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Premio a la excelencia periodística 2003

Diario El Comercio Mayo 16 de 2004

 

"Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción en América Latina".

Otorgado por: Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe (Tilac) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), patrocinado por el Open Society Institute (OSI).

Postulantes:

104 investigaciones periodísticas de televisión, radio y prensa escrita, realizadas entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2003.

Países participantes:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador. El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay. Perú. Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Jurado:

Tina Rosenberg, de The New York Times de EE.UU. y ganadora del Premio Pulitzer en 1996. • Gerardo Reyes, de El Nuevo Herald de Miami, co-ganador del Premio Pulitzer en el 2001. • Michael Reid, editor de la sección de las Américas de The Economist. • Gustavo Gorriti, de IPYS y del Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación. (ICIJ) • Marcelo Beraba, del diario Folha de S. Paulo y presidente de la Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación.

Trabajo ganador:

La corrupción de jueces de la Corte Suprema de Ecuador, investigación realizada por la Sección Judicial de diario EL COMERCIO de Quito.

Autores:

Arturo Torres (editor), Dimitri Barreto, Jean Cano y Christian Torres. Opinión del jurado: "El trabajo premiado logró, mediante la información recabada de fuentes múltiples, y a partir de la iniciativa y esfuerzo propios, revelar primero el enriquecimiento ilícito de un juez supremo y descubrir luego a otros jueces corruptos, desnudando en el proceso la injerencia política en el Poder Judicial. El jurado cree que este trabajo es un ejemplo de investigación persistente y exitosa de la corrupción en el poder judicial, uno de los principales problemas que aflige a los ciudadanos de América Latina".

Monto del premio: 25 000 dólares Premiación: 13 de abril del 2004 en Buenos Aires, Argentina

El significado del premio y los nuevos retos

El premio de IPYS y Transparencia Internacional tiene un enorme significado para EL COMERCIO, que desde al año pasado ha sido el blanco de ataques permanentes del Gobierno y otros sectores, afectados por diversas investigaciones de casos de corrupción que lleva adelante la sección Judicial. Avala y consolida la tarea de un equipo joven, empeñado en redoblar sus esfuerzos de fiscalización periodística. Los nuevos retos para la sección están relacionados con un esfuerzo mayor en la especialización de los periodistas en el campo investigativo y un trabajo mucho más sistemático en diferentes campos.

Antecedentes, metodología y alcances de la investigación

Desde inicios del 2003, la sección a mi cargo se planteó como una necesidad impostergable incluir en su agenda de temas a los sujetos de corrupción del Poder Judicial. La idea central era personalizar la corrupción investigando a los jueces y funcionarios judiciales, a partir de las denuncias de los usuarios, que no tienen canales adecuados para denunciar los ilícitos en los tribunales. Precisamente, a mediados de mayo recibimos una denuncia de un funcionario judicial sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del magistrado Olmedo Bermeo. El funcionario nos entregó una hoja del registro de la propiedad que incluía seis bienes del juez, su esposa y sus dos hijos menores. Ese fue el comienzo de una investigación de dos meses que se plasmó en dos informes publicados el 11 y 12 de julio donde se puso al descubierto que el juez había ocultado cuentas, bienes y tarjetas con manejos económicos cuantiosos, que para nada se reflejaban en su declaración de bienes.La semana siguiente la fiscal, basándose en esa investigación inició el juicio contra Bermeo y pidió su prisión. El juez fue capturado en diciembre pasado. Aunque fue acusado por la Fiscalía, que confirmó los supuestos ilícitos, y lo acusó formalmente de enriquecimiento ilícito, se le concedió una fianza de 500 000 dólares que canceló para salir en libertad hasta que termine el juicio. Cabe destacar que es la primera ves que un magistrado de la Corte Suprema era encausado por un delito en la historia judicial del país.

Luego, con la misma metodología investigamos a otro juez de tránsito que no incluyó en su declaración varios inmuebles y donaciones, a los pocos días el juez fue destituido.

Estos dos casos para nosotros evidenciaron la necesidad del control a los magistrados de la Corte Suprema, que en este país son los únicos mortales que no rinden cuentas por sus actos a nadie. Las siguientes semanas movimos en ese andarivel profundizando los temas sobre las falencias en el control de los magistrados y en su evaluación. En ese lapso, salió a la luz el caso del vocal de la judicatura Ricardo Vaca, quien era investigado por un supuesto tráfico de influencias, con el expediente en mano entrevistamos a Vaca quien se destapó duramente contra los magistrados que lo investigaban y los calificó de incompetentes. En tres semanas, Vaca estaba fuera del cargo, no por el supuesto tráfico de influencias sino por sus insolentes declaraciones contra los jueces. Al verse con un pie afuera, Vaca hizo públicas varias denuncias contra dos magistrados que supuestamente exigieron coimas para el trámite de un juicio.

Mientras, en la sección habíamos conseguido las declaraciones de bienes de todos los magistrados que publicamos el 1 y 2 de agosto. Entres esos documentos nos llamó la atención, las tres declaraciones de bienes que hizo el magistrado Eduardo Brito, a quien empezamos a investigar, luego de un mes publicamos un informe con las supuestas contradicciones entre sus declaraciones y las sospechas de un presunto perjurio. Con Brito sumaban cuatro los magistrados denunciados por irregularidades e investigados por la fiscalía, lo que produjo un remezón a todo nivel en la Corte Suprema, que empezó a debatir la necesidad de un reglamento de control interno y la designación de sus miembros con candidatos de la sociedad civil.

Tres días después de haber publicado la investigación sobre Brito, un contacto de la CSS llamó por teléfono, eran cerca de las cuatro de la tarde, un poco nerviosa me contó que a las cinco de la tarde el ex presidente y líder del partido social Cristiano, León Febres Cordero, se iba a reunir con el magistrado Galo Pico en su departamento, en Quito, un reportero y un fotógrafo del diario salieron para el lugar y luego de varios minutos de búsqueda llegaron al departamento el momento en que Febres Cordero lo abandonaron con su séquito, de amigos cercanos y guardaespaldas. Luego salió el magistrado Eduardo Brito.

Al siguiente día, la publicación fue elocuente y marcó el inicio de una nueva etapa en el poder judicial, pues por primera vez se mostraba la relación directa entre el líder del partido más poderoso del país y, según él admitió luego, 10 magistrados de la Corte Suprema, que en el pleno siempre votaban por las tesis de esa agrupación, aunque nunca lo admitían directamente.

La reacción de la opinión publica criticando la politización de la justicia fue recogida la mayoría de medios de comunicación. Eso, y todas las denuncias de corrupción de los jueces, a la larga fue el detonante que obligó a la Corte Suprema de Justicia a aprobar reformas sustanciales que van desde el autocontrol, hasta la designación de los nuevos magistrados con candidatos de la sociedad civil y la evaluación de su desempeño, que también fue aprobada.

 
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