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Carta dirigida al embajador Norman Ferreira

"Desde mayo de este año, en que el actual diputado y jefe de bloque legislativo del Partido Social Cristiano presentó en mi contra ante el Congreso y ante la Fiscalía una denuncia en que me acusa de haber cometido un crimen de Lesa Patria, se ha iniciado en mi contra un proceso de persecución política con el fin de vejarme, privarme de mi libertad y descalificarme moral y jurídicamente para impedir mi participación en la vida política del país.
Se ha pretendido encontrar delito en legítimas actuaciones constitucionales y legales de mi parte en el ejercicio de la primera magistratura del país y de cara a urgentes situaciones que apremiaban a la economía del país. (...) El afán de destruirme es tan grande que la persecución desatada en mi contra por diputados del PSC y su máximo líder (...) ha llegado al extremo de intimidar públicamente a la señora ministra Fiscal e intentar lo mismo con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia para que procedan penalmente en mi contra, amenazándolos con enjuiciarlos política y penalmente si no actúan de conformidad con sus intereses (...).
Diputados del Partido Social Cristiano y su jefe han llegado al grado de preparar informes fuera del seno de la Comisión de Fiscalización del Congreso, notarizándolos previamente y pretendiendo aprobarlos en sesiones sin debate, a través de la intimidación por el odio y la venganza, amenazando también al presidente del Congreso con destituirlo si no sigue sus instrucciones (...). Violando la Constitución, desconociendo las garantías del debido proceso, sin examen previo de la Contraloría General del Estado, entidad en la que incluso han desaparecido un informe preliminar y sin que medie decisión previa de la Comisión Anticorrupción, se ha iniciado una instrucción fiscal en mi contra en la que por presiones políticas a la fiscal se ha solicitado mi inmediata prisión. Además, violando el Código de Procedimiento Penal, artículo 380 y desconociendo que en razón de mi fuero de ex presidente de la República no cabe la apelación de la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia que niega mi prisión, la señora ministra Fiscal General del Estado ha apelado de tal negativa y el presidente de la Corte Suprema le ha concedido, razón por la cual el pedido de prisión será tramitado por una de las dos Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. (...)
Lo narrado, señor embajador, me obliga a solicitarle asilo político diplomático, de conformidad con lo que señala el artículo 22 numeral 7 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en concordancias con lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático suscrita por los países de la Organización de Estados Americanos, especialmente los artículos 1 y 4.
Ruego a usted, su excelencia, acogerme como asilado político y evitar, con la urgencia del caso, que mi libertad personal y mi integridad física puedan ser vulneradas por decisiones adoptadas por la persecución política que soy objeto (...)"

Gustavo Noboa Bejarano

 
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