno de República Dominicana. Y cuando el peso de los tratados impuso reflexión sobre el concepto de que el ex-presidente puede irse cuando quiera puesto que no hay orden de prisión preventiva (ese medio para evitar que el acusado se defienda debidamente desde la cárcel o el exilio) inician nuevo argumento: que no hace falta la concesión de salvoconducto para que el asilado salga seguro a República Dominicana, olvidando que la Convención de Caracas ordena que habiendo otorgado asilo, el Estado territorial (en este caso Ecuador) está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto, como consecuencia necesaria.

¿Cuál la tesis del Ecuador, en otro tiempo mejor que el actual?

Recordemos que en 1949, el dirigente político peruano Raúl Haya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia, en Lima. La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador hizo escuchar su voz en la discusión: ¿a quién corresponde calificar la infracción por la que se persigue al asilado? La respuesta: al Estado que concede el asilo. La Cancillería del Ecuador, entonces dirigida por el diplomático profesional Dr. Neftalí Ponce Miranda (gobierno del señor Galo Plaza Lasso) dirigió nota oficial al presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con fecha 25 de abril de 1950, expresando - entre otros conceptos: que los instrumentos internacionales vigentes para el Ecuador... "deben interpretarse en el sentido de que corresponde al país que concede el asilo la calificación de la naturaleza del delito". "El Gobierno ecuatoriano funda su criterio en la naturaleza misma del asilo: esta institución...". "Quedaría desvirtuada si se concede al Gobierno local la facultad de calificar el carácter de delito, volviéndose inoperantes los convenios internacionales sobre la materia". También: "Consecuente con tales puntos de vista, estima que el Gobierno local está obligado, a solicitud del Estado asilante, a conceder las garantías necesarias para que el refugiado salga del país respetándose la inviolabilidad de su persona".

 
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