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Diario Hoy Septiembre 19 de 2003

Despartidización de la Justicia

Por: Fernando Bustamante

Existe un creciente consenso ciudadano en torno a que nuestro actual sistema de Justicia atraviesa una profunda crisis. Entre los muchos factores que definen dicha crisis se halla la excesiva e indebida influencia que ciertos partidos políticos o dirigentes ejercen sobre las distintas instancias de la judicatura. En realidad, la Justicia, al menos al nivel de la Corte Suprema, no es ni puede ni debe ser 'apolítica': sus decisiones, orientaciones y procedimientos son decisivos a la hora de marcar los rumbos que el país tomará como comunidad cívica. Después de todo, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, y por tanto ejerce funciones inherentemente políticas.

En cambio sí es indebido que sus magistrados e instancias administrativas se hallen supeditados a instancias externas o que las Cortes reciban órdenes de personas ajenas. La influencia de los partidos sobre la Justicia debe ser indirecta: en la medida en que estas colectividades elaboran propuestas y doctrinas sobre el papel del poder judicial y de la ley en la vida de la república. Asimismo, es legítimo que los partidos se hagan eco de demandas, aspiraciones y necesidades ciudadanas frente al Estado de derecho y a sus organismos ejecutores y que promuevan un debate serio sobre estas aspiraciones.

Es inadmisible y hasta grotesco que, en una república bien organizada, los jueces se hallen alineados con los partidos o con determinadas personalidades partidistas. No son aceptables espectáculos como los de un esporádico diputado que reúne a 'sus' magistrados y con extrema indelicadeza procede a instruirlos (aparentemente) sobre la conducta a seguir en la Corte Suprema o a discutir asuntos referentes al funcionamiento de las Cortes de Justicia. Este no es el papel que le cabe a un legislador y erosiona el vital principio de la separación de poderes, sin el cual no es siquiera concebible una democracia constitucional y un Estado de derecho digno de tal nombre.

Ante cualquier propuesta destinada a remediar esta situación, es muy importante, sin embargo, estar en guardia ante la posibilidad de que otros partidos políticos, carentes de influencia comparable a la de colectividades como el Partido Social Cristiano (por ejemplo), aprovechen el clamor por reformas para tratar de meter sus propias manos en la Justicia. En tal caso nos veríamos confrontados a la penosa circunstancia de que las reformas propuestas tan solo consiguieran reemplazar a un equipo de magistrados dependientes por otro igualmente dependiente, solo que de algún otro jefazo político diferente al actualmente enseñoreado.

La propuesta de reformas a la Justicia solo tiene sentido si el sistema de partidos se compromete a renunciar a todo intento de reparto o de feudalización de las Cortes. La Corte Suprema debe ser realmente independiente de los partidos o de los notables políticos. Ni siquiera parece conveniente que los magistrados sean etiquetados con carteles partidistas. Por cierto que todo juez tiene derecho a tener sus opiniones y su ideología política, mas lo que no puede es estar a las órdenes de nadie y menos de miembros individuales de los otros poderes del Estado.

 
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