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El Presidente de la Corte Suprema es amenazado

Quito.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, denunció, ayer, que existen presiones políticas para que cambie su pronunciamiento en varios casos penales a su cargo. Estas intromisiones, según el Presidente de la Corte, comenzaron desde que modificó el dictamen fiscal en el caso Filanbanco.

En marzo de este año, Bermeo descartó el criterio de la ministra fiscal, Mariana Yépez, y acusó de peculado bancario a los ex accionistas, Roberto y William Isaías. Un delito más severo que el calificado por Yépez.

Pero la presión directa se presentó hace pocos días. "He recibido insinuaciones, mensajes y presiones; e inclusive (el martes) con un emisario, amenazas que provendrían de uno de los principales dirigentes políticos".

"El objeto era que mi criterio jurídico se incline hacia una decisión favorable a las denuncias que este dirigente político ha presentado, aceptando exclusivamente sus deseos y no lo que reflejen los méritos y evidencias aportadas al proceso".

Una fuente de la Corte señaló que la amenaza a Bermeo fue "que si hasta las 11:00 de ayer no emitía las boletas de captura (no se precisó el juicio) se atenga a las consecuencias".

En la Corte trascendió que las presiones provienen del Partido Social Cristiano y, específicamente, del ex presidente León Febres-Cordero.

Los motivos: el caso de la venta del edificio de Filanbanco, la denuncia contra un juez de la CSJ por enriquecimiento ilícito, el nombramiento de dos conjueces y el juicio planteado contra el ex presidente Gustavo Noboa.

El titular de la CJS subrayó que "la Corte ha sido sometida a enormes presiones de sectores políticos para controlar las salas penales".

La Suprema tiene dos salas penales, cada una con tres magistrados. La Segunda revisa las apelaciones presentadas por los hermanos Isaías.

Allí, en el 2001, se produjo una vacante pero el puesto aún no es cubierto. El juez debe ser nombrado por el Pleno de la CJS con 21 de 31 votos.

A inicios de mayo, el jefe de bloque del PSC, Pascual de Cioppo, al referirse a los conjueces recordó que la Ley determina que cada enero se debe nombrar a esos funcionarios y que eso no se ha hecho desde el 2001.

Hace tres semanas, el ex presidente Febres-Cordero denunció las supuestas irregularidades de Gustavo Noboa, en la renegociación de la deuda externa. El proceso penal se encuentra en la Presidencia de la Corte Suprema.

Ayer, Luis Fernando Torres, diputado del PSC, anunció que convocará a Bermeo al Congreso para que explique la compra del nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Febres-Cordero denunció que la compra se efectuó con una partida extrapresupuestaria. Ayer, Pascual del Cioppo sostuvo que Bermeo debe decir con nombres y apellidos quiénes lo presionaron.

El abogado del ex Mandatario, Hernán Ulloa, aseguró que ni Febres-Cordero ni él han presionado para que actúe la Justicia. "Lo que se ha dado hasta ahora es el resultado de los méritos procesales".

 
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