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Diario El Comercio Enero 8 de 2004

Consenso y seguridad jurídica

El grave atascadero que ha soportado la administración de justicia, por los desacuerdos políticos entre los magistrados del más alto tribunal judicial, ha demandado de una solución pragmática, esperando se proteja la seguridad jurídica que tanto anhela el país.

A pesar de que los ministros jueces de la Corte Suprema son los funcionarios públicos de mayor independencia y autonomía -inmunes a juicio político, con capacidad exclusiva de cooptación y acreedores a nombramientos vitalicios- ha sido notoria la politización.

Como en cualquier parlamento se han identificado bancadas en desmedro de la institucionalidad del Estado y con serias repercusiones en la esfera internacional del derecho. Con estos antecedentes, en busca de una salida para la designación del Presidente del organismo y de los tres magistrados titulares, era necesario un consenso que no implique, por elemental ética, un reparto de cuotas sino la nominación de quienes aporten profesionalismo e independencia política.

Esta situación, por el número de votos con los que se ha elegido al nuevo Presidente del organismo parece haberse logrado, esperándose que tal ánimo de coincidencias institucionales sustituya al conocido reparto de cuotas y compensaciones políticas.

La sociedad civil, a pesar de algunos esfuerzos cívicos, perdió en el proceso de la designación de los tres magistrados titulares los espacios de participación; por tanto, las designaciones pendientes corresponden exclusivamente a la responsabilidad de los actuales magistrados; en consecuencia, la suerte jurídica del país depende históricamente de ellos.

En este contexto, cuando empiece a negociarse el Tratado de Libre Comercio, en el que uno de sus principales capítulos es la jurisdicción de las controversias, será trascendente el mensaje que emane de las decisiones judiciales. Desde otro ángulo, una reincidencia de resoluciones políticas en el máximo organismo judicial, reanudará los intentos de reforma de esa función tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el del Legislativo.

 
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