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Diario Expreso Noviembre 2 de 2005

Inseguridades políticas y jurídicas

Por: : Alejandro Peré Cabanas

Importantes periodistas, analistas catedráticos y juristas han opinado respecto a si debe convocarse a una Asamblea Constitucional o una Constituyente.

La diferencia: la primera es para reformar la Constitución y es la tesis del Legislativo. La Constituyente es para dictar una nueva. Prácticamente para "refundar la República" a fin de que no se "funda".

Los que hemos sostenido que al no haber Corte Suprema, ni Tribunal Constitucional y por lo acaecido respecto a nombramientos y remociones de magistrados de la Corte Suprema, desde un principio opinamos que vivimos un régimen de facto, con la consiguiente inseguridad jurídica.

Felizmente el presidente Palacio (no decimos constitucional) no es un "dictócrata". Por consiguiente, el Ejecutivo tendría plena libertad para convocar a una Asamblea Constituyente, que al dictar una nueva Constitución, puede tomar de la actual lo que crea conveniente.

En un artículo anterior hace unos meses anotamos que la Comisión de Codificación del Congreso inconstitucionalmente había reformado leyes conforme también lo manifestó la vicepresidenta del Congreso.

Ahora son los magistrados del Tribunal de lo Fiscal del país quienes anotan que "el codificador no es legislador y por lo mismo no puede alterar, modificar o suprimir normas jurídicas vigentes...", como lo han hecho "afectando derechos y garantías del ciudadano frente a los poderes públicos y atentando de esta manera la seguridad jurídica...".

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de una confusión jurídica y política que a nuestro nivel no entendemos; máximo el pueblo, que si bien es intuitivo, en algunos aspectos "se encuentra más perdido que el hijo de Limber" como dice aquel adagio.

Daría la impresión que también existe una inseguridad jurídica por ciertas objeciones que se efectúan en relación a la selección de candidatos a magistrados, por la impugnación de algunos de ellos, que si no fuera porque tenemos confianza en el presidente de la Comisión, doctor Estarellas, pensaríamos que se está tratando de favorecer -a toda costa y a como haya lugar- a los candidatos del altiplano lo que perjudicaría a los "monos". ¿Ele... será verdad?

La publicación aparecida el 1 de noviembre suscrita por respetables guayaquileños (que nadie puede tildarlos como enemigos de ningún "mandamás") objetando fundamentadamente la lamentable situación con que se ha procedido contra el ex presidente Gustavo Noboa, es otra demostración de la inseguridad jurídica atentatoria de elementales derechos humanos, que vivimos.

Como dije en mi anterior artículo, todos debemos recapacitar para que en lugar de "refundar la República" no la estemos "fundiendo".

2 de noviembre (Día de Difuntos). ¡No matemos la República!

 
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