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Diario El Mercurio Cuenca, Junio 25 de 2003

Atentados a la justicia

Por: : Lauro López Bustamante

La grosería no puede ser más elocuente: Un partido político y su líder máximo, han tenido la descalifícable osadía de presionar fallos judiciales, nada menos que en la persona de su máxima autoridad, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Sí la noticia hubiera surgido de los corrillos políticos, periodísticos o de fuentes de información, el hecho hubiera tenido un matiz entre la certeza y la incertidumbre, pero cuando lo declara el mismo que recibió dichas presiones a través de los infaltables recaderos, no nos queda ningún vado para la incertidumbre y la certeza se abre como estupor nacional.

Se sabían de presiones similares ante autoridades de menor rango. Potentados de diversa ralea y magnitud han conseguido más de un fallo favorable para sus prepotencias, fechorías y venganzas.

Casi siempre realizadas entre conciliábulos, compadrazgos y afinidades políticas, y valiéndose de pusilánimes y endebles morales, pero hacerlo ante la faz pública y ante la reserva moral que debe ser la máxima autoridad de la justicia, es burlarse de los valores de una sociedad y declarar al cinismo como bandera de lucha.

Los agraviantes y portaestandartes de la grosería han salido a atacarlo en vez de meditar en lo audaz y perverso de la actitud, exigiéndole nombres completos. El Dr. Armando Bermeo sabe las implicaciones que aquello tendría como Juez de causas delicadas, y darles el gusto de que lo desprestigien como autoridad, que es lo que esperan, sería demasiada ganga para un país que necesita más jueces como él y que está ávido de justicia. Pero las pistas entregadas por el magistrado son tan evidentes que cualquier ciudadano identifica al partido, al recadero y al grosero.

La grosería actual es parecida en magnitud a la que protagonizó el entonces Presidente León Febres Cordero, en el año 1985, cuando cercó de tanques de guerra los alrededores de la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados no ingresen,bajo el pretexto de que era un justicia amañada a los intereses de- los sectores de centroizquierda.

Durante casi seis meses impidió que los magistrados sesionen, con lo que ocasionó serios daños a la justicia y por ende a nuestra endeble democracia.

El daño que se pretende irrogar ahora, en magnitud e importancia, es similar al del episodio descrito, y de seguro que la remozada intencionalidad es la venganza hacia los enemigos, la impunidad para los allegados y el desprestigio de personas honestas.

Pero los males no vienen solos. Peor cuando un hecho es apenas la secuencia previa de otros similares o peores o responden a la intencionalidad de un plan preestablecido.

El robo de los documentos de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia -en donde se ventilan causas sobre Filanbanco, caso Enmanuel, Mochila Escolar y otros catalogados como delicados-, revelan que las groserías del poder interno en contra de las instituciones democráticas han rebasado el límite de lo tolerable, y exigen de la sociedad una respuesta contundente e imperativa de rechazo.

 
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