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Diario El Mercurio Septiembre 14 de 2003

Administración de Justicia

Uno de los mayores avances de la democracia radica en la autonomía y seriedad de la administración de justicia. Más que el imperio de la voluntad popular en este sistema pesa el imperio de las leyes elaboradas por personas elegidas ante las cuales todos los ciudadanos son iguales.

Con la consolidación de la democracia fueron eliminadas las desigualdades entre ciudadanos establecidas mediante leyes en virtud de las cuales, grupos minoritarios como la nobleza gozaban de privilegios. La mera existencia de leyes no garantiza el funcionamiento de la sociedad es importante la manera como se aplican y, cuando se dan quebrantamientos o conflictos cómo se resuelven estas situaciones lo que depende de la conformación del poder judicial y de la probidad y calidad de quienes tienen que tomar este tipo de decisiones.

En nuestro país, de un tiempo a esta parte se habla de serios defectos, no solo en los niveles inferiores, sino en los mas altos y se cuestiona las influencias políticas a que están sujetos los magistrados que llegaron a esa posición por influjo de alguna organización de esta índole.

Con casi nada de fundamento se habla de la necesidad de reformar este poder del estado, pero lo real es que puede venir el Espíritu Santo y elaborar las mejores leyes de esta índole, que no habrá garantía del saneamiento de la función judicial ya que lo más importante es la capacidad y calidad de los jueces. En el sistema de nuestro país un magistrado debe conocer a fondo el sistema jurídico mediante estudio, ejercicio y enseñanza, pero además tiene que ser incorruptible lo que depende de su calidad moral.

Si una persona llega a la magistratura sin conocimientos y méritos demostrados, puede ser un "deudor" de quienes influyeron en el nombramiento y los que así actuaron pueden considerarse con "derecho" a influir en las decisiones de esta persona.

Si así ocurren las cosas la esencia del poder judicial cae por su peso pues el nombramiento de magistrados debe estar al margen de cualquier interés personal y partidista. Si un magistrado no tiene hombría y probidad para resistir las presiones de políticos, no merece estar en esas funciones. Si algún político, usa su poder e influencia para torcer la voluntad de un juez tampoco merece el calificativo de político sino de delincuente, pues es un delito y muy grave, pretender influenciar en las decisiones de justicia aprovechando el poder que se tiene.

 
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