Regresar

El juez Brito es acusado de cobrar por una visa

Diario El Comercio, Enero 7 de 2004

 

La casa numero 386 de la calle Manuel Guzmán y Gaspar de Villarroel, en el barrio El Batán Alto de Quito, no pertenece -ni ha sido arrendada- a Ana Litardo Amaga, ni a su marido, Carlos Cruz Cruz. Once de los 12 años de matrimonio la pareja ha vivido en una sencilla villa, en uno de los callejones del populoso Guasmo Sur de Guayaquil. Desde 1976, la residencia ubicada en El Batán pertenece al magistrado de la Corte Suprema, Eduardo Brito. Sin embargo, según un contrato avalado por el Banco Mundial (BM), ese es el domicilio permanente de Ana Litardo, por quien intercedió este organismo para que la Embajada de los EE.UU, en Quito, le conceda una visa tipo G-5.

El 23 de mayo del 2003, Juan Alvia, de Recursos Humanos del BM, envió una carta a la Embajada. En la misiva se recomienda la concesión de una visa a Litardo, como empleada doméstica de Eduardo Brito Moran (hijo el magistrado Eduardo Brito), quien integra ese organismo en Washington.

Litardo nunca conoció esos trámites diplomáticos. Solo creyó en la oferta que aparentemente le hizo el padre de quien iba a ser su patrón, el juez Eduardo Brito. "¡Cómo iba a desconfiar del señor... él es un juez importante!", reprocha hoy la mujer, de 45 años, que nació en Yaguachi.

A mediados del 2002 ella estaba muy deprimida. Su sueldo de enfermera en un consultorio médico, en Guayaquil, no superaba los 200 dólares. A toda costa quería ir a EE.UU. para mejorar su situación.

Le contó su angustia a Beatriz Moran, esposa de su compadre, Carlos Cedeño, y tía de Eduardo Brito Moran. Ella sabia que su sobrino necesitaba una doméstica para que atienda a su familia en Maryland y reconoció haberla recomendado con sus parientes.

Carlos, esposo de Ana, afirma que Beatriz Moran le dijo que ella "tenía la persona indicada para llevarla a EE.UU.". Se refería, según Cruz, al ministro Brito Mieles.

Según denunció Litardo, en junio del 2003 ella habló telefónicamente con el magistrado. "Me preguntó si tenía algo de dinero. Que no podían llevarme así no más (...) Me pidió 10 000 dólares para el pasaje y el pasaporte".

La mujer no tenia ese dinero, pero estaba desesperada y decidió hablar con su marido, Carlos Cruz,un robusto ex vigilante de la Comisión de Tránsito del Guayas, que conduce un taxi para sostener a su familia. "Puse los 10 000 dólares que reuní de mi trabajo. Con esa plata iba a hacer la losa de mi casa, pero mi mujer me dijo que le preste, que aprovechemos la oportunidad", insiste Cruz.

A la pareja no le sorprendió que les pidan dinero. "Los coyoteros cobran miles por llevar a la gente cruzando peligros. ¿Cómo no íbamos a pagar por algo más seguro?", reconoce.

Los primeros días de junio del 2003, Litardo viajó a Quito, donde conoció al juez Brito, quien la llevó hasta su casa, en El Batán Alto.

En la vivienda del Juez, Litardo desayunó y aparentemente cerró el trato. "Iba a cuidar a dos niñas, por lo que me pagarían 900 dólares. Ese día le entregué 10 000 dólares en efectivo y firmé un contrato en inglés que no entendía".

Al ser consultado por este Diario, Brito negó enfáticamente haber recibido esa suma. Pero aceptó conocer a Litardo, a quien llevó a su domicilio, por recomendación de su cuñada, Betty Moran. "Me la presentaron porque ella fue la persona escogida, recomendada por Villacís".

Al recordar ese encuentro las manos de la humilde mujer tiemblan; aunque no puede dejar de llorar, su marido le insiste en que revele el caso. "Mamita, no podemos permitir más engaños...", le sugiere.

La visa G-5 fue concedida en agosto del 2003. Y el 8 de septiembre, Ana viajó a Washington. Hasta entonces no había visto los documentos que le permitían entrar a EE.UU.

"En el aeropuerto el juez Brito me dio el pasaje, el pasaporte con la visa y el contrato para que lo muestre a Migración, por si había un problema".

Eso fue corroborado por Brito Mieles, quien agregó que la embarcó personalmente en el vuelo de American Airlines.

Ocupó el asiento 24-A del vuelo 1006 rumbo a Washington, adonde llegó sin inconvenientes. Pero los problemas empezaron a surgir en la casa de Brito Moran y su esposa, Ana Accioly de Amorim.

Ellos, según la denunciante, nunca cumplieron el contrato, estipulado en el documento del Banco Mundial, por un salario mensual de 980 dólares, más 100 dólares de alimentación. "Debía limpiar la casa, lavar la ropa y cuidar las niñas. Todo por 450 dólares al mes, de lunes a viernes. Además, me quitaron el pasaporte y la cédula de identidad".

Luego de tres meses, Litardo regresó a Guayaquil. Desde el 15 de diciembre pasado su familia vive en zozobra. Con su esposo pusieron una denuncia en la Corte Suprema, pero temen represalias "por las influencias y el poder de Brito Mieles".

Según el Magistrado, "la indigente rompió el contrato y le causó un grave daño a su familia por lo cual el Banco Mundial le retiró la visa".

Una visa vigente

La visa fue emitida en Quito el 11 de agosto del 2003 y está vigente hasta agosto del 2005. Allí se advierte que es la empleada doméstica de Eduardo Brito, del Banco Mundial.

Ana tenía un pasaporte que sacó en Guayaquil. Ese no fue usado. Dice que Brito Mieles le dio uno nuevo que fue emitido el 7 de julio de 2003 en Quito.

Debía trabajar 35 horas y recibir siete dólares por cada una, de lunes a viernes. La empleada dice que los domingos descansaba, que no se cumplió el pago y que no la sacaron de la casa.

La Presidencia indaga el caso

El pasado 19 de diciembre la denuncia de Ana Litardo en contra del magistrado de la Primera Sala de lo Penal, Eduardo Brito, llegó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Tres días después su titular, Armando Bermeo, emitió una providencia.

En esa resolución señala que la carta sea conocida por el Pleno de la Corte Suprema, como lo señala la resolución del 21 de septiembre del 2003. En esa fecha los magistrados aprobaron el autojuzgamiento de sus miembros.

Armando Bermeo remitió la denuncia a la Secretaria General de la Suprema para que sea repartida a los ministros jueces en la sesión.

Brito también es investigado por la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades en su declaración de bienes.

Al momento, el proceso se encuentra en la etapa de indagación. La fiscal Mariana Yépez tiene un año de plazo para emitir una acusación o desechar la investigación. En contra del Ministro de la I Sala Penal también se abrió un expediente en Contraloría.

 
Subir
 
© Copyright 2006 - 2010 Gustavo Noboa Bejarano. Prohibida su copia total o parcial | Lea las Condiciones de uso BACKUPTI.com