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Persecución, ¿un poder aparte?

( El Universo) (4/Agosto/2003)

En el país no está tipificado el delito político ni la calidad de perseguido, pero, según expertos, el acoso puede venir de todas las funciones del Estado.

El ex presidente Gustavo Noboa, a quien se le siguen procesos judiciales por supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda externa durante su gobierno, solicitó el asilo diplomático por considerarse un perseguido político, requisito fundamental para pedirlo.

No es el gobierno central el que lo acosa, tampoco hay orden de prisión en su contra, que son algunas de las condiciones para solicitar el asilo, según los convenios internacionales sobre la materia.

Según el ex canciller Alfonso Barrera Valverde, Noboa entonces no tiene la calidad de perseguido político.

“Pero no se puede negar que por el lado de la justicia hay persecución y es estrictamente política”, indica el analista Simón Pachano.

El enjuiciamiento penal de los actos ejecutados en ejercicio de la Presidencia de la República debe ser autorizado por el Congreso, aunque su autor haya cesado como Presidente, según la Constitución.

Después de que el diputado socialcristiano León Febres-Cordero, entregó la denuncia a la Fiscal, Mariana Yépez, la funcionaria solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Bermeo, que pida al Parlamento la autorización para el inicio de la investigación contra Noboa.

Paralelamente la Comisión de Control Político y Fiscalización del Congreso ha procesado los informes de la denuncia, “pero el pleno del Congreso nunca ha tratado el caso Noboa”, asegura el diputado roldosista Marco Proaño.

No obstante, el 4 y el 21 de julio, Yépez solicitó a Bermeo emitir la medida cautelar en contra de Noboa. El 8 de julio, Yépez acusó a Noboa de actos punibles en la renegociación de la deuda.

“Cómo puede haber un debido proceso, cuando el propio Congreso no ha autorizado el enjuiciamiento”, dijo en recientes declaraciones a Radio City el ex vicepresidente Alberto Dahik, quien comparó su caso con el de Noboa.

“Sin la autorización del Congreso, entonces cualquier enemigo político le plantea a cualquier mandatario un juicio, la Corte lo enjuicia y ya está destituido”, añadió Dahik.

Galería de funcionarios

Aunque desde la campaña electoral el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, insistió en una reforma política para despolitizar los organismos de control y las cortes de justicia porque no garantizaban los procesos, Gutiérrez insiste ahora en que no procede la solicitud de Noboa, porque en el país no hay perseguidos políticos.

Además, consideró que ocasiona al país un grave perjuicio internacional.

Puede perseguir políticamente a su enemigo no solo el presidente de la República sino cualquiera de los titulares o miembros de las otras funciones del Estado: jueces y diputados, escribió ayer el columnista Jaime Damerval en el artículo ‘Delitos inventados y consumados', publicado en EL UNIVERSO.

Por eso, añade, la Convención sobre Asilo Diplomático lo reconoce a favor de cualquier individuo perseguido “por personas o multitudes, o por las autoridades mismas...”.

No necesariamente el perseguido político lo es de la Función Ejecutiva, dice el ex vicepresidente León Roldós, quien pone como ejemplo el caso de Dahik, “cuyo presidente entonces, Sixto Durán-Ballén, fue uno de los que denunció la persecución política contra Dahik”.

Hay varios espacios de poder político y el que menos poder tiene es el Congreso, que puede llegar a destituir y pedir enjuiciamientos, pero hasta ahí llega, añade Roldós. “En cambio, las funciones Ejecutiva y Judicial tienen mayor capacidad compulsiva en la medida que detrás de esas capacidades haya situaciones políticas”, dice.

En el Ecuador, expresa Roldós, habría que preguntar cómo es que se pone a los funcionarios en la galería de enjuiciados y exiliados.

Refiere que entre el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa hubo ocho ministros de Economía, de los cuales cuatro están enjuiciados (Ana Lucía Armijos, Jorge Gallardo, Carlos Julio Emanuel y Francisco Arosemena) y a dos se les revocó la orden (Luis Iturralde y Alfredo Arízaga).

Hay además otros ex funcionarios como César Verduga, Jorge Egas, Juan Falconi, Luis Villacís, también enjuiciados, añade Roldós, quien cuestiona: ¿Será que las opciones de poder público llegan solo a manos de corruptos o es que es tan fuerte el poder político de quien está atrás de la persecución de ellos?

 
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